La Cámara de Diputados: cuna de falsos ídolos o liderazgos

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La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la licenciada María de los Ángeles Dolores Padierna Luna, declaró, palabras más palabras menos, que dado que la fracción parlamentaria de Morena es la fuerza mayoritaria en el Congreso debería, en la persona del licenciado Porfirio Muñoz Ledo, presidir durante los tres años que dura la actual Legislatura la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. No creo esencial, para fundamentar mi artículo de hoy, precisar con exactitud la fecha del acontecimiento, pero puedo asegurar sin faltar a la verdad, que sucedió hace aproximadamente 15 o 20 días. Esa declaración contraviene lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso, que establece: “La mesa directiva de la Cámara de Diputados será electa por el pleno, y se integrará por un presidente, tres vicepresidentes y un secretario propuesto por cada grupo parlamentario. Los integrantes de la mesa directiva permanecerán en sus funciones durante un año, pudiendo reelegirse, excepto el presidente. La elección del presidente de la mesa directiva, para el segundo y tercer años de ejercicio de la Legislatura la ocuparán en orden decreciente los integrantes de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no lo hayan ejercido.”

Como puede observarse, la propuesta de la diputada Padierna es total y absolutamente ilegal, actitud que sólo se explica por el abuso de poder, soberbia y prepotencia que vienen caracterizando la mayoría de las acciones del grupo parlamentario de Morena. Ejemplos plásticos de lo aquí afirmado son: la Ley Taibo, la Ley Garrote, la Ley Bonilla, la Ley sobre la Extinción de Dominio y la Ley sobre Prisión Oficiosa.

Durante el tiempo transcurrido entre la declaración de Padierna y la fecha de la elección del nuevo presidente de la mesa directiva, ni el presidente de la República ni sus correligionarios repararon en este abuso de poder y en esta violación flagrante al Estado de Derecho, ni en este manifiesto atropello a la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados. Se llegó la fecha de inicio del tercer periodo de sesiones y de la elección del nuevo presidente, y siguió campeando en el ambiente la reelección de Porfirio.

Por derecho, a quien le corresponde ocupar la presidencia es a la fracción parlamentaria del PAN, pues es la segunda fuerza en orden decreciente que no ha ocupado la presidencia de la mesa directiva; y en el último año, a la fracción parlamentaria del PRI, si se respeta la ley y no se instrumentan chicanas legaloides. Permitir la reelección de Porfirio era permitir la violación de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, violentar los derechos del PAN y del PRI. La unión de las fracciones de Movimiento Ciudadano y del PRD era indispensable. Y así sucedió. No pudo Morena hacer su voluntad.

Para evitar una crisis legislativa, era necesario ajustar la actuación de todo el Congreso al marco de la ley y del derecho. Entre el estira y afloja transcurrieron cuatro días. Al cuarto, y ante la creciente inconformidad de los diputados y ante el vuelo mediático que estaban adquiriendo los abusos de Morena, Porfirio fue obligado a renunciar, posición que hizo pública el 4 septiembre a las seis de la tarde.

Como se puede deducir por lo aquí narrado, la renuncia no fue producto de ninguna actitud democrática, no hubo reconocimiento al derecho del PAN a presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados como segunda fuerza política, no hubo la decisión de respetar las leyes y de poner los intereses de la nación por encima de los intereses particulares. ¡No! Lo que hubo fue una actitud hipócrita para detener la avalancha que amenazaba con prolongar el conflicto, a un punto tal que daría origen a un vacío legislativo de muy graves consecuencias para la nación, además de que quedarían exhibidos como verdaderos fabricantes de leyes a la medida de sus muy particulares intereses. Ante la exhibida pública de Morena y de sus atropellos al Estado de derecho, ahora sí, presto intervino el presidente de la República quien, mediante llamada telefónica, ordenó a Porfirio renunciar a sus ansias reeleccionistas.

No hubo y no hay ninguna defensa al Estado de derecho, no hubo ningún respeto a la autonomía partidaria de Morena, no hubo ninguna defensa de las normas legales que rigen la vida del país por parte del Ejecutivo. Por el contrario, hubo la más grosera intervención en la vida partidaria de Morena. No hubo ninguna prueba de respeto a la vida democrática del país, sólo hubo una retirada táctica, tal y como lo aconsejaba la borrasca legislativa en el Congreso.

Así pues, por obra y gracia de una falsa información y de una equivocada interpretación de los acontecimientos, hoy tenemos que un reeleccionista, un tipo ansioso de poder, aparezca ante los ojos de la ciudadanía como un hombre demócrata ejemplar, respetuoso y amante de la ley y de la voluntad ciudadana, y adalid insobornable de las mejores causas populares… Todo, todo, total y absolutamente falso.

Así, por obra y gracia de información falsa y manipulada y de una interpretación equivocada de los acontecimientos, tenemos que el presidente de la República, quien ha violado en repetidas ocasiones el Estado de derecho y modificado la ley acorde con sus particulares intereses, aparezca como el defensor de la ley, como respetuoso del derecho, como el único capaz de poner orden en el desorden creado por sus condiscípulos, cuando en realidad con su silencio ante las declaraciones de Padierna, demostró ser el artífice del complot que intentó imponer a Porfirio y quitarle el derecho al PAN de presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Así, un atropello, un abuso, una injusticia, se han trastocado, por obra de la manipulación y el engaño, en mérito, convirtiendo a la Cámara de Diputados en cuna de falsos ídolos y liderazgos.

Se oculta, con toda mala intención, el hecho de que fue la unión de las diferentes fracciones víctimas del atropello, lo que evitó que se consumara semejante despropósito. Lo veo muy difícil, casi casi imposible, que esta lección sirva a las fracciones para defender legítimos intereses, tanto de las mismas fracciones como del pueblo en general. Ahí está la suspensión del ramo 23 y de los programas sociales, de los cuales nadie dice nada, a pesar de ser un verdadero y grosero atropello a las ansias de redención y de progreso del pueblo pobre de México.

La razón es clara. No está entre los objetivos de las fracciones la justicia social. La forma para alcanzarla se ha comprobado una vez más: la unión y la lucha. Deseo que, haciendo a un lado intereses mezquinos y particulares, se den la unión y la lucha entre las fracciones, para convertir a la función legislativa en arma de defensa y desarrollo de los pobres de México. Se vale soñar.

* Diputado federal del Movimiento Antorchista 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de El Popular, diario imparcial de Puebla

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