El interés de las calificadoras por alinear la política económica nacional

En un mundo globalizado en el cual la evaluación y la aprobación de un tercero sobre el desempeño profesional de las personas físicas y morales son una práctica común e institucionalizada, resulta poco creíble poder desestimarla función de las calificadoras de riesgo sobre la capacidad de pago o de crecimiento de una economía en particular. Un "veto" o "ley mordaza" sobre los actores financieros internacionales: Fitch, Standard & Poors, Moody's, HR Rating, Verum, DBRS y AM Best, a través de reformar la Ley del Mercado de Valores resulta jurídica, política y económicamente incorrecto.

Estas siete Instituciones Calificadoras de Valores son sociedades anónimas supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y operan en el marco de la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Sociedades Mercantiles y las Disposiciones en la materia. En general, éstas están obligadas a transparentar la metodología para evaluar la calidad crediticia, podrían no operar en México y no por ello dejarían de emitir su calificación sobre el riesgo- país. Por lo tanto, la iniciativa de reforma que presentó el senador por Morena Salomón Jara para sancionar a las calificadoras que "actúen bajo consigna" resultó un proyecto inviable. Encontrar las reales motivaciones de las calificadoras para posicionar a un país sería una tarea complicada porque primero habría que identificar los grupos de interés que probablemente están ligadas a estas y después demostrar con evidencias "su mala fe".

Ahora bien, gobernar para las calificadoras implica un riesgo en términos de soberanía de la política económica nacional. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda informó en días pasados la variación real de los ingresos por recaudación fiscal respecto a enero de 2018, notando un descenso de"7.5% de los ingresos totales, -52.3% de los ingresos petroleros y -12.3% del IVA" (Agencia Reforma, 2019). Esta noticia, que transcurre en medio del desarrollo de un conjunto de programas de asistencia social y financiamiento a entidades federativas y municipios a los que fueron destinados una parte significativa de la recaudación federal participable, podría generar expectativas de crecimiento menores a las actuales (2.5% anual, aproximadamente) y promover una baja en la calificación riesgo – país de México, tratando de obligar al gobierno federal de cambiar su estrategia de crecimiento no por la vía de construir mejores alternativas, en cambio, por el camino de incidir en la política económica.

La actual administración está entrando en una fase de desarrollo real de su programa económico apoyado en la disciplina fiscal y el ejercicio eficiente ("hacer más con menos") del gasto social. Está por verse el impacto del aumento de los salario y los efectos multiplicadores del gasto público, mientras tanto, las calificadoras continuarán presionando para evitar que, aún con programas de asistencia social, la apolítica económica de la administración federal se desalineé de un modelo de desarrollo y crecimiento ortodoxo: política fiscal restrictiva, política monetaria enfocada en metas de inflación, inversión extranjera como motor importante del desarrollo, entre otros elementos de corte convencional.

Fuente: Agencia Reforma (2019) "Caen ingresos públicos en primer mes de administración de AMLO", www.debate.com.mx

*Profesora de Tiempo Completo en la UNAM – Facultad de Economía.

Twitter: @xime_val79

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