POR Juliana Vivar*, Óscar Emanuel Hernández** y Napoleón Álvarez*** 

No partimos de una disyuntiva, tomando en cuenta que la Guardia Nacional está inserta en el rubro de Seguridad Pública como punto número 8 del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Asimismo, las cuatro leyes reglamentarias reafirman el compromiso de protección a los derechos humanos en toda actuación de esta institución armada de naturaleza civil.

De facto, es palpable que ante los hechos delictuosos, la Guardia Nacional pareciera inactiva y sometida a las acciones de los miembros de las comunidades, hasta llegar al extremo opuesto del uso excesivo de la fuerza de años atrás.

La Guardia Nacional representa para México un cambio enorme en materia de seguridad pública. Integrar al Ejército y la Marina es una buena alternativa para disminuir el índice de delincuencia que existe en nuestro país, así como la corrupción de las autoridades de seguridad pública. Sin embargo, se presentan desafíos, pues quién nos asegura que esa institución no se van a corromper, considerando que no todos los integrantes son militares o marinos.

Asimismo, en el poco tiempo que lleva en funciones han ocurrido eventos como el del pasado 11 de agosto en Ixtenco, Tlaxcala, donde sujetos que se dedicaban al robo de tren golpearon a miembros de la Guardia Nacional y les robaron sus armas. Es decir, a pesar del entrenamiento de combate, los miembros de la Guardia Nacional prefieren no hacer uso de la fuerza para no violentar derechos humanos en respeto al artículo 5 de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, y para mantener el orden social como lo manda el artículo 6 de la Ley de la Guardia Nacional.

Para una mejor comprensión, es necesario resaltar dos puntos. Primero que —entre otros requisitos— para ser miembro de la Guardia Nacional se requiere ser ciudadano mexicano y no pertenecer funcionalmente a una institución armada; es decir, los exmilitares que ingresan a la Guardia Nacional se someten a la disciplina, mando y fuero civil; sus funciones y facultades deben sujetarse a lo dispuesto por las leyes que los rigen.

Por ello, no sólo el personal de las Fuerzas Armadas y la Marina son miembros de la institución. Sin embargo, ante la apresurada operatividad, sí son los principales integrantes que han pasado directamente a la Guardia Nacional y cuentan con la disciplina y adiestramiento de combate que hace complejo en el momento justo del hecho: medir la fuerza prefiriendo optar por el respeto a la ley en el cuidado de los derechos humanos de la ciudadanía.

Como segundo punto, el respeto a los derechos humanos en el uso de la fuerza no sólo corresponde a los miembros de la Guardia Nacional, sino a todo aquel que pertenezca a las instituciones de seguridad pública,, así como de las Fuerzas Armadas permanentes cuando actúen en tareas de seguridad pública.

Por eso es que pudimos observar en el reciente evento de Acajete, Puebla a militares de la 25^a Zona Militar asegurar una bodega clandestina de combustible, procurando el respeto a los derechos humanos a los más de cien pobladores que los agredieron para ahuyentarlos. Esto nos da cuenta de que las comunidades se encuentran bajo el control de la delincuencia organizada, y actúan como escudos para que el delito permanezca.

El llamado del presidente al buen comportamiento es necesario, a pesar de que la intención del discurso de confianza en el pueblo no ha impactado en la reducción del índice delictivo. Sin embargo, la fortaleza de la estrategia gubernamental son los siete puntos primeros del Plan Nacional de Paz y Seguridad.

Seguiremos dando oportunidad a la estrategia. En esta primera evaluación, el mismo presidente confirmó que no se veía reflejada la reducción del delito. Esperemos la siguiente en una perspectiva a largo plazo, con un proceso de capacitación necesaria actuando con respeto a las leyes. Con el mismo avance en el plan, confiamos en ver la anhelada disminución delictiva.

La atención reactiva de los miembros operativos de la Guardia Nacional en el uso de la fuerza para el combate al delito debe ser remediada. Que se realicen las acciones pertinentes para que la Guardia Nacional pueda cumplir con la protección de los Derechos Humanos, la paz social y el orden público.

Por eso es necesaria la capacitación en materia de Derechos Humanos que garanticen que los miembros de la Guardia Nacional puedan ponderar estos derechos, y al mismo tiempo evitar caer en actos de omisión, así como para mejorar la empatía que tienen los militares al fortalecer la comunicación con la ciudadanía.

Es claro que los militares poseen la capacidad de lograr adaptarse a esta nueva función que se les ha encomendado, siempre y cuando el Estado les otorgue los medios adecuados para que puedan realizar esta transición de funciones. El proyecto debe estructurarse no sólo en la ley, y debe contar con lo necesario para ser efectivo.

Pero muy importante es cambiar la perspectiva que tiene la ciudadanía sobre los militares. Un buen inicio fue la eliminación del fuero militar de los miembros de la Guardia Nacional, lo cual le da seguridad a la ciudadanía. Pero también es necesario que, como ciudadanos, hagamos conciencia del respeto a la autoridad, exigiendo garantías de protección a los derechos humanos, pero sobre la base de justicia apegada a ley, y no con el objetivo de mantener la permanencia y protección al delito.

* Profesora del Tecnológico de Monterrey. Departamento de Derecho ([email protected])

** Estudiante de la carrera de Derecho y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey

*** Estudiante de la carrera de Derecho y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey