Que el robo de hidrocarburos entre otros delitos propuestos para ser graves tenga como única justificación, motivo y resultado la legalidad, es un mito.

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, publicada desde 2016, dio cuenta del grave daño que este ilícito ocasiona al país en su economía. Sin embargo, era "secreto a voces" que los verdaderos responsables eran los grandes empresarios, políticos y personal de PEMEX, y no las contadas personas que el gobierno presentaba perforando ductos, llenando bidones de gasolina y transportándolos en camionetas. El gobierno declaraba el combate al delito iniciando procesos penales, poniendo retenes, etc. Parecía que la mencionada ley estaba creada para visibilizar como "delincuentes" a las personas que por oportunidad o necesidad inmediata cometían el delito. La criminalización de la vulnerabilidad se verificaba.

Sin embargo, es un hecho que el delito de robo de hidrocarburos implica intereses económicos más allá de unos cuantos pesos, que los compromisos económicos se miden en millones de dólares, que los contenedores de gasolina no son bidones sino pipas y que la corrupción es el mecanismo del robo institucionalizado y funcional a gran escala. Los verdaderos delincuentes son los poderosos servidores públicos y empresarios y no la multitud de Tlahuelilpan que quería aprovechar la oportunidad de tomar hasta con cubetitas un poco de gasolina y que ahora 114 de ellos están muertos. Este es el verdadero drama y la verdadera injusticia.

Que sea delito grave el robo de hidrocarburos, merece opiniones legales de las cuales se valen aquellos que en realidad defienden una postura política y aprovechan el momento para cumplir este fin partidista. Desde que se introdujo en 2008 el Sistema de Justicia Penal de corte garantista en nuestro país, la selección de conductas como graves y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, eran contrarias a la valoración penal pro-persona que enmarca el artículo 20 constitucional. La violación al principio de presunción de inocencia se verifica cuando la misma ley permite que no sea necesario acreditar los tres riesgos para el dictado de la prisión preventiva –sustracción del imputado, obstaculización del desarrollo de la investigación y riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad-, y sólo se aplique mecánicamente la ley (de oficio) sin criterio jurídico para violentar derechos de las personas. Si bien, el derecho penal es de acto y no de autor, es necesario partir de las circunstancias del hecho y del contexto personal de quien lo cometió. Por otra parte, ha sido comprobado que la medida reactiva de aumento de penas no reduce el índice delictivo, así, ni la creación de la mencionada ley hizo que el robo de combustible disminuyera y tampoco se espera que el aumento de pena privativa de libertad y pecuniaria, lo haga.

La prevención delictiva ha sido lo que verdaderamente reduce las condiciones delictivas, sin embargo, requiere voluntad política y sensibilidad a los grupos vulnerables. Otorgar alternativas de vida –programas sociales, mercado laboral, etc.-, que eliminen la idea criminosa, es la mayor apuesta de combate al delito. Así mismo, eliminar los compromisos económicos corruptos y parar el flujo de efectivo a los altos grupos delincuenciales -afectar sus finanzas-, da oportunidad de que el saqueo tenga fin; el mostrar esto revierte el estereotipo criminal de delincuente del humilde al poderoso, este que más daño hace a la nación y que se vale de aquel para saquear al país. Sanear la industria petrolera que por años fue afectada, reducirá la opción de hacer contratos millonarios con empresas extranjeras. Esta es la apuesta de la estrategia del gobierno actual y de la cual tenemos esperanza.

La propuesta de catalogar como grave el delito tiene como verdadera intención "cortar manos" a los poderosos delincuentes, por eso el tema es político-económico y no de justicia penal; la verdadera "toma clandestina" es el gran saqueo económico logrado por los grupos políticos y empresariales en complicidad y que ahora argumentan legalmente la medida de gravedad del delito para maquillar el trasfondo político y la intención de continuar delinquiendo. Empecemos a sensibilizarnos por los mayormente afectados y que la lamentable muerte de los pobladores de Tlahuelilpan sirva para indignarnos y poner fin al verdadero robo y a los verdaderos delincuentes que con cinismo por años han dañado a nuestro país.

Dra. Juliana Vivar Vera

*Profesora de planta del Departamento de Derecho

Tecnológico de Monterrey, Puebla

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