Argumentos en contra de la permisión del aborto

Todo el planteamiento a favor del aborto sin causa justificada está relacionado con y limitado por una concepción científica sobre cuál es el momento en el que hay (o no) vida, a saber, si es más o menos en las doce semanas de gestación. Sobre ese argumento científico se pretende permitir o prohibir el aborto y, siendo el último caso, tipificarlo como delito.

No se visualiza otro argumento mayor que el planteamiento científico-técnico; pero, quizás, se le suma aquel otro técnico-económico y mal conceptualizado derecho a la autonomía de la mujer para abortar o no. Este derecho a la autonomía consiste en la facultad de cada individuo para planear su futuro libremente. Por lo tanto, frente a este derecho, el Estado y sus instituciones tienen una obligación de "no hacer", es decir, la de respetar dicha libertad. Ahora bien, también tienen el derecho de "garantizar".

El derecho a la autonomía se garantiza prohibiendo el uso de drogas, la comercialización de medicamentos no comprobados o de alimentos nocivos para la salud; pero, por su parte, en el caso del aborto, esta garantía no se protege justificándolo sin razón alguna. Entonces, le corresponde al Estado implementar programas de educación sexual o el uso de preservativos; y no puede simplemente justificarlo basándose en medidas y sugerencias meramente científicas sobre lo que ellas entienden lo que sea o no el inicio de la vida, dado que -lejos de ser una justificación plausible- se trata de una razón técnico-científica. Además, con el aborto, no se protege el derecho a la autonomía de la mujer y, por el contrario, la ausencia del padre para tomar esta decisión, se contraviene el derecho de planeación del futuro de éste. Entonces, se pierde la igualdad entre el hombre y la mujer; igualdad que suele confundirse con "igualitarismo", un problema muy propio de las políticas de izquierda, que, con sus postulados, pretenden proteger los derechos de los más débiles cuando proclaman el derecho a la igualdad.

Dicho esto, en el caso del aborto, no se protege al más débil, que es el producto. La permisión del aborto se cobija en razones técnico-científicas y técnico-económicas que confunden el derecho a la autonomía de la mujer (en este caso) con el hiperindivualismo neoliberal necesario para el consumismo del mundo actual, en el que se rompe cualquier lazo afectivo y donde las personas son transformadas en autómatas para el consumo de abortos, cirugías estéticas y ansiolíticos; donde están sujetas a financiamientos de los bancos, son esclavas de los intereses y ausentes de esa autonomía. Este es, precisamente, el derecho que está promoviendo la permisión del aborto.

Otra de las funciones del derecho es la simbología que representa el contenido de sus normas; por ello, él es eficaz simplemente con el hecho de que las disposiciones legales regulen alguna conducta prohibida, permitida u obligada; con lo que basta para determinar el comportamiento de las personas que conviven en sociedad. Ahora bien, esta función se cumple a pesar de que no se aplican dichas disposiciones legales ni son vigiladas por las instituciones del Estado; como es el caso del código penal que contiene una gran cantidad de delitos por los que muchas personas no están procesadas o privadas de su libertad, no obstante basta con que se encuentre vigente el delito para que la gran mayoría de la población no cometa esas conductas.

Así, el hecho de que tales conductas estén previstas como delitos es suficiente para que permeen en la sociedad y, así, el derecho sea eficaz. Por ello, mantener el aborto como delito disminuye considerablemente la existencia de esa conducta y permite verla, también, como una forma de evitar un problema de salud pública; pues, al derogarla como delito, en el servicio de salud pública, las personas podrán exigir, incluso vía juicio de amparo, la protección del servicio para llevar a cabo legrados. Esto, abonaría a la problemática en el marco en el que se encuentran las instituciones de salud del país, a saber: dentro de un colapso económico.

Finalmente, no se puede perder de vista que el derecho, por medio de sus normas, es una forma de moralizar la sociedad; es un modo de implementar una moral pública al regular qué conductas están prohibidas y, por ello, al dejar saber que la comisión de ellas es un delito. Así las cosas, derogar el delito de aborto (que, de suyo, cuenta con una controversia ética, política, moral, económica, jurídica y religiosa) significaría aumentar la rispidez y las diferencias de nuestra propia sociedad; lo cual, desde luego, incrementaría el clima de violencia y de inseguridad: aspectos que, por lo demás, esta cuarta transformación busca combatir. Entonces, tal derogación provocaría un clima contrario al que se pretende; es decir, provocaría una sociedad cada día más dividida. Un ambiente propicio para los poderes económicos globales, quienes lo incitan para generar Estados y naciones cada vez más débiles y, así, reducirlos a simples comandancias de policía represoras de su propia población.