Uno de los principales aspectos que se encuentran dentro de la agenda bilateral de México y Estados Unidos es la migración indocumentada. Este flujo de personas representa un riesgo para la estabilidad y seguridad nacional de aquel país, por lo que cada vez son más las restricciones aplicables a personas que buscan cruzar esa gran frontera.

Hemos visto migrantes cruzar por México, con la esperanza finalmente de llegar a Estados Unidos, y no todos de manera documentada. Si bien es cierto que algunos siguen la vía legal y piden ser admitidos bajo el estatus de refugiados, u otras calidades migratorias, muchos otros buscan cruzar aquella frontera a como dé lugar. Esta situación ha creado tensiones entre México y Estados Unidos, sobre todo cuando este último exigía la construcción de un muro que dividiera la frontera entre estos dos países de manera física. El argumento que se ocupaba era muy simple: "es la única manera de salvaguardar mi paz y estabilidad política y social que México vulnera".

Es evidente que la prioridad de Estados Unidos va a ser su propia seguridad, aunque resulte en una violación sistemática de los derechos humanos. Vimos cómo separaban a los niños de los adultos y los metían en jaulas "por su propia seguridad". A simple vista, nos podría parecer una gran crueldad, aunque la justificación de Estados Unidos se volvía cada vez más clara. Para ellos, era la única manera de proteger al menor que sin culpa ni responsabilidad había llegado hasta ese momento. Era el adulto que lo acompañaba quien comprendía perfectamente las implicaciones de aquel cruce, y por ende no se les podía dar el mismo trato a los dos.

Hay que reparar también en el hecho de que nosotros, como mexicanos, exigimos al gobierno de Estados Unidos que respete los derechos de los migrantes indocumentados, sin ser capaces de brindarles la misma protección a los centroamericanos que cruzan el territorio nacional. Se vuelve entonces una prioridad la protección y salvaguarda de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, siendo nosotros directamente responsables de una violación sistemática de los derechos de los centroamericanos.

Muchos han criticado el actuar del gobierno de México en cuanto a la ayuda y el apoyo que les brinda a estas personas, e incluso la oferta de otorgarles visas de trabajo para que puedan quedarse a radicar en México. Aunque el problema no está ahí, sino más bien en la decisión anterior. En aquella que les permitió cruzar la frontera entre Guatemala y México, a pesar de no contar con la documentación necesaria. Esto, lógicamente, a largo plazo se volverá un problema directo para nuestro país, y seremos nosotros quienes tengamos que hacerle frente.

Los migrantes, cuenten o no con documentos para llegar a su destino, tienen los mismos derechos humanos que todas las personas. Éstos deberán de ser respetados a toda costa, y los sistemas deberán ser capaces de garantizar su observancia a través de mecanismos e instituciones eficientes.