Entre 2014 y 2016, las Secretarias de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario y Territorial
Campesinos ponen en jaque a la región central de nuestro país Suspenden tratamientos de Hemodiálisis
Entre 2014 y 2016, las Secretarias de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario y Territorial, bajo el mando de Rosario Robles Berlanga, celebró contratos con Sistemas de Radio y Televisión Estatal de los Estados de Quintana Roo e Hidalgo. De igual forma signó acuerdos con universidades públicas de esas entidades federativas. En principio se hablaba de entre 3 y 4 mil millones de pesos, ahora sabemos que la Estafa Maestra asciende a poco más de 5 mil 300 millones de pesos, que llevaron a cabo Emilio Zebadua y Ramón Sosa Montes, como funcionarios de confianza de Robles Berlanga. El pasado jueves tuvo lugar la primera audiencia, que deberá concluir el próximo lunes, en la que el principal argumento es que la funcionaria federal no informó a su superior jerárquico, el presidente Enrique Peña Nieto sobre los 27 contratos ─irregularidades─, que realizaron sus subordinados. Estamos frente a un caso en el que se buscó y diseñó un procedimiento para eludir lo dispuesto por la Ley Federal de Obras Públicas y Adquisiciones; se trata de un proceso estudiado y elaborado como dolo, para disponer de recursos públicos, lo que deja al descubierto el encubrimiento y la asociación delictuosa de servidores públicos, que no cualquiera se atreve a realizar, y por lo que ahora sabemos que la Estafa Maestra ha sido solapada por una maestra de la estafa. Sin duda, el caso es catalogado como uno de los más sofisticados en el servicio público, que sentará un precedente en la historia de nuestro país. Tómelo con atención. El pasado jueves miles de campesinos, bloquearon los accesos y principales de carreteras del centro de nuestro país, poniendo en jaque a la población, y dejando al descubierto la debilidad de las autoridades. Las tomas de casetas y bloqueos de las vías de comunicación, actos considerados como delitos penales, se han vuelto una constante en los últimos meses; a nadie sorprende el hecho de que sean elementos de la Policía Federal o ahora de la Guardia Nacional, quienes recomienden a las personas no seguir un trayecto o permanecer por largos periodos en una caseta, bajo el argumento “si sigue adelante será bajo su propio riesgo”. En los últimos meses se han perdido miles de millones de pesos, ante la actitud de dejar hacer, dejar pasar de las autoridades federales. La preocupación de distintos sectores productivos y de la sociedad es el no ver cuándo las autoridades pondrán fin a estos actos delictivos. Tómelo con preocupación. Esta semana en Veracruz, por “cuestiones administrativas”, hospitales del sector salud suspendieron los tratamientos de hemodiálisis, situación que afectó a por lo menos 400 pacientes. Nosocomios en el Puerto de Veracruz, Xalapa, Yanga, Tierra Blanca y Poza Rica dejaron de atender a los pacientes desde hace dos semanas; Roberto Ramos Alor, secretario de Salud, reconoció la suspensión del servicio y explicó que se debe a que la empresa que contrataron aún no logra instalar todo los equipos. “Son meramente procesos administrativos”, destacó el secretario, “pero no pasa nada”. El proveedor del servicio es la empresa Gifyt, SA de CV, filial de Esterinova de Puebla, a quien se le adjudicó el contrato por 109 millones de pesos. La contratación se efectuó, pese a que en el pasado reciente, el Instituto Mexicano del Seguro Social retiró servicios al proveedor por irregularidades en el mismo.
*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana Socio fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo Presidente de la fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión Twitter: @Fernando_MoraG
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