Por una seguridad ciudadana

La inseguridad es el problema que más le preocupa a la sociedad. Ocho de cada diez mexicanos se sienten inseguros. Los asaltos, las balaceras, las ejecuciones están presentes en la vida cotidiana. La delincuencia, el crimen organizado y la violencia han robado la tranquilidad a los mexicanos. El Gobierno de México decidió enfrentar de manera real esta problemática; las resistencias han sido enormes. La violación de los derechos humanos fue el signo que caracterizó a los anteriores gobiernos federales, con un alto costo para la vigencia del Estado de derecho y en claro detrimento de la percepción de nuestro país en el exterior. El Gobierno de México heredó 40 mil desaparecidos, de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Gobernación hace unos meses.

Ante esta circunstancia, con la aprobación del paquete de reformas legales derivado de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional -que en estos momentos se discute en la Cámara de Diputados-, los poderes del Estado Mexicano dan pasos fundamentales para mejorar la seguridad, y al mismo tiempo garantizar el pleno respeto a los derechos humanos. La Ley de la Guardia Nacional consolida una institución policial civil, profesional, leal y respetuosa de los derechos humanos, que será uno de los pilares fundamentales en la lucha contra la delincuencia.

La Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza servirá para poner fin a la violación de los derechos humanos. El país contará con un ordenamiento legal para que las instituciones de seguridad pública actúen conforme a protocolos de uso de fuerza, que se rijan por principios que tienen como objeto la persuasión antes que la propia fuerza. Casos como los de Atenco o Tlatlaya no se repetirán, y en caso de ocurrir hechos similares, no quedarán impunes. Nadie estará por encima de la ley.

La aprobación de la Ley Nacional del Registro de Detenciones tiene como objetivo dar certidumbre de las personas que sean detenidas, garantizando el nuevo proceso penal acusatorio y la unificación de los registros policiales. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana administrará esta base; todas las autoridades deberán alimentar el sistema con las detenciones que efectúen. Mientras que la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública permitirá lograr una mejor coordinación y un uso más eficiente de los recursos. Se homologarán las disposiciones a la creación de la Guardia Nacional.

Proporcionar seguridad es una de las funciones básicas del Estado Mexicano. No es sólo cuestión administrativa, sino una función de los tres niveles de gobierno. Debe reconocerse la disposición de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión para que estas leyes y reformas fueran aprobadas por un amplísimo consenso. Sin embargo, estas reformas, aunque importantes, no bastan. Lo que sigue es la obligación de los gobiernos estatales y municipales de fortalecer sus instituciones policiales. También es necesario impulsar una reforma en la procuración de justicia, el fortalecimiento de los poderes judiciales estatales y de la Ciudad de México, así como fortalecer las acciones de prevención y la reestructuración de los sistemas penitenciarios. Damos un paso fundamental, pero aún falta mucho por hacer.

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