Con la concreción de las primeras independencias en el Continente Americano a inicios del siglo XIX, se reactivaron las propuestas para propiciar una integración entre los países latinoamericanos y caribeños, con el propósito de hacer frente a las amenazas de las potencias europeas y el expansionismo estadounidense. Personajes como el libertador Simón Bolívar, el cubano José Martí y hasta el pensador y político mexicano Lucas Alamán promovieron proyectos de integración, pero al igual que hace dos siglos, diferencias ideológicas y desavenencias sobre cómo debería ser el modelo a seguir terminan por minar los esfuerzos para alcanzar la tan anhelada cooperación en el plano regional.

Un capítulo más de estos desencuentros continentales ocurrió el pasado viernes con el lanzamiento desde Santiago de Chile del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), un nuevo bloque regional cargado hacia el espectro político de la derecha apoyado por los presidentes de Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Paraguay y que será el contrapeso a la moribunda Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), mecanismo fundado en 2008 tras la firma de un tratado constitutivo, en un contexto en el que la mayoría de los mandatarios en el Cono Sur del Continente Americano provenían de la izquierda y con el que se buscaba construir una identidad y ciudadanía sudamericanas y desarrollar un espacio ajeno a la lógica neoliberal impulsada por Estados Unidos.

La Unasur, cuyo primer secretario general fue el exmandatario argentino Néstor Kirchner --quien no alcanzó a terminar su mandato de dos años tras fallecer en 2010--, también pretendía integrar los esfuerzos de los miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en el proceso de integración sudamericano y que en su fundación albergó a la Argentina gobernada por los Kirchner (Néstor y Cristina Fernández), el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva, el Uruguay de Pepe Mujica, la Bolivia de Evo Morales, el Ecuador de Rafael Correa, el Chile de Michelle Bachelet, el Perú de Alan García y la Venezuela de Hugo Chávez, todos presidentes con ideales afines a la izquierda.

Colombia y Paraguay, gobernados por la derecha, así como Guyana y Surinam, también se sumaron a la Unasur para contar con 12 miembros.

Sin embargo, la voltereta que ha dado Sudamérica hacia la derecha en los últimos años, así como los constantes enfrentamientos ideológicos entre los presidentes que participan actualmente en la Unasur y los escasos resultados para alcanzar los objetivos fijados en materia de desarrollo social y humano, integración energética, industrial, productiva y financiera y consolidación de una identidad sudamericana, han puesto en jaque al bloque, que está a punto de fenecer de forma oficial tras la salida del grupo en 2018 por parte de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, y de Ecuador en marzo del presente año, después del anuncio de la puesta en marcha de Prosur.

De nueva cuenta el sueño bolivariano se ve inconcluso y la aparición de Prosur tampoco garantiza que se pueda avanzar en la consecución de un proyecto común y funcional de largo plazo, pues al igual que Unasur en 2008, el nuevo bloque nace a partir de un momento coyuntural en el que se destaca la presencia mayoritaria de mandatarios con una ideología común, en este caso de derecha, y afines a la lógica neoliberal y a los intereses estadounidenses que han socavado históricamente los recursos, las identidades y las capacidades de América Latina y el Caribe.

Prosur, al que no se han sumado todavía ni Bolivia, ni Uruguay --países en los que la izquierda aún goza de buena salud-- pondrá los últimos clavos en el féretro de la Unasur y terminará por enterrarla, pero será incapaz de fungir como mediador para resolver los problemas más apremiantes de la región. Por el contrario, podría ahondarlos, especialmente en el caso de Venezuela, en donde el nuevo bloque representará los intereses del gobierno dirigido por Donald Trump.

La ideologización de los bloques regionales ha supuesto de manera histórica un obstáculo en el avance de los procesos de integración. Los gobiernos de América Latina y el Caribe parecen obstinados en no aprender la lección, pues en lugar de optar por modelos que procuren metas fijas por medio de instituciones funcionales y con la menor burocracia posible para alcanzar la cooperación en áreas como la salud, la educación, la infraestructura común, la facilitación de la movilidad humana, el desarrollo económico y social sustentables, se continúa con la construcción de grupos de "cuates" de izquierda o de conservadores, según sea el caso.

América Latina y el Caribe padecen en general una crisis crónica en sus organizaciones regionales, tanto políticas como económicas. Prueba de lo anterior son la Organización de Estados Americanos (OEA), la más antigua en el continente y que ha sido incapaz de cumplir con sus objetivos básicos de diálogo y mediación, pues desde su constitución en 1948 ha sido un foro en el que la visión estadounidense se ha impuesto; y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), surgida en 2010 y heredera del Grupo de Río y de la Cumbre para América Latina y el Caribe, que tampoco ha cumplido con las metas trazadas por sus miembros de promover la integración y desarrollo de los países integrantes.

Ni la OEA ni la Celac han tenido influencia real para coadyuvar en la solución de las crisis políticas y sociales recientes en Venezuela, Nicaragua, Haití y Honduras.

En el plano económico el panorama es similar, pues a partir de la década de 1990, en una lógica de competencia regional neoliberal, América Latina se dividió en dos grandes bloques: el primero constituido por el Mercosur, y el segundo integrado por países que optaron por firmar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, como lo fueron los casos de México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y de países centroamericanos y sudamericanos de manera posterior.

La excepción a la ideologización en los bloques regionales latinoamericanos de integración es la Alianza del Pacífico (AP), integrada por Colombia y Chile (con gobiernos de derecha), Perú (cuyo actual presidente Martín Vizcarra llegó al poder sin partido y sin bancada en el Congreso tras la destitución de Pedro Pablo Kuczynski) y México (gobernado por un presidente con tendencias hacia la izquierda).

La AP, fundada en 2011, ha sorteado ya en su corta historia cambios en gobiernos de sus países integrantes --que han pasado de derecha a izquierda o a la inversa. Si bien es cierto que es un mecanismo enfocado primordialmente al ámbito comercial y financiero, su novedad radica en que, a diferencia de otros mecanismos, carece de una estructura burocrática pesada, no pretende imponer una ideología política y puede convertirse en un eslabón que una a los diferentes bloques comerciales latinoamericanos.

Mientras tanto, en el ámbito político los integrantes del Prosur promoverán en los siguientes años con su bandera conservadora los supuestos beneficios del nuevo bloque y los alcances de la "verdadera" integración sudamericana, cuando en realidad sólo generarán desde la ideologización más fisuras en el inacabado e indeleble proceso integrador latinoamericano.

• Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Profesor e investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM y profesor de cátedra en el ITESM Puebla.