La red de corrupción tejida durante al menos dos décadas por la constructora brasileña Odebrecht sigue escribiendo capítulos de una novela negra que incluye investigaciones de sobornos contra expresidentes, asesinatos de testigos considerados clave y el suicidio del ex mandatario peruano Alan García el pasado 17 de abril, durante un operativo en el que autoridades judiciales cumplían una orden de detención preliminar por diez días, debido a la comisión de presuntos delitos de lavado de activos y colusión agravada.

El suceso ha abierto en Perú un debate sobre las detenciones preventivas que se han dictado en los últimos años en contra de varios expresidentes señalados de participar en actos de corrupción relacionados con Odebrecht y otras empresas. Por ejemplo, en julio de 2017 se arrestó al exmandatario Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia por el mismo caso de corrupción que se investigaba a García; en el mismo año se dictaron dos órdenes de arresto contra Alejandro Toledo, prófugo en Estados Unidos, por recibir dinero de Odebrecht; y por el caso Ecoteva (ante la compra irregular de propiedades); y desde el pasado 10 de abril del año en curso el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se encuentra bajo arresto domiciliario por una decena de días, en conexión con una investigación de lavado de dinero en obras públicas en las que tuvo participación la empresa brasileña.

La controversia en Perú, país que según el índice de Transparencia Internacional se encuentra en el lugar 105 de 180 Estados en materia de corrupción, estriba entre la exigencia de los que desean castigos ejemplares a los culpables de recibir sobornos al trabajar en puestos públicos; y la opinión de aquellos que ven como excesivas las determinaciones de los fiscales independientes, entre ellas los arrestos preventivos que no necesariamente garantizan que los acusados sean llevados a juicio y castigados de forma expedita.

De forma independiente a la discusión que se mantiene en Perú, un hecho innegable es que en Latinoamérica uno de los problemas más difíciles de superar es la corrupción, pues según el propio Índice 2018 de Percepción de la Corrupción, de la organización Transparencia Internacional, ninguno de los países de la subregión aparece entre los primeros 20 Estados con menor apreciación de corrupción. Los países del área que aparecen en las mejores posiciones son Uruguay en el 22, Chile en el 27 y Costa Rica en el 48; mientras tanto Cuba, Argentina, Colombia, Brasil y México ocupan los lugares 61, 85, 99, 105 y 138, de manera respectiva.

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la corrupción incluye actos de soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por parte de un funcionario público, así como los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de determinaciones judiciales.

Este flagelo, como se indica en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción -en vigor desde 2005 y de la que forman parte 186 Estados-, "socava la democracia, el Estado de derecho, da pie a las violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana".

Muy a pesar de la creencia generalizada de que la corrupción es esencial para la operación y sobrevivencia de un sistema -como señaló de forma crítica sobre México en la década de 1980 el periodista y escritor de origen brasileño y de nacionalidad británica Alan Riding-, en la práctica sus efectos son particularmente duros en los países subdesarrollados, pues se desvían recursos que deberían de ir a la protección y desarrollo de las poblaciones vulnerables, mina la autonomía de los gobiernos en sus diferentes niveles y nutre la desigualdad y la injusticia.

El caso de Odebrecht en América Latina es paradigmático, pues revela de forma vulgar un mal que parece endémico, enraizado y que ha afectado a gobiernos de derecha y de izquierda, con lo que se demuestra que la carencia de instituciones eficaces, la falta de una separación real entre los poderes Ejecutivo y Judicial, la existencia de normatividades laxas, la falta de castigo a los perpetradores (en la mayoría de los casos) y las renuencias a la cooperación y supervisión internacionales, son elementos que pesan más en el día a día que los discursos de líderes políticos sobre la erradicación de la corrupción como si fuera un simple acto de voluntariedad, de moralidad, de honestidad.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, por su parte, mantiene investigaciones sobre sobornos llevados a cabo por Odebrecht en la propia Unión Americana, en los países africanos de Angola y Mozambique, así como en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

La revelación de las operaciones irregulares de la constructora brasileña no sólo ha dañado a políticos peruanos, también ha afectado a los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva (condenado desde 2017), Dilma Rousseff (llamada a declarar por presuntamente tener conocimiento de operaciones de la compañía) y al centroderechista Michel Temer (bajo investigación por negociar sobornos para la construcción de una planta nuclear).

Otros altos funcionarios latinoamericanos señalados de participar o de resultar beneficiados de alguna manera con la red de corrupción extendida por Odebrecht han sido el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa y el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glass (sentenciado en 2018 a purgar seis años de prisión); el presidente venezolano Nicolás Maduro y los exmandatarios colombianos Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.

En México el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, fue señalado desde 2017 de recibir 8 millones de dólares, a través de dos de sus empresas, por parte de Odebrecht como pago de favores ante la ampliación de la refinería de Tula, Hidalgo; sin embargo el gobierno de su jefe, el expresidente Enrique Peña Nieto, optó por "congelar" las investigaciones sin proceder en contra del exfuncionario.

El caso Odebrecht es un parteaguas para América Latina, al revelar la corrupción sistemática que existe en la mayor parte de la región, pero también se ha convertido en un asunto escabroso que ha dejado testigos clave asesinados, como el secretario de Transparencia, Rafael Merchán, y el ingeniero Jorge Enrique Pinzano, en Colombia; así como el uso faccioso de la justicia tanto en Brasil, donde Lula fue sentenciado con escasas pruebas y de forma controversial antes de las elecciones presidenciales de 2018; como en México, país en el que no hay un solo funcionario tras las rejas.

Si se desea en serio combatir la corrupción en la región, la ruta debe ir encaminada hacia medidas estructurales que contemplen instituciones fuertes, normatividades claras, transparencia y rendición de cuentas, juicios justos y expeditos, revisión y cooperación internacional y el resarcimiento de los daños. De lo contrario, los discursos huecos seguirán alimentando fantasías inalcanzables y electoreras.

*Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Profesor e investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM y profesor de cátedra en el ITESM Puebla.