La IP y el desarrollo social

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Adrián SALAZAR


03 Oct 2019

En días recientes la LX Legislatura del Estado de Puebla, concretamente la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, aprobó el Dictamen con Minuta de Decreto para reformar el similar de Creación del Organismo Público Descentralizado (OPD) denominado “Ciudad Modelo”. De acuerdo con el presidente de dicho organismo legislativo, se trata de restablecer las facultades municipales que se adjudicó el OPD “Ciudad Modelo” en su creación, restituyendo así a los ayuntamientos de la región la prestación de servicios públicos municipales, como el cobro de predial y usos de suelo.

El argumentó en que se basó dicha decisión, explicó el presidente de la comisión legislativa, es porque este proyecto –impulsado por el exmandatario panista Rafael Moreno Valle Rosas-- no cumplió con las expectativas de desarrollo de los municipios de la región, por lo que es necesario impulsarlos respetando su autonomía y sus derechos constitucionales.

El dictamen aprobado señala que el OPD “Ciudad Modelo”, tendrá que coadyuvar en el desarrollo económico de esa zona y del estado mediante la promoción, uso y aprovechamiento de la infraestructura y los espacios inmobiliarios que le pertenezcan, le estén asignados o administre dentro de la zona de desarrollo contemplada, así como la ejecución de las acciones y la prestación de los servicios necesarios para su conservación y mantenimiento, con respeto irrestricto a la autonomía municipal.

Como vemos, se trata de un proyecto fallido en el que el Estado le dio a la Iniciativa Privada (IP) todas las facilidades para su instalación, desarrollo y crecimiento en la entidad poblana, a cambio de crear fuentes de empleo para la mano de obra que se ofrece en la región y, con esto, de forma paralela y recíproca, impulsar la economía en los municipios involucrados, lo que –se supone-- traería consigo una mejor calidad de vida para miles de familias. En los hechos, esto nunca sucedió.

El gobierno de Moreno Valle creó el proyecto de urbanización a la llegada de la planta de Audi al municipio de San José Chiapa, donde se fabrican automóviles de lujo. El entonces mandatario estatal prometió a los inversionistas alemanes que sus directivos y obreros tendrían un lugar cerca de su centro de trabajo, que contaría con servicios médicos, escuelas y centros de diversión. La obra abarca los municipios de San José Chiapa, Nopalucan, Rafael Lara Grajales, Mazapiltepec y Soltepec, y hasta ahora ha significado una inversión de al menos 1 619.7 millones de pesos de recursos públicos, de acuerdo con datos periodísticos.

El organismo entró en funciones en 2017, ese mismo año tuvo un presupuesto de 22.6 millones de pesos, que para 2018 subió a 115.4 millones y para 2019 bajó a 47.4 millones. Suma y sigue. El último informe de gobierno de Moreno Valle Rosas, en el apartado “Detonadores Económicos”, señaló que en 2016 se generaron 2 mil 431 empleos directos, junto con otros 9 mil 723 indirectos.

Es decir, el Estado invirtió muchos, muchísimos recursos económicos en un proyecto fallido, recursos de los que se hizo con la recaudación tributaría de la que nadie esta exceptuado y que, en nuestro país, se carga principalmente sobre la clase trabajadora y empobrecida. ¡Vaya contradicción!, pero ésa es la realidad.

Pues bien, luego de darse a conocer que el Congreso del Estado restableció las facultades municipales que se adjudicó el OPD “Ciudad Modelo”, los presidentes municipales de Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, Nopalucan, Mazalpiltepec de Juárez y Soltepec denunciaron que Audi no contribuye al desarrollo social. Sus palabras fueron textualmente: “no somos beneficencia pública, nosotros venimos a hacer autos,” afirmó Arturo López Vélez, alcalde de Achiapa. Neoliberalismo puro.

La stockholdertheory del premio Nobel de Economía, Milton Friedman, reza que cuando las empresas se ocupan de la comunidad, en lugar de centrarse en los beneficios sociales, éstas se concentren en crear más riqueza, que –según él-- es la función que más beneficia a la sociedad. “La única preocupación de las empresas es aumentar las ganancias para sí y para sus accionistas,” plantea en su libro Capitalismo y libertad.

Es decir, a los empresarios de Audi no les molesta en nada, en lo más mínimo, en lo absoluto, que los municipios donde instalan sus fábricas armadoras no se desarrollen, porque “su única función” es incrementar sus ganancias a través de crear mercancías y destinarlas al mercado, y así apaciguar su insaciable hambre de ganancia a costa de lo que sea. Para colmo de la ignominia, el Estado debe darle a la IP todas las facilidades posibles y más: la mano de obra en extremo barata.

Karl Marx demostró científicamente en su obra cumbre El capital, que la única fuente de riqueza es la fuerza de trabajo del obrero, pues él interviene con su capacidad creadora, su desgaste de energía durante el proceso de producción donde transforma la materia prima haciendo uso de los medios de trabajo durante extenuantes horas, tiempo en el que produce mercancías con valor que superan por mucho lo que se le regresa como salario, mientras que la mayoría de las ganancias se las queda el dueño de los medios de producción. ¿Cuántos miles de pesos suman las ventas de automóviles de Audi al día? De eso, ¿cuánto se les regresa a los obreros en salarios?, ¿quién se queda con la diferencia?, ¿quién “mata”, pues, produciendo la riqueza que acumulan unas cuantas manos, los obreros o los dueños de las fábricas?

Me parece que queda clara la situación por la que atraviesa nuestro país desde hace ya varios años. A las empresas no les importa nada contribuir al bienestar de quienes crean la riqueza que ellos concentran. El Estado, lejos de intervenir en favor de la sociedad atendiendo los intereses del pueblo pobre y trabajador, se pone a disposición de la IP. El obrero se encuentra entre la espada y la pared: por un lado, sometido a la voluntad de la clase empresarial; y por el otro, desde el de clase gobernante. Esto trae como consecuencia otra desgracia más: bajos salarios y desempleo. De eso hablaremos después.

En este panorama, el Movimiento Antorchista Nacional ha planteado desde hace ya varios años un proyecto de ajustes al modelo económico basado en cuatro ejes para mejorar considerablemente la vida de todos aquellos que dependen de vender su fuerza de trabajo para la subsistencia propia y de sus familias.

Dos de esos puntos tienen que ver con este grave problema: política fiscal progresiva y reorientación del gasto social; es decir, que quienes ganan más paguen más impuestos, mientras que quienes tengan menos ingresos económicos paguen menos impuestos. A su vez, que el Estado, con los recursos que recaude, los aplique en mayor porcentaje a los sectores más empobrecidos, mediante obra pública de calidad como servicios de salud, de educación, infraestructura, obra pública y servicios básicos, entre otros.

Esto, sin duda, mejoraría considerablemente la calidad de vida de millones de mexicanos. Es hora de luchar, pues, por el poder político del país, para implementar este proyecto que es tan necesario.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de El Popular, diario imparcial de Puebla

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