Benito Juárez y el FMI en el paquete económico de 2020

Después del primer informe de gobierno, entre los temas que quedan claros de la presente administración es el intento de “superar” ciertos consensos económicos que se han desarrollado desde el siglo XVIII a nivel internacional. En primer lugar, la importancia del crecimiento para el desarrollo económico que implica el bienestar de las familias y la distribución equitativa del ingreso; y en segundo lugar, la trascendencia de la hacienda pública en términos de ingresos como motor del crecimiento económico.

Al menos en un par de ocasiones, el presidente de México ha referido que estamos en una etapa donde el desarrollo es primordial y después el crecimiento económico. Por lo que asistimos a un cambio de la histórica relación causal del desarrollo, incluso el ingeniero Carlos Slim secundó al presidente en esta declaración durante la conferencia de prensa de AMLO del 27 de agosto de 2019.Este acto, más que protocolario, primero, podría recordarnos cuando Benito Juárez con la finalidad de desarrollar un conjunto de proyectos de infraestructura ferroviaria y coordinar la inversión extranjera consiguió el apoyo de Antonio Escandón (1825 – 1882), banquero e industrial considerado el hombre más rico de México durante aquellos años. Segundo, el planteamiento: primero crecimiento, después desarrollo, pareciera un desafío para los teóricos de la economía, y, sin duda, una descalificación al menos a la escuela clásica del pensamiento económico, en la cual la relación entre la dotación de los factores de producción (tierra, trabajo y capital) y el nivel del producto determinan la productividad del trabajo y capital, y, por tanto, el crecimiento económico.

Sin embargo, como en sexenios anteriores, las políticas del actual gobierno federal a través de los megaproyectos (Tren Maya y el Corredor Transístmico, como ejemplos) han brindado al capital nacional e internacional espacios geográficos contenidos de estratégicos recursos naturales. El gobierno está comprometido a aumentar el área de tierra sujeta a explotación, aunque en ciertos casos ello implique el desplazamiento y el despojo de los recursos a las comunidades indígenas. Por lo tanto, no existe un desinterés del gobierno federal dirigido por AMLO por el crecimiento económico. La presente administración parece creer que basta con proporcionar al sector empresarial los instrumentos jurídico–económicos suficientes para que, precisamente, sea este rubro de agentes económicos el que genere los empleos, las rentas, el ahorro y la inversión, necesarios para el crecimiento del producto interno bruto nacional.

Así, la presente administración pretende garantizar un estado de derecho que permita a la iniciativa privada (nacional y exterior) detonar el crecimiento económico. Mientras, el gasto público mantiene un alto sentido social(distinto al gasto público en infraestructura) que intenta compensar la distribución asimétrica del ingreso que resulta, en parte, de la actual estructura impositiva, del desafío en la creación de empleos por el avance tecnológico que sustituye mano de obra, de la débil productividad del trabajo, de la problemática de los fondos de pensiones, de la política monetaria a favor de las rentas del capital financiero, entre otros elementos.

Por otra parte, el documento titulado: criterios generales de política económica para la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la federación correspondiente al ejercicio fiscal 2020, asienta que se “proponen medidas para fortalecer la recaudación, manteniendo el compromiso de no incrementar los impuestos existentes ni crear nuevos impuestos hasta demostrar una mayor eficiencia en el ejercicio del gasto público” (CGPE, 2020. p. 7). Esta política refleja el total acoplamiento a un esquema de disciplina fiscal que exige el Fondo Monetario Internacional desde hace aproximadamente tres décadas, resultando en un “austero” gasto público.

Asimismo, en México se ha desarrollado una política impositiva altamente regresiva(contribuyen más quienes menos ingresos reciben) por lo que, la reforma tributaria no debería estar condicionada a la evaluación del ejercicio del gasto. Esta medida está resultando en la reducción del gasto público en infraestructura. Basta señalar que, de acuerdo con el Inegi, las variaciones porcentuales del consumo del gobierno de los dos primeros trimestres de 2019 han sido negativas (-1.3, primer trimestre; -1.9, segundo trimestre). También, la Formación Bruta de Capital Fijo Pública (-10.9 por ciento, primer trimestre, -11.5 por ciento, segundo trimestre).

En esta breve revisión de constantes históricas, la política de austeridad en el gasto podría remontarse a las explicaciones de Benito Juárez, quien refirió: “el desnivel entre los ingresos y los egresos requiere una especial consideración de todo lo que conduzca a mejorar la condición del erario. Sin duda el Congreso se designará ver esta importante materia […] a fin de conciliar las economías que sean posibles” (Pola, A., 1905:136). Pero hay una idea del propio Benito Juárez que parece estar olvidándose: “El ejecutivo considera que al paso que deben hacerse todas las economías posibles para reducir los gastos públicos a lo absolutamente necesario, no sería prudente privar al erario de los recursos indispensables para satisfacer las necesidades de la nación” (p. 145). Hoy en día, una de ellas es la asistencia médica,que al ser uno de las requerimientos más importantes de la población mexicana no puede ser sujeta a las políticas de austeridad del FMI.

Fuente: Pola, A., (1905) “Discursos y Manifiestos de Benito Juárez”. Ed. A. Pola. Pp. 136, 145, México.

Criterios Generales de Política Económica(2020) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, p. 7, México.

*Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Economía - UNAM

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