Dr. Silvino Vergara Nava

Hay que desarrollar una concepción de

 derechos humanos que no sea

meramente formalista, estatista y monocultural.

Antonio Carlos Wolkmer

El saldo de las iniciativas de ley, en esta nueva legislatura que inició en el año de 2018, se puede resumir en que es la misma propuesta y el intento de aplicar la misma medicina de las anteriores administraciones, es decir: la expansión del derecho penal. Las iniciativas de ley se han concentrado en aumentar los delitos de prisión preventiva, como es el caso de la reforma constitucional al artículo 19º. Sólo ha sido un aumento de las penas, como ha sucedido con la reforma al código fiscal de la federación, con la que se incrementó el delito de la expedición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Y, en general, es una propuesta de crear nuevos delitos, incrementar los casos de extinción de dominio, de hacer de las infracciones delitos, de las sanciones administrativas penas de prisión. Sin embargo, la historia de los últimos 18 años en México ha demostrado que no funciona endurecer las penas; que, por el contrario, provoca mayor rispidez entre el Estado y los gobernados; además, se pierde legitimidad en las instituciones del Estado; las sanciones tan altas en las leyes aumentan la potencialidad de la corrupción, pues la simple amenaza de aplicarlas es suficiente para fomentar la corrupción. En resumen, lo que ha sucedido es que ha pasado desapercibida la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, concretamente la del artículo 22º.

En aquella reforma al artículo 22º de la constitución, en su primer párrafo, se sostuvo que las penas deben ser proporcionales al delito. Por ende, las sanciones y las acciones de la autoridad deben ser cada día más racionales; debe existir coherencia y equilibrio entre la pena y el delito. No obstante, esto es precisamente lo que no sucede hasta ahora, como es el caso de la propuesta en la Ciudad de México, con la que la violación a los sellos de la clausura de una construcción y la continuación de la obra provoca que el bien pase al Estado; algo verdaderamente absurdo, pues es claro que contraviene el principio de proporcionalidad de las penas. Algo, por demás, que el profesor español Francisco Muñoz Conde denuncia y dice, en un sentido más práctico, que es "prohibido matar mosquitos a cañonazos" (De nuevo sobre el derecho penal del enemigo, Buenos Aires: Hammurabi, 2008).

El mismo autor del derecho penal Francisco Muñoz Conde, quien, entre sus méritos académicos, tiene haber descubierto quién fue el profesor de derecho penal del régimen nazi (Edmund Mezger), sostiene: "El penalista debe unir su voz a la de tantos otros ciudadanos, solicitando la abolición de las leyes que impiden el ejercicio de derechos fundamentales". Ahora bien, desafortunadamente, el camino que se ha estado transitando en estos últimos años es el de incrementar penas y delitos; el cual, es evidente, no es el apropiado para un cambio en el rumbo del país. En realidad, el aumento de delitos, infracciones y sanciones provoca una clara vulnerabilidad al Estado de derecho y, con ello, una menor seguridad jurídica a los gobernados, bajo la justificación de una supuesta mayor seguridad pública. Al final, empero, es claro que con estas medidas e iniciativas de orden penal se provoca mayor inseguridad jurídica.

El cambio legislativo es urgente. Ahora bien, aunque el sistema jurídico mexicano es inoperante, eso no significa que el rumbo sea la expansión del derecho penal. El rumbo es cumplir con la propia Constitución, es decir, respetar y garantizar los derechos de la población, y esto se otorga haciendo una revisión a los delitos y a sus penas, a las infracciones y a las sanciones administrativas; las cuales deben ser cada día más racionales, aunado a que los castigos deben ser acordes a las conductas prohibidas, para que no hayan medidas que provocan pánico a la población ni, por otro lado, abra la magnífica oportunidad de fomentar la corrupción. Por ello, uno de los grandes autores del derecho, después de la experiencia de los 20 millones de muertos en la segunda guerra mundial, Gustavo Radbruch, sostuvo la necesidad de insistir en la denominada "misericordia jurídica", que busca precisamente atenuar la fuerza de las sanciones y, sobre todo, no aplicar la ley a "raja tabla". Por ello, la tarea de la legislación federal actual es aprender a NO matar los mosquitos a cañonazos.