Las víctimas somos todos

El problema de la inseguridad que ha crecido en los últimos ocho años deja entrever que ninguna estrategia, por más militarizada o sesuda que sea, ha servido para bajar los índices de criminalidad en el estado de Puebla. De nada le ha servido al gobierno del estado tener como vecinos a entidades sumamente violentas como Veracruz, Morelos, Guerrero y el Estado de México, de las que pudo aprender el comportamiento de los grupos delictivos, sean pandillas o sea crimen organizado.

Las cifras son frías: Puebla registró un horroroso récord histórico en la incidencia de homicidio, robo en general y robo a transportistas. La alerta está en el robo a transportistas: se incrementó el número de casos de 71 denuncias en enero-febrero 2015 a 528 para los mismos meses del año 2019; es decir, en un lustro la incidencia repuntó 643 por ciento, de acuerdo con el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que el miércoles pasado fue actualizado. El robo de automóviles repuntó en el periodo 2015-2019 más de 315 por ciento, el segundo más alto en la tabla de delitos del fuero común y si hacemos una revisión del histórico, podemos darnos cuenta de que en 2015 el registro de la entonces PGE fue de 515 carpetas de investigación y para este año la cifra ya había alcanzado 2 mil 141 sólo en el primer bimestre del año.

Las promesas de los exgobernadores Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad, y de los alcaldes todos, quienes repetían una y otra vez que se estaba trabajando, que estaba colaborando, quedaron en fracasos o engaños que le han costado millones de pesos a los poblanos y, lo más grave, que los delincuentes sepan que acá en Puebla como antes en otros estados, nadie los castigará. Sí, la venta de falsas expectativas será una losa pesada para las administraciones entrantes: urgen estrategias eficaces de prevención y persecución del delito.

Guillermo Pacheco Pulido, el gobernador interino, recibió este desastre y el lapso que estará al frente de la administración no alcanza sino para que los ciudadanos seamos testigos del aumento en la violencia criminal o quizá sí: puede su administración hacer una revisión crítica de lo que le dejaron y sentar las bases para que su sucesor, después de las elecciones del 2 de junio próximo, no evada una responsabilidad que aunque no debiera pasa por lo político.

Era necesario que los gobiernos panistas dejaran de lado la condescendencia para evitar que se fracasara y, también, era necesario que contrataran a personas pensantes e inteligentes para armar estrategias. La simulación nos ha salido muy cara y las víctimas somos todos.

Historia de un agandalle

Existe en el Registro Público de la Propiedad un recibo económico por 50 mil pesos que, aun cuando lo prohíbe la ley, lo inscribió como compraventa a plazos el ahora registrador público del municipio de Libres, quien tiene un interés directo sobre esa propiedad y pretende agenciársela con prácticas nada éticas.

Ante semejante irregularidad, el 18 de febrero de 2019 se ingresó en el Registro Público una cancelación de ese documento y la registradora Jaqueline Rendón Bustos tiene un lapso no mayor a 10 días para resolver la inscripción o el rechazo, pero ya han pasado 34 días y no ha resuelto en ningún sentido.

Ella le dice a la propietaria de la casa que se arregle con los prestanombres de Mauricio, que él es su amigo y ella no puede inscribir ese documento porque estaría atentando contra él. Nótese lo limitado de los conceptos de servidor público que tiene doña Rendón Bustos y la perversa idea de la amistad con la que va por la vida.

Rendón Bustos actúa como más un brazo ejecutor que como servidor público y ante lo diverso de sus intereses, cae en un conflicto de interés. Sirve, no a la ley sino a Mauricio Hernández Tlacuilo, quien quiere agandallarse esa y otras propiedades ahora a través de sus allegados en el Registro Público. Sin embargo, atrás de Hernández Tlacuilo están los hermanos Gabriel y Rafael Posada Cueto, especialistas en cometer tropelías al amparo del poder.

Acá la pregunta es si las máximas autoridades en el gobierno del estado saben y aprueban que una funcionaria como Rendón Bustos diga a quienes la buscan para que haga su trabajo cosas como "mira, yo creo que aquí ustedes se tienen que arreglar con ellos por fuera y a mí no me metas en problemas; la persona que está detrás de esto es mi cuate y entre colegas nos tenemos que apoyar". De este caso, por cierto, ya tiene conocimiento Héctor Miguel Escalera Rodríguez, director general del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla.

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