Hemos intentado aquí dejar claro que compromisos internacionales del gobierno mexicano comprometen a las autoridades competentes a cumplimentar los objetivos de los tratados internacionales firmados recientemente. En este caso están desde el año 2000 las llamadas "metas del milenio", pero hoy me referiré a los compromisos implícitos en la llamada Nueva Agenda Urbana (en lo que sigue NAU), signada con y frente a otros 170 gobiernos de países en Habitat III, en Quito, Ecuador, hace dos años.

Cierto que el lenguaje de estos acuerdos internacionales es de suyo poco comprensible al ciudadano de a pie; en este caso influido por la jerga de arquitectos y urbanistas, el documento de la NAU está lleno de neologismos que quizá necesiten ser traducidos a nuestro lenguaje diario. Nos referimos a expresiones como "el derecho a la ciudad", "no dejar a nadie atrás" o a vocablos hasta hoy poco comunes como gobernanza, resiliencia, sustentabilidad, accesibilidad, inclusividad… Intento en lo que sigue una primera traducción de los conceptos más relevantes, con la esperanza de que las autoridades involucradas no finjan no entenderlos y les ignoren.

Sustentabilidad. El objetivo de los ambientalistas es que las actividades humanas no dañen la vida en la tierra; antes bien, que contribuyan al mantenimiento del equilibro biológico natural. Las que respeten y contribuyan a ello serían las actividades sustentables. Por extensión, la NAU habla inclusive de economía "sustentable".

La sustentabilidad está implícita en la NAU. Es casi innecesario insistir que las acciones de los gobiernos locales deben respetar al medio ambiente y estar orientadas a la reducción de la contaminación ambiental y, por ejemplo, a favorecer el reciclaje de los residuos urbanos y el uso de los medios de transporte no contaminantes. De entrada, esto será un gran reto para las autoridades locales.

Gobernanza. Detrás del concepto de gobernanza está la idea de la necesaria participación ciudadana en las decisiones de gobierno. La necesaria gobernanza también está implícita a lo largo de la NAU; está también implícita y presente la participación ciudadana. Si bien esto es un reto para las autoridades locales, también lo será para los ciudadanos, pues supone el desarrollo de las organizaciones vecinales o barriales que deben aprender a organizarse para participar inteligentemente y ser oídas.

El llamado Derecho a la ciudad es la idea o concepto detrás del cual está la consciencia de que nuestras ciudades no son hoy amigables para grandes sectores de la población y ello es preocupante. Pareciera que los constructores de la ciudad no han pensado suficientemente en las necesidades de las mujeres, de los ancianos y de los discapacitados (más del 70 por ciento de la población), ello es evidente, pero esta falta de atención también la pueden reclamar los niños y los jóvenes. No piensan en ellos los que construyen edificios o complejos habitacionales o quienes diseñan transporte urbano. El resultado, ciudades sin parques ni jardines y sin áreas deportivas, sin áreas de esparcimiento para niños y ancianos, pero sí con banquetas de peligroso tránsito y autobuses de peligroso abordaje. Por todo ello se demanda que las ciudades sean incluyentes, que sirvan a todos los que la habitamos. Por ello la inclusividad (sic) es hoy una demanda aún no satisfecha.

Frente a esta situación, menudo reto enfrentan los constructores, los urbanistas y, principalmente las autoridades locales, ¿cómo satisfacer las demandas urbanas que contiene la NAU? ¿Cómo mejorar nuestras ciudades y hacerlas habitables para todos?

* Arquitecto y Maestro de Desarrollo Urbano