La macroeconomía de los derechos humanos en México. ¿Cuál es el margen de acción de AMLO?

La pertinencia del modelo neoliberal después de casi cuatro décadas de estar vigente es uno de los debates que AMLO ha ubicado en la discusión de funcionarios, académicos, políticos y empresarios. Y es que no es necesario realizar comparaciones en un prolongado periodo de tiempo para comprobar que el número de personas vulnerables ha aumentado como resultado de un modelo de crecimiento apoyado en "equilibrios" macroeconómicos, los cuales se han comentado en columnas anteriores. De acuerdo con el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2019), en el cuarto trimestre de 2005, 34 millones 769 mil 505 personas tuvieron un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria; en el mismo trimestre del año 2018, esta cifra alcanzó los 49 millones 182 mil 439 millones de personas. Es decir, los mexicanos con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta básica han aumentado 14 millones 412 mil 933 personas en 13 años.

Sin embargo, Germán Martínez Cázares, quien presentó su renuncia como director del Instituto Mexicano del Seguro Social el pasado 21 de mayo, ha sido el primer funcionario de la administración federal en declarar abiertamente que la administración actual está desarrollando uno de los principios fundamentales del neoliberalismo: una estricta disciplina fiscal a través de un gasto público restringido.

Si los cientos de libros especializados nos han informado que el neoliberalismo implica, entre un conjunto de políticas a favor del libre mercado, la reducción de la participación del Estado en la economía, incluyendo el despido de miles de servidores del sector público, entonces, ¿qué tan confrontado está AMLO con el neoliberalismo?, ¿está la administración actual desarrollando un "neoliberalismo heterodoxo"?, ¿cuál es el significado de éste? Una pista la podemos encontrar en la veta de investigación denominada "macroeconomía para los derechos humanos".

Aunque no existe una definición única de "la macroeconomía de los derechos humanos" (MDH), podemos proponer que es un planteamiento que conserva de la macroeconomía convencional la tendencia a mantener fundamentos macroeconómicos sólidos, particularmente en términos de política monetaria bajo estabilidad de precios, incluyendo los activos financieros. Pero la particularidad de la MDH es priorizar el gasto social como un mecanismo de redistribución del ingreso. De acuerdo con el nuevo paradigma, la equidad en la distribución del ingreso está en función de que los ciudadanos ejecuten acciones como sujetos de derechos civiles, políticos y sociales, y logren una participación en temas macroeconómicos.

En la MDH el mecanismo de consulta se convierte en pieza clave. En materia de política monetaria es más difícil realizar plebiscitos ciudadanos; sin embargo, las normas y las tasas sobre los impuestos fiscales son de gran interés para los ciudadanos. Básicamente, la MDH en el área fiscal apuesta por operar una política que promueva la educación, la salud y la alimentación.

Este proceso implica, en materia de salud: identificar el grupo al que favorece la discriminación del gasto (focalización) y establecer un conjunto de mecanismos de compensación para la población con menores ingresos; en el rubro de empleo: estimar si existe un sistema regresivo; es decir, un conjunto de mecanismos de compensación a los deciles de bajos ingresos; detectar si la operación del gasto privilegia a aquellas personas que no necesitan ayuda; si los beneficios fiscales apoyan a grupos de altos ingresos o grandes empresas; evaluar si las acciones fiscales han provocado mayor empleo temporal; y, finalmente, con respecto al rubro de alimentación: asegurar que el gasto social conceda un trato privilegiado a los grupos vulnerables y, en general, evaluar si las acciones fiscales potencializan el apoyo a la población en pobreza alimentaria.

No obstante, el intento de AMLO de "consultar democráticamente" a los mexicanos sobre los proyectos de transformación más importantes, un sector -aún minoritario- de quienes tuvieron confianza en él comienza a manifestar un cierto desconsuelo.

Esto es comprensible. Sin embargo, construir un nuevo modelo implica por parte del poder asumir el riesgo de la transición; y por el lado de nosotros (también denominados ciudadanos "de a pie"), mantenernos propositivos para construir mejores caminos de justicia e inclusión social.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de El Popular, periodismo con causa.