Nuestros maestros de políticas públicas, de tanto nivel como los del CIDE, nos han enseñado a distinguir ante todo la política como voluntad de poder, y lo que conlleva de influir mediáticamente sobre la sociedad civil o de tratar a la masa como dominio de la política pública, como acto vinculado con la intención de ejercer un tipo de gobierno racional, fundador de una praxis institucional (distinguir la 'politics' de la 'policymaking'). Por supuesto, aparte del evidente acuse de recibo norteamericano de ellas, reseñado con oportunidad por Luis Aguilar Villanueva hace más de 25 años, esta diferencia resulta clave, porque sin la comprensión de la política real, las políticas públicas carecen de total sentido.

El Dr. David Arellano -investigador del CIDE y de magistral palabra en su brillante libro Gestión Estratégica, apunta que las políticas públicas tienen como telón de fondo (o espíritu anímico) la construcción democrática, tarea mutua en que se legitiman. La política pública, al contrario de la improvisación y el autoritarismo, se construye a partir de un diagnóstico causal organizado con un soporte lógico demostrable del cual se desprende una terapéutica, es decir, una técnica estratégica activada con un arsenal de instrumentos para hacer gobierno, mejor decir: para "hacer buen gobierno".

Ahora bien, todo esto es hipotéticamente posible que suceda en los gobiernos estatales y municipales más evolucionados y concurrentes con los sectores estratégicos del gobierno federal. Pero en los municipios comunes esto es muy distinto, incluso si son fuertemente metropolitanos. Cierto es que el nivel de gobierno municipal es lo más cercano a la gente y por cierto la organización política más antigua; sin embargo, a pesar de esta brillante doctrina, hoy en su gran mayoría -por no decir en su totalidad- son casi dependientes económicamente de los recursos federales que se derraman para su desarrollo municipal. Independientemente del manoseo que de ellos hagan los gobiernos de los estados, ellos representan oportunidades abiertas, sin embargo: en arcas abiertas hasta el más justo peca. Ello en parte explica porqué el gobierno federal actual pretende suministrar, administrar y fiscalizar -o sea controlar de manera absoluta- lo que considera de su total incumbencia.

En la actual coyuntura política, a los gobiernos municipales actuales les corresponde la tarea de afianzar su legitimidad por procedimientos democráticos, dado que a diferencia del poder federal sólo tienen legitimidad legal y carecen de fuentes de legitimidad carismática. Su reto es enorme: aprender a matacaballo el oficio de gobernar con breve curva de aprendizaje y a estas alturas, supongo, se habrán dado cuenta que no se trata además un oficio cualquiera, les exige manejo de habilidades básicas y sofisticadas.

Consecuentemente, la política municipal no puede llevarse a buen término sin intención sincera de planeación, esto es axiomático, ignorarlo significa cancelar como políticos emergentes su presente y futuro. Siendo francos, o se intenta gobernar con políticas públicas, de menos en los niveles de servicio municipal más básicos, o por lo contrario reinará la improvisación, el delirio de poder, el complejo de persecución. Se puede fallar en el intento, pero se debe intentarlo, ya que -lo admitan o no- son actores centrales del escenario político en el que cada acto los relaciona con lo público. Hay o no comunicación. De eso se trata jugar en la política.

Las políticas públicas no son un redil, ni un carril, pero son -y en esto estriba su valor- un paradigma de administración pública eficiente que promete resultados.

No habrá cuarta ni quinta transformación sin legitimidad legal a fondo. Sin que la hora de los municipios sea consumada democráticamente por sus ayuntamientos.

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