… Y sin política urbana no hay gobernanza

De los 217 municipios con que cuenta la entidad poblana, no menos de 50 son predominantemente urbanos, y muy pocos, como Puebla, Amozoc, Cuautlancingo lo son en su totalidad; San Martín, Tehuacán y Teziutlán van que vuelan para allá.

En contraparte, la actividad agrícola y pecuaria desaparece, arrasada por la expansión urbana depredadora por partida doble: el proceso de urbanización descontrolado, voraz que arrasa a mansalva el medio natural; y porque elimina las posibilidades de resiliencia territorial, lo que acrecienta los riesgos y vulnerabilidad del sistema urbano.

El estado de Puebla ha sido testigo de semejantes desastres:

En 2001, en San Martín, con la explosión de ductos que generó un infierno que arrasó lugares y personas (accidente o extracción clandestina).

En 1999, en Teziutlán se resintieron los efectos de la urbanización irregular, altamente densa, improvisada, que literalmente se erige sobre los altos cauces de barrancas y ríos.

Acatzingo, que con cierta frecuencia inunda con petróleo sus ricos campos irrigados.

En 1999, en Puebla se desbordó el Río Alseseca, que provocó una tragedia.

En todos ellos (los desastres arriba señalados) se dio por causa a la naturaleza indómita, cuando de forma evidente lo que fallaba era la política urbana municipal. Brilló por su ausencia la capacidad de respuesta.

Al revisar los programas de desarrollo municipal publicitados por los gobiernos locales, lo que verdaderamente extraña es la falta total de visión territorial, a veces incluso de municipios completamente urbanizados, como Puebla, donde, al menos desde hace diez años, los programas de gobierno municipal incluían un eje urbano y medioambiental en su política. Cierto que en múltiples casos eso estaba --está aún-- motivado por la suculenta administración de los usos del suelo, más que por vocación ética de los gobernantes a la conservación del hábitat natural o cultural, dado que para los municipios con procesos urbanos intensivos, el manejo del suelo representa una potente fuente de ingresos directos, indirectos, ordinarios y extraordinarios, oficiales y extraoficiales; es decir, “en lo oscurito”, y por eso los vemos prestos a dar permisos donde no hay condiciones de aptitud urbana.

Eso en el mundo de ilegalidad que es paraíso de inmobiliarios y territorio de patrimonialismo político de unos cuantos. Cedida la tentación, sobreviene la avalancha de clústers habitacionales cerrados, que no construyen ni siquiera la banqueta de su frente de calle –50 metros--; edificios altísimos levantados en los lugares más estrechos de las carreteras estatales (ejemplo deprimente: camino de Coronango, bordeado de zonas habitacionales; y el desfigurado edificio Galatea, adjunto a un estrecho puente que salva un riachuelo y que además hace nudo vial al desembocar a Plaza San Diego y el bulevar Forjadores).

Causa asombro que los municipios metropolitanos carezcan en sus programas de visión y acciones sostenidas. ¿Dónde están las comisiones y consejos metropolitanos que determina la ley?, ¿cuáles son los proyectos en materia de habitabilidad, movilidad, competitividad y medio ambiente, fundadamente factibles, y quién los articula?, ¿los gobiernos de la Cuarta sanearán el Río Atoyac, cuya contaminación generalmente se atribuye a la corrupción?... ¡Pa' luego es tarde!, lo agradecerán los ciudadanos y las organizaciones amigas del Río Atoyac, activas e ilustradas.

Ingenuos y optimistas, algunos todavía creen que con aplicar la Nueva Agenda Urbana, en un santiamén seremos: globales, locales, sustentables y sostenibles. ¿Sí? Pero el problema es que antes hay que definir:

· El proyecto de ciudad, que depende del ayuntamiento en acción… no sólo de un hombre o mujer;

· Contar con eficientes instrumentos de regulación y control;

· Desarrollar capacidades municipales (cuadros técnicos, según perfiles).

Gobernanza local es mantener el timón firme hacia un objetivo sostenido de máxima inclusión social, respeto al medio ambiente y al Estado de derecho. ¡Oh fortuna!

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