La suspensión del 45 Aniversario en Chiapas: atropello a los derechos ciudadanos por parte del gobierno de Morena

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Seguramente, a varios de mis caros lectores, al leer algunas de mis colaboraciones semanales, les ha quedado la idea de que exagero al comentar las reformas o iniciativas que son propuestas en el Congreso de la Unión por parte de la fracción parlamentaria de Morena; o que dichos comentarios son motivados por una oposición cerrada, infundada, injustificada, contra la Cuarta Transformación y su gobierno, y que se trata de buscar a fuerza “el prietito en el arroz”.

Así, he dado a conocer a la ciudadanía el peligro que, desde mi punto de vista, representa para la libertad ciudadana y para el ejercicio de una auténtica vida democrática, la aprobación de iniciativas y reformas constitucionales. Dije que la aprobación de la Ley Garrote en Tabasco es un atentado contra la libre manifestación y la libre organización, derechos consagrados por la Constitución; que la Ley Sobre la Extinción de Dominio y la Ley Sobre Prisión Preventiva, en la forma como fueron aprobadas, son una violación flagrante a la presunción de inocencia; que es poner la libertad ciudadana en labios de cualquier calumniador, y es convertir a los agentes del Ministerio Público en cancerberos dispuestos a ejecutar cualquier venganza; que las acusaciones lanzadas desde Palacio Nacional y en todo acto público, contra individuos u organizaciones, usurpando funciones de la Fiscalía General de la República sin aportar ninguna prueba de lo sostenido, son prueba suficiente del ejercicio de un gobierno absolutista, antidemocrático y violador del Estado de Derecho.

Viene todo esto a cuento porque, con motivo de la celebración del 45 Aniversario del Movimiento Antorchista Nacional en el sureste del país, el gobierno del estado donde se celebraría dicho evento convocó a la dirigencia regional para comunicarle que “por órdenes superiores quedaba cancelado el permiso para utilizar el estadio Víctor Manuel Reyna, y se prohibía la realización del evento en cualquier espacio público”.

Para mayor claridad de los lectores, es necesario dejar sentado que nuestras relaciones con el gobierno del estado de Chiapas, hasta el 7 de octubre (esperamos que sigan permaneciendo igual) eran relaciones cordiales, de mutuo respeto, de colaboración y de atención, por lo que la suspensión del acto, dado el estado de cosas descrito, nos lleva a concluir, sin forzar la lógica, que la orden para violar nuestras garantías constitucionales provino del gobierno federal.

Es una intervención grosera del gobierno de la República en la vida de los estados. Si algo hay que criticarle al gobierno de Chiapas es su obsecuencia para obedecer “a pie juntillas” la orden anticonstitucional girada por el gobierno federal. No más.

Estamos, por tanto, ante una prueba irrefutable de las acciones de un gobierno antidemocrático, violador consuetudinario de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución General de la República. No exageramos nadita al haber dado el grito de alerta a tiempo y, por tanto, no nos sorprende este golpe antidemocrático y dictatorial.

Si denunciamos el hecho, es porque está en riesgo la vida de los dirigentes nacionales del antorchismo, porque nos indigna tanto abuso de poder y tanta hipocresía, tanta falsedad con la que se maneja el gobierno de la República, el que por un lado dice ser defensor de la legalidad y el derecho; y por otro, se lanza a reprimir a organizaciones y a ciudadanos que, dando pruebas de integridad política y moral, se atreven a cuestionar los actos ilegales del gobierno y a diferir de la política errática de la 4aT. El cese del juez que detuvo la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía viene a unirse a la cadena de pruebas que demuestran el uso faccioso del poder.

Es también necesario dejar sentado que esta denuncia bien hubiéramos podido hacerla pública, aprovechando la comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, así como la intervención en la tribuna de esa misma cámara del que esto escribe.

Dando muestras de racionalidad política, de cortesía parlamentaria y de respeto a su cargo, optamos por solicitar una entrevista con la señora secretaria para denunciar personalmente este acto represivo y violatorio de la Constitución.

La secretaria remitió a los diputados federales antorchistas con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, quien nos recibió el 10 de octubre, después de una larga espera.

De viva voz, le manifestamos al subsecretario la inconformidad del antorchismo nacional por el acto represivo de que fuimos víctimas. Le pedimos también el debido respeto a nuestros derechos constitucionales y las garantías necesarias para la seguridad de nuestros compañeros dirigentes del sureste. Por último, solicitamos que se fijara una nueva fecha para la realización del evento. Con actitud amable, que buscó ocultar la mano poderosa que deshizo el acto, el funcionario de referencia se comprometió a ser el interlocutor para obtener la autorización del gobierno de Chiapas, además de fijar una nueva fecha para nuestro evento. Consideró como algo inadecuado tener que ocuparse de estos asuntos, cuando había una agenda más importante y trascendente con el Movimiento Antorchista que era necesario revisar para buscar posibles soluciones.

Estamos en espera de la respuesta, que prometió hacérnosla saber la tarde de ese mismo día. La impresión general de la comisión es que dio manejo al problema, pero que seguramente no va a resolver absolutamente nada, porque no puede corregir Poncio los atropellos que comete Pilatos.

Esperaremos un tiempo razonable para obtener la respuesta, pero como seguramente obtendremos por respuesta el silencio absoluto, el antorchismo nacional prepara ya a sus contingentes para hacer valer nuestro derecho a la libre organización con fines lícitos, y nuestro derecho a la libre manifestación, consagrados por la Constitución General de la República.

La lucha del Movimiento Antorchista Nacional a mediano plazo es por defender nuestros derechos atropellados, pero a más largo plazo, es luchar por la libertad, el respeto y las garantías constitucionales del pueblo mexicano, razón por la que no únicamente merecemos tu comprensión a nuestras protestas, sino tu apoyo decidido y total. Es por la libertad y la dignidad del pueblo México, que hoy se encuentran seriamente amenazadas. 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de El Popular, diario imparcial de Puebla

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