El gobierno por consultas

El pasado viernes 21 el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo por Puebla, y como en otras tantas ocasiones, lo volvió a hacer, en una plaza pública de Atlixco consultó a los presentes sobre el conflicto de aranceles entre México y Estados Unidos; la semana anterior estando en Gómez Palacio, Durango realizó otra consulta sobre el proyecto del Metrobús en la Laguna y decidió cancelarlo al instante; ni hablar ya de las consultas sobre el NAIM, el tren maya o la refinería de Dos Bocas, entre muchas otras.

La lógica del presidente es muy simple; consulta a un determinado sector de la población, o dice haberlo consultado, y según el resultado de dicha consulta, que siempre resulta favorable a sus intenciones, toma sus decisiones de gobierno. Pareciera que la consulta popular, como la está utilizando López Obrador, no se trata solo de un instrumento de democracia directa, sino de un tipo de mandato imperativo donde el electorado da instrucciones claras a su representante y éste actúa en consecuencia como si lo hiciera literalmente en su nombre y representación.

Pero hoy en día, en un Estado de partidos y en una democracia representativa, los gobernantes han sido elegidos democráticamente por sus electores precisamente para que los representen y tomen decisiones por ellos. Existen muchas decisiones de gobierno que por su complejidad, no pueden someterse a consulta del pueblo, ni pueden ser fruto de un mandato imperativo. Detrás de toda decisión de gobierno hay, o debería haber, argumentos sólidos y fundamentados, de índole económica, social, de política exterior, de seguridad interior, etc. con base en las cuales se opte por la alternativa que más conviene al país en su conjunto, al bien común. El ejecutivo no puede esperar que la población, sin tener los conocimientos técnicos (como en el caso del Aeropuerto) tome todas decisiones importantes del país.

Se equivoca también López Obrador cuando cree que por consultar a un determinado sector poblacional tiene la legitimidad para llevar a cabo determinadas conductas. En primer lugar, porque las consultas realizadas no se hacen dentro del marco del Estado de Derecho, y en segundo, por que por definición una democracia es el gobierno de la mayoría, y las consultas realizadas por López Obrador no representan, muchas veces, ni el uno por ciento de la población.

Pero lo preocupante de esta forma de tomar decisiones es que se está volviendo una práctica común; parece ya normal que en cada evento público, el presidente consulte a los presentes y tome decisiones en ese momento, y más allá de los daños inmediatos que causa por sus aceleradas acciones, lo alarmante es que se está volviendo una costumbre realizar un acto al margen de la Constitución, o como dirían los expertos, está cambiando la Constitución mediante una costumbre, y lo peor es que si sigue así, estas consultas inconstitucionales empiezan ya a cobrar tonos de normalidad, empiezan a parecer constitucionales y a gozar de aparente legitimidad. El desprecio de López Obrador por nuestra norma fundamental parece ser ya un lugar común…

*Decano Zona Sur, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, Tecnológico de Monterrey.

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