El incendio y explosión del pasado 18 de enero en la comunidad de San Primitivo, municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, ha cobrado cien víctimas mortales. Se trata del número más alto de muertes que la acción criminal de las bandas de huachicoleros ha provocado en esa entidad y en el país. Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) avanza en las investigaciones y se deslindan responsabilidades, el Gobierno Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha desplegado un ambicioso programa social para arrebatarles a los grupos criminales su apoyo social.

El Presidente de la República se ha propuesto crear alternativas para los habitantes de 96 municipios por donde pasan los poliductos de Pemex y en donde mayor número de tomas clandestinas se realizan, como son Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Estado de México y Veracruz. La apuesta es que las personas tengan una manera honesta de obtener sus ingresos, de satisfacer sus necesidades. Se trata de evitar que por necesidad o abandono gubernamental la gente esté obligada a realizar, participar o solapar actividades ilegales, deplorables y peligrosas, para que tragedias como la del 18 de enero no se repitan.

Las bandas de huachicoleros utilizan como escudos humanos a los habitantes de las comunidades por donde pasan los ductos. A algunos, los menos, los integran a las bandas; otros, particularmente mujeres y jóvenes, se convierten en halcones que alertan vía teléfonos móviles de los operativos, pero a la mayoría los utilizan como un escudo para evitar que la policía o los soldados los atrapen. Los huachicoleros llegan, perforan los ductos, llenan los tanques que necesitan y se van. Permiten que las personas se acerquen con garrafones y recipientes para que participen en la rapiña, sin importar cuánto arriesguen su vida para obtener algunos litros que utilizarán para su uso personal o que venderán más tarde a las propias bandas de huachicoleros.

El gobierno de López Obrador ha decidido enfrentar la práctica lamentable de los habitantes de esos 96 municipios de tener que recoger gasolina de zanjas, de fugas o de tomas clandestinas. Se trata de lograr que la gente, cuando haya una fuga o una toma clandestina y que los inciten a participar en la rapiña, no se acerquen y denuncien. Esto sólo se logrará si tienen alternativas, si se pone un alto al abandono gubernamental que por décadas han padecido esas comunidades y municipios.

El Presidente puso en marcha un plan con ocho acciones, que tendrá una inversión de 3 mil 857 millones pesos. Entre los programas principales se encuentran tandas para el bienestar, pensión para adultos mayores y para personas con discapacidad. Se realizará una inversión de 529 millones pesos en apoyos para el campo y se aplicará el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, con una inversión de 191 millones de pesos. Los apoyos sociales se entregarán directamente a los beneficiarios, mediante una tarjeta bancaria. Antes de que termine este mes, es decir, en una semana, existe la meta de entregar los primeros 21 mil 712 apoyos.

Literalmente, en estas comunidades y municipios, el Gobierno enfrenta el reto de arrebatarle al crimen organizado su base social. Estoy seguro que la estrategia del Presidente tendrá éxito.

@MBarbosaMx