El muro de Trump inicia en la frontera sur mexicana

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Tomás Milton MUÑOZ


Junio 16, 2019

Después de los rotundos fracasos que ha tenido el presidente Donald John Trump en el interior de su país para ampliar los muros fronterizos y convertir a Estados Unidos en una gran caja de cristal que impida el ingreso de migrantes indocumentados, como lo desean los ultraconservadores estadounidenses, el exintegrante de la farándula, convertido ahora en mandatario, por fin encontró una fórmula que le permitirá satisfacer tanto su xenofobia como sus intereses electorales de cara a su intento por lograr la reelección de 2020: convertir a México en rehén y en su policía migratoria desde el Río Suchiate hasta Tijuana.

Trump, muy a su estilo de extorsionador y abusador, empieza a ver materializada su promesa de campaña, tras obligar a las autoridades mexicanas a firmar un acuerdo viciado de origen y que obliga al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a edificar la construcción virtual del muro fronterizo estadounidense con el despliegue de seis mil integrantes de la recién formada Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país; y con el endurecimiento de la política migratoria, a costa de la pérdida de soberanía de México y de posibles violaciones a los derechos humanos de los migrantes en tránsito por territorio mexicano. Todo a cambio de una promesa ambigua de los vecinos del norte: no subir aranceles de 5 por ciento a los artículos mexicanos comercializados en la Unión Americana durante 45 días.

A pesar de que el gobierno mexicano presentó el acuerdo desde el pasado 7 de junio como un éxito, y de que AMLO condujo una "populachera" celebración en Tijuana un día después, en la práctica el acuerdo no es tal. Es una imposición leonina, que obliga de facto a México a convertirse en la policía migratoria de Trump y en tercer país seguro para quienes soliciten asilo y refugio a Estados Unidos, a pesar de que nuestro país carece de las condiciones de seguridad, la infraestructura o el personal y presupuestos suficientes.

Además, no es responsabilidad de nuestro país atender las obligaciones internacionales de Estados Unidos, que forma parte del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967.

Los 45 días de gracia, anunciados por el canciller Marcelo Ebrad, son una migaja envenenada, pues obligan al gobierno de AMLO a reducir el flujo de migrantes indocumentados, principalmente centroamericanos, a pesar de que la historia demuestra que los desplazamientos humanos no se paran con medidas policiales o bardas, pues las necesidades, los sueños y esperanzas de tener una vida mejor por parte de miles de personas son más fuertes que los caprichos o las políticas de escritorio.

Trump, en tanto, se presenta ante su electorado como un tipo rudo, fuerte y que consigue todo lo que se propone, sin importar que mine y torpedee las relaciones con sus principales socios en el mundo, lo que paradójicamente le está costando a su país el liderazgo ejercido en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

El inquilino de la Casa Blanca -al menos de medio tiempo, porque los fines de semana prefiere estar en su lujosa residencia de Mar-a-Lago, en Florida- usa de nueva cuenta como bandera política la presunta "invasión de migrantes". Hace algunos meses se refería a los mexicanos, pero como estadísticamente la llegada de nuestros connacionales a la Unión Americana ha decrecido en los últimos años, en esta ocasión dirige sus dardos hacia los centroamericanos, que huyen de sus países de origen -Guatemala, El Salvador y Honduras, principalmente- no sólo por la pobreza o la falta de oportunidades laborales, también por la violencia extrema ejercida por grupos del crimen organizado, problemas en los que Estados Unidos ha participado en su generación de forma directa e indirecta.

Desde inicios del siglo XX, Estados Unidos explotó fincas bananeras en Centroamérica a costa de la pobreza y el sufrimiento de los pobladores locales. No conformes con ello, los gobiernos estadounidenses impusieron dictaduras a lo largo de la centuria pasada, apoyaron grupos contrainsurgentes y deportaron a países centroamericanos a delincuentes formados en la Unión Americana, quienes formaron redes trasnacionales (las maras) que azotan la región con su violencia.

Pero lo anterior no le importa a Trump, pues el señor y su grupo cercano de colaboradores supremacistas desean un Estados Unidos blanco, cerrado a migrantes que no hablen inglés y provenientes de países subdesarrollados –recordar que en enero de 2018 dijo que prefería la llegada de noruegos y no de países como El Salvador o Haití, que son "agujeros de mierda"– y dirigido durante otro periodo presidencial por el "exitoso" empresario de bienes raíces (un mito más que ha creado a su alrededor el actual presidente estadounidense).

Del lado mexicano, lo que ha destacado en materia migratoria en los primeros seis meses del mandato de AMLO son las inconsistencias, pues al iniciar la administración se nombró al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) a dos destacados especialistas: Tonatiuh Guillén López y Andrés Ramírez Silva, de manera respectiva; y se impulsó un discurso de respeto a los derechos humanos de los migrantes y solicitantes de refugio, pero en la práctica no se les dotó con los recursos suficientes para emprender un cambio de paradigma. Incluso, el titular del INM acaba de presentar su renuncia el pasado viernes.

Con el paso de los meses, y ante las exigencias de Estados Unidos, poco a poco se empezaron a detener más migrantes indocumentados en México y a ser deportados a sus países de origen, pero lo anterior no le bastó al presidente estadounidense, quien –como sabemos-- amenazó con la imposición de aranceles a las importaciones mexicanas.

Ahora lo que tenemos como Estado-nación mexicano, y gracias a las imposiciones de Trump y a la falta de pericia para negociar por parte de la delegación mexicana, son 45 días para detener, con el riesgo de violar sus derechos humanos, a miles de seres humanos -no sólo centroamericanos, también cubanos, sudamericanos, asiáticos y africanos- en busca de una mejor vida en Estados Unidos, y sin la garantía de que "bebé Trump" -como lo llaman sus críticos por lo inmaduro que resulta ser-- deje de amenazar de nueva cuenta a México con la imposición de nuevos aranceles.

La política migratoria "trumpiana" ahora empieza en el Río Suchiate. Por ende, es menester que los encargados de la autodenominada 4T utilicen los próximos 37 días para replantear la estrategia de negociación con Trump, pues evitar la imposición de 5 por ciento de los aranceles no vale ni la soberanía ni la dignidad de un Estado-nación.

Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Profesor e investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM y profesor de cátedra en el ITESM Puebla.

 

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