Puerto Rico en la encrucijada y los retos tras la renuncia de un gobernador misógino y tolerante de la corrupción

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Tomás Milton MUÑOZ


Julio 28, 2019

Por Tomás Milton Muñoz Bravo*

La presión de una sociedad puertorriqueña indignada y lastimada hizo efecto y con el anuncio de la dimisión -a partir del próximo 2 de agosto- del actual gobernador Ricardo Antonio Rosselló Nevares(en medio del escándalo por su participación en un chat en el que vertió junto a otros políticos mensajes homófobos y misóginos), se vienen una serie de retos importantes para el archipiélago caribeño, entre ellos definir quien conducirá al gobierno hasta noviembre de 2020,mantener el impulso que ha logrado la sociedad civil para exigir resultados a sus autoridades y replantear de nueva cuenta la conveniencia del estatus como Estado libre asociado de la Unión Americana que mantiene Puerto Rico desde 1952.

La crisis afrontada por Rosselló estalló cuando el Centro de Periodismo Investigativo reveló hace unos días contenidos de 900 páginas de mensajes privados intercambiados en la aplicación Telegram, en los que el gobernador y colaboradores cercanos hacían mofa de adversarios políticos, cantantes, periodistas y hasta de la desgracia sufrida por la población del archipiélago tras el paso del huracán María en 2017 y que dejó más de cuatro mil muertos.

Luego de 11 días de intensas protestas, el gobernador, de 40 años de edad, finalmente aceptó renunciar a su cargo, y aunque el escándalo del chat fue un catalizador para las movilizaciones sociales, la realidad es que su gestión al frente de la administración boricua, iniciada el 2 de enero de 2017, estuvo plagada de ineficiencias, actos de corrupción y escándalos por parte de sus colaboradores más cercanos.

Las gestiones llevadas a cabo por Rosselló durante la emergencia provocada por el huracán María en septiembre de 2017, fueron duramente criticadas y calificadas como ineficientes; además, antes de la publicación de los controvertidos mensajes, un juez federal acusó a varios de sus exfuncionarios y a contratistas de gobierno de conspirar para llevar a cabo fraude, robo, lavado de dinero y conspiración, proceso que se mantiene vigente, peor que ha sido obstaculizado desde el interior del propio gobierno boricua.

Dos de los involucrados en casos de corrupción son la ex secretaria de Educación, Julia Keleher, y la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila, ambas arrestadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Antes de abandonar la Fortaleza, la residencia oficial puertorriqueña, Rosselló debe de dejar a un sucesor y aunque en el discurso que ofreció el pasado miércoles 24 de julio para oficializar su renuncia indicó que Wanda Vázquez, actual secretaría de Justicia, sería la elegida, la funcionaria tiene una gran oposición por parte de sectores importantes de la sociedad, pues la acusan de tolerar la corrupción en el gobierno y de no perseguir a quienes se han enriquecido a costa del erario público. En el pasado, un juez desechó llevar a juicio a la funcionaria por violaciones éticas en el ejercicio profesional.

La Constitución de Puerto Rico indica que ante la ausencia o renuncia del gobernador en funciones, algo que nunca había pasado hasta ahora, el secretario de Estado se convertiría en el sucesor; sin embargo, quien ocupaba dicho cargo, Luis Rivera Marín, también estuvo involucrado en el escándalo de los mensajes ofensivos y dimitió al cargo hace dos semanas, lo que ha complicado la sucesión

Ante dicho panorama, el primer gran reto para Puerto Rico es garantizar una sucesión pacífica y que no quede al frente de la gubernatura un personaje que garantice protección a Rosselló, hijo del también ex gobernador Pedro Rosselló, y a su círculo cercano.

El segundo gran reto es organizar el movimiento ciudadano que ha logrado sacar del poder a Rosselló para que no se diluya y forme parte integral de las transformaciones que necesita Puerto Rico en pos de una democracia real en la que el bienestar de la población sea el eje de todo gobierno y no un mero discurso. Las protestas también pueden propiciar que la rendición de cuentas de los gobernantes sea una regla y no una excepción o un acto de voluntariedad o capricho.

Finalmente, la sociedad puertorriqueña deberá de definirse después de 67 años si desea permanecer como Estado libre asociado de Estados Unidos, convertirse en un estado más de la Unión Americana o independizarse para constituirse como república. Todas son opciones que conllevan ventajas y desventajas, pero es una determinación que ha sido pospuesta a pesar de la realización en el pasado de cinco plebiscitos en los que se ha tenido muy baja participación electoral y por ende no han podido convertirse en vinculatorios. Además, se necesita la elaboración de una ley por parte del Congreso de Estados Unidos que permita una posible independencia, situación que es poco factible.

La determinación retoma importancia de forma reciente sobre todo a raíz de dos situaciones concretas: la difícil crisis financiera que ha sufrido Puerto Rico en la última década y en la que no ha recibido el apoyo esperado por parte de Estados Unidos, y la desgracia del huracán María, en la que el presidente Donald Trump vilipendió a las autoridades locales, minimizó la desgracia y escatimó recursos para atender la emergencia y la reconstrucción.

Aunque desde 1952 Puerto Rico cuenta con una Constitución, elige a su gobernador por medio de voto popular, tiene un delegado en el Congreso de Estados Unidos (pero sin voto) y los puertorriqueños son considerados ciudadanos estadounidenses, en la práctica el archipiélago no ha sido considerado por Washington como una prioridad y somete al gobierno local a sus designios, en demérito de la identidad boricua y de su propio desarrollo como pueblo.

 

* Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Profesor e investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM y profesor de cátedra en el ITESM Puebla.

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