Cuidemos la boca porque las palabras también dañan, dividen, aniquilan

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Tomás Milton MUÑOZ


Septiembre 22, 2019

La libertad de opinión y de expresión es un derecho ganado durante siglos a costa conflictos armados y de sangre, y tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial se encuentra consagrado tanto en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como en las constituciones de la mayor parte de los países que integran dicho organismo internacional, sin embargo, esta potestad se confunde con el libertinaje, especialmente en esta época de redes sociales electrónicas, al ser usado de forma indiscriminada para infringir descalificaciones, miedos, odios e injurias.

La llamada sociedad de la información no depende en la actualidad de los medios tradicionales como la prensa, la radio o la televisión para informarse, ahora se entera de manera instantánea gracias a internet y a las redes sociales electrónicas y sus integrantes son partícipes activos en la generación de contenidos, lo que por sí mismo es resultado de las luchas emprendidas desde hace siglos por la libertad de expresión, derecho que debe de ser defendido, pero sobre todo cuidado, especialmente ante los excesos de personas comunes y corrientes, pero también de líderes políticos que se niegan a reconocer –o no quieren entender– que las palabras también sirven como armas poderosas capaces de fragmentar sociedades y de violentar otros derechos humanos.

En días recientes, las redes sociales electrónicas en México se convirtieron de nueva cuenta en escenario para criticar o defender un malentendido derecho a la libertad de expresión frente a la irresponsabilidad en el uso de las palabras. El pasado 15 de septiembre la primera oficial de una aerolínea comercial de nombre Ximena García usó su perfil en Facebook de forma irresponsable para sugerir que si cayera ese día una bomba en el Zócalo de la Ciudad de México se haría un favor al país.

La declaración de la joven trabajadora del aire no puede ser considerada como una simple broma en un país dividido ideológicamente y en el que todos los días se registran 102 asesinatos diarios, se violan o asesinan 18 mujeres cada día, y en el que se vive un “estado de guerra” en contra de los grupos del crimen organizado. La “broma” de Ximena, quien ya se disculpó por la misma vía, no puede ampararse bajo el supuesto de la libertad de expresión, de la misma forma que tampoco debería de tolerarse que funcionarios públicos como el subdelegado del ISSSTE en Michoacán, José Manuel Mireles, se exprese con palabras misóginas en contra de las mujeres —recordar que usó términos como “pirujas” y “nalguitas”—, en un país en el que la violencia de género es oprobiosa y una realidad que se vive todos los días.

Los dos personajes deberían de entender que las palabras pueden provocar enconos y perpetúan la violencia creciente que vivimos en México. Lo que hicieron fue tergiversar la libertad de expresión y no tendrían que ser defendidos y ambos tendrían que afrontar las consecuencias de sus palabras, aunque en el caso del funcionario público, la llamada 4T o Cuarta Transformación lo ha cobijado y sólo fue enviado a tomar un taller sobre derechos humanos, mientras que Ximena fue separada temporalmente de su cargo en la aerolínea.

La imprudencia de los personajes antes referidos podría quedarse en el anecdotario, el problema es que desde la más alta esfera del poder en México no existe la mesura suficiente para promover el respeto de las ideas y de la diversidad, por el contrario, se promueve la descalificación y una lucha clasista entre “pueblo bueno” y “fifís”. En la Presidencia de la República no terminan por entender —o no desean hacerlo porque así les conviene– que el vituperio enardece y divide y que las críticas de la prensa son necesarias para la autoevaluación y forman parte del derecho a la información.

“Prensa fifi”, “pórtense bien”, “¿a poco la prensa no aplaude?” son frases que Andrés Manuel López Obrador ha dedicado a los integrantes de medios de comunicación, con lo que descalifica su capacidad crítica y su derecho a cuestionar las actividades presidenciales, en un país en el que son habituales las agresiones y atentados en contra de los periodistas. Basta recordar que México es el país más peligroso en América Latina para ejercer dicha profesión, de acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras.

Desde el poder público, otro ejemplo reciente en cuanto a excesos en la libertad de expresión fue el cometido por el historiador Pedro Salmerón, titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), al calificar en Twitter de “valientes” a los integrantes del grupo guerrillero que secuestró y asesinó al empresario Eugenio Garza Sada en septiembre de 1973.

A pesar de que Salmerón ya se disculpó y de que subrayó que la guerra sucia llevada a cabo por parte de los gobiernos priistas en la década de 1970 en contra de grupos opositores propició la aparición de grupos guerrilleros, el funcionario sigue sin comprender que no se debe de hacer apología del delito, por lo que no se tendría que calificar de “valientes” a quienes asesinaron al connotado empresario quien, además, apoyó de forma fehaciente la educación superior en este país, sin importar que haya sido un modelo privado, pues de él han egresado grandes profesionistas.

El uso de las palabras es tan importante que permite crear amigos o enemigos, y es por eso que cada vez que Donald Trump o la prensa usa la palabra ilegal para referirse a los migrantes indocumentados, lo que generan es una bola de odio y discriminación en contra de seres humanos que sólo buscan salvar sus vidas y tener oportunidades de desarrollo.

Los actos cometidos por los seres humanos pueden tipificarse como delitos, pero ninguna persona debería de ser llamada ilegal, pues al hacerlo se le criminaliza y se le hace más vulnerable.

Basta de darnos palmada en la espalda y de decir que nada pasa si llamamos a las mujeres “zorras”, a los originarios de pueblos autóctonos “indios patas rajadas”, a los que viven en comunidades populares “nacos”, a los pudientes “fifís”. México es un país profundamente racista y clasista, ya es hora de que dejemos de banalizar las palabras, porque éstas pueden hacer daño al estigmatizar, justificar y matar.

Políticos y ciudadanos en general tenemos una gran responsabilidad en el manejo de las palabras y de las redes sociales electrónicas, porque la libertad de opinión y de expresión no significa impunidad, vituperio, desprecio o desinformación. Si fallamos en el cometido le habremos dado la razón al semiólogo italiano Umberto Eco, quien afirmó en 2015 antes de morir que:

Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que antes hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos rápidamente eran silenciados, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los imbéciles.”

 

* Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Profesor e investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM y profesor de cátedra en el ITESM Puebla

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