El desdén a la CNDH

El pasado 10 de junio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió su primera recomendación hacia el actual gobierno. Se trata de la recomendación 29/2019, que da respuesta a 204 quejas presentadas por 5 mil 340 personas agraviadas por la decisión del presidente de eliminar el programa de las estancias infantiles.

Ante esta recomendación, las autoridades responsables señaladas: la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y el Sistema DIF indicaron que no atenderían las sugerencias; incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó a la CNDH y señaló que es la recomendación la que viola derechos humanos.

No es la primera vez que el ejecutivo actual desdeña a la CNDH; ya antes, había mandado un mensaje de indiferencia cuando decidió no asistir al informe de actividades 2018 de la misma Comisión. Fue la primera vez en 29 años de existencia de la CNDH, que un mandatario no acude al informe de labores de su presidente, y no se trata sólo de un evento protocolario, sino de un informe detallado sobre el estado que guardan los derechos humanos en nuestro país. Sobra decir que la situación es preocupante.

La CNDH es un órgano constitucional autónomo que tiene como función principal vigilar por el cumplimiento y respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades estatales a cualquier nivel. Se trata de un medio de control no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, y como tal, se constituye también en un contrapeso a la autoridad del Estado. Es cierto que las recomendaciones que emite la CNDH no son vinculatorias; o como se dice coloquilamente, "no tiene dientes" para hacerlas cumplir. Pero a pesar de ello, se había arraigado ya en la praxis política, una obligación moral por parte de las autoridades de cumplir (o tratar de cumplir al menos) las recomendaciones de la CNDH.

Es cierto que el ejecutivo y sus dependencias pueden decidir no cumplir las recomendaciones de la CNDH, no obstante, desde la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar las razones de su omisión, quizá porque materialmente les es imposible o porque no se cuenta con los recursos para hacerlo, pero deben ser razones de peso y no una negativa ad nutum.

La actitud que muestra el ejecutivo y su gabinete hacia la CNDH es preocupante. Parece olvidárseles que, de conformidad con el artículo primero de nuestra Constitución, son ellos los primeros obligados a respetar y promover el respeto irrestricto hacia los derechos humanos. Si en el ámbito económico se ha dicho que el presidente ha mandado mensajes equívocos a los inversionistas, desdeñar a la CNDH y por tanto el cumplimiento de los derechos humanos es un mensaje amenazante para la estabilidad del Estado constitucional y democrático de Derecho.

Y es que, aunque no se logre un respeto cabal de los Derechos humanos, un Estado democrático (o que aspira a serlo) es un Estado que existe por y para procurar los derechos humanos, y cuando éstos no son el eje rector de un gobierno, estamos frente a un Estado no democrático sino con tintes de autoritarismo.

*Decano Regional Sur. Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Tecnológico de Monterrey

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