Turbulencia en el gabinete presidencial

"Los gobiernos de los hombres se oponen

a los gobiernos de las instituciones."

Norberto Bobbio

Durante la campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador anunció algunos nombres del gabinete que lo acompañaría en su gobierno. Era novedad en ese momento que un candidato presidencial diera a conocer los nombres de las personas que podrían ocupar una cartera en su equipo de trabajo; no es un rasgo característico de nuestra cultura política tener previo conocimiento del grupo de colaboradores de quien aspira a la silla presidencial. Salvo Vicente Fox, no recuerdo a un candidato que presentara con anticipación a sus Secretarios de despacho; si bien, no todos los mencionados por López Obrador en la campaña llegaron a ocupar las posiciones que les fueron propuestas, ya que el presidente electo cambió de opinión antes del 1 de diciembre de 2018, cuando tomó protesta del cargo. Hasta ahí, no le veo mayor problema, ya que un candidato puede tomar decisiones, hacer anuncios y recular si así lo determina, sin impactar en el funcionamiento del Estado. Situación significativamente distinta cuando se trata de un presidente en funciones que no logra mantener la cohesión y puesta en marcha de su proyecto de nación por la inestabilidad de su Gabinete; por la renuncia de sus elegidos.

El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es facultad del presidente de México nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado; de acuerdo con el artículo 91, son requisitos para ser titular de una Secretaría: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio pleno de sus derechos y tener 30 años cumplidos. La Constitución no establece ningún otro requisito, como escolaridad o especialización para ocupar una dependencia del gobierno federal. En estas circunstancias, un presidente en México puede elegir, a partir de sus propios criterios e intereses, a las personas a las que delegará la toma de decisiones colectivas; exceptuando algunos cargos que deben ser ratificados por el Senado o determinados en leyes secundarias. Siendo, por tanto, la más alta responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo.

Según la Real Academia Española, el término gabinete proviene del antiguo francés gabinet y del francés cabinet. El gabinete es el conjunto de altos funcionarios, llamados también ministros o secretarios de Estado, según sea el caso, en quienes recae la responsabilidad de contribuir en la función Ejecutiva del Estado al frente de las carteras que les han sido confiadas. Su integración es distinta en un sistema presidencial y en uno parlamentario; en el primero, el presidente nombra libremente a su gabinete, y en el segundo, de los propios parlamentarios, y a propuesta del Jefe de Estado o del Jefe de Gobierno, se compone dicha institución. El voto de confianza se trata de la ratificación de los miembros del gabinete por parte del Parlamento. Diego Valadés hace una distinción entre la ratificación y el voto de confianza: "mientras con la ratificación el Congreso confirma a una persona en el ejercicio de una función política, técnica, judicial, de mando o representación, el voto de confianza solo se expresa en cuanto a la titularidad o desempeño de funciones políticas."

En México no existe formalmente la figura del gabinete, no obstante, para el despacho de los asuntos del Poder Ejecutivo, el presidente es la única persona que tiene facultades para determinarlas cualidades de los perfiles de los candidatos a ocupar un cargo en su gabinete, entre las que podríamos identificar: lealtad, confianza, conocimientos, experiencia, expertise e ideología.

El artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece cuáles son las unidades administrativas del Ejecutivo Federal para ejercer sus funciones. Son 19 las Secretarías de Estado que conforman el gabinete actual, mismo que ha sufrido cambios importantes en los primeros siete meses del gobierno actual por diferencias irreconciliables entre algunos titulares y el presidente. Han sido 14 funcionarios públicos de mediano y alto rango de responsabilidad quienes han desertado en el arranque de esta administración, destacando: Clara Torres Armendáriz (Programa de Estancias Infantiles de la Secretaría del Bienestar), Germán Martínez Cázares (Instituto Mexicano del Seguro Social), Tonatiuh Guillén López (Instituto Nacional de Migración), Jaime Rochín del Rincón (Comisión de Atención a Víctimas), Omar Hamid García (Agencia de Investigación Criminal), Guillermo García Alcocer (Comisión Reguladora de Energía), Josefa González Blanco Ortiz Mena (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) y Carlos Manuel Urzúa Macías (Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Es preocupante que haya tantos cambios en el gabinete en tan poco tiempo, más aún que en las áreas estratégicas de gobierno hayan dimitido del cargo funcionarios públicos que advierten posibles conflictos de interés, falta de profesionalismo o inexperiencia para ejercer funciones ejecutivas. En este contexto, coincido con la propuesta de Diana Farrell y Andrew Goodman, quienes publicaron en 2013 un mapa de ruta para los buenos gobiernos. La propuesta se basa en cuatro principios: el uso de evidencia para la toma de decisiones, servidores públicos talentosos que sean bien remunerados, mayor participación ciudadana, así como el involucramiento constante del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio del gabinete. Incluso, desde la elección de un presidente sería necesario exigir un cierto perfil en los integrantes del gabinete para no dejarlo a merced de la voluntad política del momento, ya que de otro modo se antoja difícil un gobierno efectivo para el buen funcionamiento de las instituciones.