La equidad educativa y las 100 universidades de AMLO

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Con el programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, el gobierno mexicano pretende construir 100 universidades públicas para atender a jóvenes en zonas marginadas con poco acceso a la educación superior (ES). Si bien el enfoque en la inclusión y equidad educativa es acertado, la estrategia de crear nuevas instituciones educativas en regiones alejadas difícilmente resolverá los problemas de la desigualdad en el acceso a una educación de calidad, sino que hará el sistema de ES aún más segmentado.

A pesar de los avances en las últimas décadas, la cobertura educativa en México, medida por la tasa bruta de matriculación, se encuentra aproximadamente en un 37 por ciento, el cual es muy por debajo del promedio de la OCDE (más de 74 por ciento) de acuerdo con los datos del Banco Mundial. Los relativamente pocos espacios en el sistema de ES, van de la mano con el problema de la desigualdad, de tal forma que el nivel socioeconómico, origen étnico y ubicación geográfica condicionan las posibilidades de realizar estudios superiores. Concretamente, los jóvenes de escasos recursos, indígenas y/o los que viven en municipios alejados enfrentan grandes desventajas a ingresar a alguna institución de calidad.

La estrategia de crear nuevas institución es para ampliar la cobertura se intensificó en los años 90. Ante la inserción del México en la economía regional y global, se enfatizó la tecnificación la mano de obra, estableciendo nuevas universidades, como las tecnológicas y politécnicas. Por su parte, las universidades públicas estatales se descentralizaron, inaugurando nuevos planteles en los interiores de sus estados fuera de las zonas metropolitanas. Asimismo, se intentó promover la inclusión a poblaciones con menos acceso a través de las universidades indígenas y la educación en línea y semiescolarizada.

El resultado de las acciones anteriores es un sistema de ES sumamente diversificado, que, si bien ha generado acceso para algunos jóvenes previamente excluidos del sistema, simultáneamente ha segmentado el sistema de una manera en la que se canalizan a los jóvenes, particularmente aquellos que viven en zonas marginadas y alejadas, a ciertas instituciones que no siempre son su primera opción ni cumplen con sus expectativas. Algunos desafíos importantes para las nuevas instituciones son, entre otros, consolidar una planta docente capacitada y comprometida, garantizar instalaciones y tecnologías iguales a las que un alumno disfruta en las universidades urbanas y compensar académica y económicamente a los alumnos de tal forma que permanezcan y concluyan exitosamente sus estudios.

La creación de nuevas instituciones en regiones alejadas en los últimos 30 años no ha revertido que la educación de calidad se sigue concentrando en las instituciones educativas tradicionalmente reconocidas (universidades públicas estatales e instituciones privadas élites) en los espacios urbanos, mientras que las opciones en ámbitos poco urbanizados son de segunda. De esta manera, el sistema educativo reproduce las desigualdades existentes en la sociedad, o bien crea nuevas, en lugar de disminuirlas. Por lo tanto, el gobierno y las instituciones deben fomentarla equidad a través de múltiples estrategias paralelas que pongan en el centro a los jóvenes de bajos ingresos y de municipios alejados, y no solo enfocarse en crear nuevas universidades. ¿Por qué no fortalecer las instituciones ya existentes en zonas alejadas? ¿Por qué no diseñar políticas de acción afirmativa que den preferencia a estos jóvenes en las mejores instituciones en las ciudades? Estas últimas políticas podrían disminuir el efecto de la segmentación educativa, pues en lugar de apartar a estos alumnos, se busca incorporarlos, o por lo menos a algunos, a los espacios educativos ya bien establecidos. Solo así, proveyéndoles oportunidades educativas de primera, se logrará una verdadera inclusión y equidad educativa para los jóvenes que históricamente han quedado fuera del sistema, o por lo menos, fuera de instituciones de calidad.

 

* Profesora-Investigadora en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Doctora en Economía Política del Desarrollo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestra en Desarrollo Internacional por la University of Denver.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de El Popular, diario imparcial de Puebla

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