El pasado miércoles, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto a través del cual se indica la incorporación al régimen obligatorio de las personas que se dedican al trabajo doméstico. Esta modificación consistió en declarar inconstitucional el artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social, el cual prevé que de manera voluntaria, podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio los trabajadores domésticos. Dicha falta de obligatoriedad, contribuía a la exclusión y discriminación de este grupo de trabajadores, que, según los últimos censos, son mujeres.

Derivado de lo anterior, instancias como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y particularmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, deberán adecuar políticas y procedimientos para acatar este fallo, generando un esquema que se ajuste a las características de dicha labor pero que contemple sus riesgos de trabajo, enfermedad, maternidad, invalidez, vida, retiro, cesantía y vejez. Una diferencia al esquema que se propone ahora es que se contemplen particularidades como la falta de contrato, el que exista la relación laboral con más de un patrón o el salario base de cotización a contemplar, así como el hecho de que se pueda excusar a los patrones de estar inscritos ante el SAT (si no tienen otra actividad empresarial).

Por lo mismo, el Director del IMSS, Germán Martínez Cázares, ha dado instrucciones para la generación de un programa piloto de incorporación en los primeros seis meses del 2019. Éste deberá tener como resultado una propuesta para el Congreso de la Unión en 18 meses sobre las adecuaciones legales necesarias para la incorporación formal del nuevo sistema especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar. Finalmente, la meta es que la situación de estas trabajadoras se regularice en su totalidad en un periodo no mayor a 3 años.

Sin duda alguna esta decisión es un avance y como tal deberá venir acompañado del rompimiento de muchos paradigmas así como de muchas otras acciones y seguimiento. Ejemplo de esto, es la regularización de los contratos de este y muchos otros tipos de trabajo. El fortalecimiento de una cultura de transparencia, rendición de cuentas y legalidad, deben ser la base de esta transformación. No sólo debe existir la obligación de inscribir a los trabajadores, sino la convicción de hacerlo, de que es lo correcto.

Otra área de oportunidad consiste en la información a los patrones y derechohabientes. Información clara y procedimientos prácticos para darse de alta como patrón y dar de alta a las trabajadoras domésticas. Hay que recordar que muchos no tienen la experiencia y conocimiento necesario. Información suficiente a las trabajadoras para que puedan entender el régimen en que se encuentran, sus beneficios, coberturas y los trámites necesarios para aprovecharlos. En ocasiones el sistema es tan confuso que las personas optan por ir con médicos sin registro o clínicas dudosas, simplemente porque se ven envueltos en una emergencia y nadie les explicó cómo podían agendar una cita, cuál es su clínica o cómo se podían dar de alta.

Finalmente, aunque no limitativamente, se debe asegurar el correcto abastecimiento, infraestructura y capacitación de clínicas y personal del Seguro Social, para que esta norma no sea letra muerta. De nada sirve tener el derecho si no se tiene acceso a la clínica, si en la clínica no hay medicamentos o personal, o si la asistente del médico se encuentra de mal humor y no tiene la menor intención de ayudar al paciente. Los que tienen suerte de estar asegurados han pasado por esta experiencia y ha sido un verdadero calvario. Por algo se empieza, sólo no hay que detenerse en el camino. Mientras tanto: ¡Bravo y salud por esta determinación!

*Profesora Investigadora en el Departamento de Gestión y Liderazgo, Región Sur. Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey en Puebla.

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