POR DOUGLAS MARÍN

La polémica reforma tributaria que implementa Costa Rica comienza a dar los primeros resultados en recaudación y contención del déficit primario, en medio de protestas y amenazas de huelga de los sindicatos que se oponen a recortes de pluses salariales, pues los consideran derechos adquiridos.

El 2019 ha sido un año convulso en Costa Rica, con la paulatina implementación del plan tributario aprobado por el Congreso en diciembre pasado, que ha generado una fuerte resistencia de sectores sindicales y ha sido uno de los factores en la caída de la popularidad del presidente Carlos Alvarado y su gobierno.

Primeros frutos de la polémica reforma

Uno de los principales puntos de la reforma, también de los más polémicos, es la creación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13 por ciento, que sustituye al de ventas de la misma tasa, pero que además de los productos grava todos los servicios, que antes estaban exentos.

La otra gran polémica viene en la parte del gasto, pues la reforma establece una regla fiscal para limitar el crecimiento de los presupuestos del Estado y sus instituciones, además de reducciones de pluses salariales en el sector público.

El IVA entró en vigencia en julio pasado y en su primer mes generó unos 156 millones de dólares, un 43 por ciento más de lo que generaba su antecesor impuesto de ventas, según los datos del Ministerio de Hacienda.

Modificaciones al Impuesto Sobre la Renta incluidas en el plan fiscal también generaron un incremento en la recaudación de ese tributo de un 24.2 por ciento.

En cuanto al gasto corriente sin intereses, el acumulado a agosto da cuenta de una caída del 0.04 por ciento del PIB, que incluye una baja del 0.07 por ciento del PIB en remuneraciones.

El déficit primario acumulado a agosto se ubicó en 1.6 por ciento del PIB, lo que supuso una reducción de 0.2 puntos del PIB en comparación con ese periodo de 2018.

La dura oposición sindical

Los sindicatos estuvieron en una huelga el año pasado que se extendió por tres meses, hasta que fue aprobado el plan fiscal en diciembre de 2018.

Durante el 2019 ha habido algunas huelgas y protestas de diversos sindicatos, especialmente del sector educativo y del de Salud, en contra de la reducción de pluses salariales que consideran derechos adquiridos, pero también en rechazo a un proyecto paralelo de Empleo Público, que busca ordenar escalas salariales; y de otra iniciativa que pretende limitar las huelgas.

Los sindicatos de Salud exigen que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), al ser una entidad autónoma que no recibe presupuesto del gobierno y que se financia con las cuotas obrero-patronales, no sea parte de la reforma fiscal.

El gran conflicto es que la reforma fiscal establece que los pluses, como es el caso de las anualidades, se calcularán de forma nominal. Anteriormente se calculaban como un porcentaje del salario, lo que favorecía el constante crecimiento de las remuneraciones.

El gremio del Sector Salud analiza irse a huelga, como ya lo hizo durante una semana a inicios de agosto, pues la Contraloría General de la República ordenó a la CCSS acatar la reforma fiscal.

Las municipalidades y el Poder Judicial también consideran que deben quedar fuera de algunas partes de la reforma, por lo que mantienen diferencias con el gobierno.

La deuda, gran reto de Costa Rica

Costa Rica mantiene en 2019 un elevado déficit financiero del 4.1 por ciento del PIB a agosto, 0.3 puntos porcentuales más que en ese periodo de 2018, esto debido al pago de intereses sobre la deuda.

El pago de intereses supuso un 2.53 por ciento del PIB hasta agosto pasado, mientras que en ese lapso de 2018 fue de 1.95 por ciento del PIB.

“Somos conscientes que para continuar por la senda hacia la sostenibilidad, se requiere avanzar en las medidas para reducir la evasión fiscal, la mejora en la gestión de riesgos y la digitalización; continuar mejorando la gestión de la deuda, para lo cual resulta imprescindible la colocación de los Eurobonos (títulos en el exterior) y el acceso a los créditos de apoyo presupuestario,” dijo la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.

En 2018 Costa Rica cerró el año con un déficit fiscal del 6 por ciento del PIB, y una deuda del 53 por ciento del PIB.

Con la reforma, el Banco Central calcula que se reducirá el déficit en 3.7 puntos del PIB al año 2022, y su impacto sería mayor en los años siguientes, mientras que la deuda alcanzaría su máximo en 2023, con un 65 por ciento del PIB, para luego comenzar a decrecer.

* Analista internacional