El 1 de julio, la democracia nos dio la oportunidad de cambiar el rumbo del país y cinco meses después, Andrés Manuel López Obrador rindió propuesta como Presidente de la República. El cambio de régimen que implica la Cuarta Transformación conlleva cambiar en la forma y el fondo los procesos electorales y el propio sistema de partidos. Se abre la posibilidad de tener elecciones más baratas, partidos que expresen efectivamente la pluralidad social y campañas más cercanas a la gente. En esta nueva etapa de la República, los fraudes electorales ya no tendrán cabida. Los delitos electorales serán graves y se acabará con la impunidad en esta materia.

Estoy convencido que el fraude electoral en Puebla será el último intento para violar la voluntad popular en nuestro país. Lo que ocurrió en la elección para gobernador fue una anomalía comparado con el desarrollo de las otras elecciones en el Estado y en el resto del país. El morenovallismo manchó una jornada electoral ejemplar. Nosotros ganamos la elección limpiamente, soportamos todos los días la guerra sucia, las agresiones y la violencia, nos cometieron fraude en las casillas, en laboratorios electorales y en los propios centros de cómputo. Nos quisieron aislar, no pudieron. Como no existe crimen perfecto, la elección se anulará.

Por más intentos, por más chantajes y presiones que Rafael Moreno Valle y sus aliados intenten, en unos días la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitirá su resolución definitiva, que será en torno al proyecto elaborado por el magistrado José Luis Vargas Valdez, que anula la elección para gobernador, pide revocar la constancia de mayoría a Martha Erika Alonso, solicita al Instituto Nacional Electoral (INE) organizar la elección extraordinaria para gobernador, da vista a la FEPADE del Estado e instruye al IEE de Puebla iniciar proceso sancionador en lo que corresponda.

Lo que hemos visto en los días recientes son acciones desesperadas. Por todos los medios intentan descalificar el proyecto del magistrado José Luis Vargas y presionar al Tribunal Electoral. Se trata de un chantaje, del chantaje azul. El proyecto del magistrado Vargas es el resultado de la sistematización y análisis minucioso de un inmenso expediente, como inmenso fue el fraude en Puebla. El magistrado Vargas no cometió ninguna falta al distribuir su proyecto de resolución entre los otros integrantes del Tribunal o al subirlo a su cuenta de Twitter.

La distribución de proyectos de resolución entre los integrantes del Tribunal Electoral y después su difusión en redes sociales es común. Así ocurrió con la elección de Colima y en días recientes con la elección de Monterrey. Es un ejercicio de transparencia. El fraude electoral, como el que se intenta cometer en Puebla, no tienen cabida en la Cuarta Transformación. El país ya cambió, pero el morenovallismo no se ha dado cuenta. El TEPJF debe actuar con estricto apego a la ley y estoy convencido que no se dejará chantajear o presionar por la mafia del poder en Puebla.

@MBarbosaMx