23 de septiembre de 1965: asalto al cuartel Madera

“Puesto que era tierra lo que peleaban,

denles tierra hasta que se harten”

General Giner Durán

Gobernador de Chihuahua, 1969

El 23 de septiembre de 1965 fue el asalto al cuartel de Madera en Chihuahua por un grupo guerrillero encabezado por Arturo Gámiz. Suceso que cumple 54 años en 2019 y que se considera trascendente en la historia reciente de México, debido a que fue el primer movimiento violento contra un cuartel militar después de la revolución mexicana. Suceso que, también, a 50 años de la Revolución Mexicana, mostró una vergonzosa y triste realidad, a saber, que todavía en esas fechas, se estaban haciendo los mismos reclamos y exigencias que dieron origen a la misma revolución, principalmente, la agraria de Morelos: la tierra para trabajar.

La noticia de aquel 23 de septiembre de 1965 fue materia de la prensa mexicana de ese entonces, bajo las versiones de: “masacre en ciudad Madera”, “trece muertos y más de quince heridos”, “la gavilla de Arturo Gámiz exterminada”, etcétera (GLOCKNER, Fritz, Memoria roja, Ediciones B, México, 2007). Todo lo cual representa que las modificaciones jurídicas que se dieron como consecuencia de la revolución mexicana, iniciando con la Constitución, no fueron efectivas y ha provocado como consecuencia esa reacción marginal de la sociedad, como es el caso de 1965 en Chihuahua.

Uno de los grandes problemas que hay actualmente (y desde siempre) es que se ha creado una serie de leyes, reglamentos, instituciones públicas con el afán de hacer efectivos esos cambios que requiere el país. Sobre todo, cada seis años se muestran, particularmente, cambios jurídicos e, incluso, constitucionales para que el Estado marche en la forma requerida; cambios que, no obstante, no han sido efectivos y hacen que las exigencias sigan, pues por parte del Estado no sucede nada. Por el contrario, lo que ha sucedido es que todo se está dando a la inversa; por ejemplo, se han disminuido las prestaciones por parte de las instituciones del Estado e, incluso, estas han pasado a manos privadas. Existe mayor impotencia en los gobernados para que se puedan cumplir sus exigencias. Es decir, hemos sido testigos de un fenómeno de un Estado reducido al mínimo.

Y a esto habría que sumar otro fenómeno, el cual, en un primer momento, ha legitimado y justificado las labores del Estado, a saber, el excesivo uso del concepto de los derechos humanos. Las instituciones gubernamentales tienen como deber primordial el respeto y garantía de los derechos humanos, a decir del tratadista italiano Luigi Ferrajoli. (Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional. Madrid: Editorial Trotta, 2011).

Pero lo que nos estamos encontrando en el camino —y esto es lo que, en su momento, ha decepcionado a la población— es que el concepto de derechos humanos es sumamente ambiguo, pues significa muchas cosas e involucra a muchos. Por ende, se hace contradictorio, pues pueden ser usados para luchar a favor de la esfera más alta del estrato social y pueden también servir para las exigencias de los más oprimidos. Por lo tanto, se contradicen, se oponen permanentemente. Por ello, unas exigencias se cumplen y otras no. Y es que, cuando se habla de derechos humanos, hay que ser muy puntual de qué derechos humanos se está hablando; es decir, si se habla de los derechos de libertad o de los derechos de igualdad, de los derechos de libertad económica o de los derechos del medio ambiente sano, a la salud, etc. Lo cierto es que, ante la ausencia de políticas claras y evidentes de izquierda y derecha, hoy se habla única y exclusivamente de los derechos humanos y en forma generalizadas: no hay oposición al hablar de ellos. Así, el problema es: ¿cuáles son de los que se habla para hacerlos efectivos?

Finalmente, está el problema democrático, pues, muchas de las ocasiones, las instituciones del Estado no se encuentran en condiciones de establecer los mecanismos que permitan la aceptación y recepción de muchos de los reclamos en el cumplimiento de los derechos humanos. Siempre hay una imposibilidad de encontrar los canales adecuados, democráticos y pacíficos, para ello; algo que ha provocado, en la historia, las reacciones violentas, como la que se sucedió aquel 23 de septiembre de 1965. Por ello, surgen grupos subversivos; uno de los puntos más delicados que deben afrontar las políticas públicas actuales. Es necesario ser más incluyentes en las exigencias de los derechos de la población; hay que considerar que la población es tanto los de arriba como los de abajo, pero, sobre todo, la clase media, cada día más oprimida y vituperada; aquella que —a decir de la historia— es de donde surgen las ideas y las personas que van conformando esos movimientos.