La ominosa vulnerabilidad de los niños migrantes en su paso por México

El territorio mexicano es paso obligado para miles de infantes y adolescentes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos, ya sea para reunirse con familiares o iniciar por sí mismos una nueva vida, alejada de la violencia y la pobreza que afrontan en sus países de origen; sin embargo, en su transcurso por México, son sujetos a actos de discriminación y de extorsión, así como a ataques sexuales y hasta de separaciones familiares en centros de detención, hechos que representan claras violaciones a tratados internacionales y a las leyes nacionales.

En buena parte de los casos, los niños migrantes transitan por nuestro país sin compañía de adultos y debido a problemas familiares, pobreza y violencia ejercida por bandas criminales en Guatemala, El Salvador y Honduras se ha incrementado el flujo de infantes camino hacia Estados Unidos.

Tan sólo en 2017, se detectó a unos 18 mil 300 niños extranjeros en México provenientes de los tres países centroamericanos antes mencionados, de los cuales unos 16 mil fueron retornados a sus lugares de origen, no sin antes haber pasado un calvario por nuestro país, en donde por su condición de infantes son más expuestos a sufrir situaciones de hambre, frío, enfermedades y violencia por parte de adultos, del crimen organizado y de autoridades mexicanas.

Durante los primeros seis meses del año en curso, el Instituto Nacional de Migración (Inami) detuvo a 27 mil migrantes entre 1 y 17 años, de los cuales 7 mil no iban acompañados por adultos. Esta situación ha puesto en aprietos a las agencias mexicanas, que deben de garantizar el respeto a los derechos humanos ante una creciente migración, y al mismo tiempo con recursos materiales y humanos limitados.

El panorama luce más complicado si se considera que el actual gobierno mexicano aceptó desde junio de 2019 las condiciones impuestas por Donald Trump para modificar su política migratoria y convertirse en un muro de contención para los migrantes irregulares que buscan llegar a Estados Unidos, a cambio de no imponer aranceles a las exportaciones mexicanas que llegan a la Unión Americana.

La participación de unos 25 mil efectivos de la Guardia Nacional y de elementos del Ejército y policías locales para detener, capturar y expulsar a migrantes en tránsito, ha generado actos de violencia en contra de los migrantes irregulares, incluidos los infantes.

Otro elemento de preocupación es el trato que otras instituciones brindan a los niños. Por ejemplo, en las estaciones migratorias con las que cuenta México, es una práctica cotidiana la separación de los infantes de sus padres, mientras permanecen encerrados a la espera de ser deportados, lo que representa una violación a los derechos de los niños plasmados en convenios internacionales que ha firmado México.

El Consejo Ciudadano del INM ha reconocido que no hay un criterio de separación claro, y cuando se carece de espacios suficientes, los niños de 7 u 8 años no pueden estar con sus mamás en los centros de detención y se les traslada a celdas con personas adultas. También se han dado casos de niñas y mujeres adolescentes que son apartadas de sus papás.

Y aunque hay momentos durante el día en que se les permite estar juntas a las familias, la realidad es que son separados los niños de sus padres de manera regular, ante la falta de una estructura adecuada en los centros de detención, en los cuales los infantes también pasan semanas y meses en la incertidumbre, a pesar de que se deberían resolver sus casos de repatriación u otorgamiento de refugio de manera expedita.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que por protocolo y de acuerdo con la normatividad mexicana, los infantes no acompañados deberían de estar bajo custodia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y no recluidos en estaciones migratorias, como se ha visto en diferentes ocasiones.

Hasta el pasado viernes 18 de octubre, el DIF tenía bajo su custodia a unos 400 niños no acompañados, principalmente originarios de Centroamérica, en espera de que las autoridades migratorias determinen cuál será su destino y, debido a las condiciones adversas que se viven en la región del Triángulo Norte centroamericano, se prevé que esta institución recibirá una cantidad mayor de infantes en lo que resta del año, pero a pesar de ello sus recursos presupuestales fueron reducidos en 30 por ciento durante 2019, y cuenta con 20 por ciento menos de personal que en 2018.

En cuanto al crimen organizado, los infantes padecen los abusos de traficantes de migrantes, que los golpean, les quitan dinero y los abandonan a su suerte en territorio mexicano. También son vulnerables ante los tratantes de personas, que los utilizan con fines de explotación laboral y sexual o los reclutan en bandas delictivas.

Las acciones de protección dirigidas a los niños migrantes, acompañados y no acompañados, son aisladas y descoordinadas, y se carece de una política migratoria integral de atención dirigida a los infantes extranjeros, y algo similar se observa con los casi 5 mil menores de edad mexicanos que han sido repatriados desde Estados Unidos en los primeros siete meses de 2019, pues se carece de medidas estructuradas para insertarlos en las comunidades de origen y en el sistema educativo nacional, pues una parte de ellos no habla español debido a que iniciaron sus estudios en la Unión Americana antes de ser expulsados de ese país, solos o junto a sus padres.

Las políticas migratorias xenófobas impulsadas por el actual presidente estadounidense, quien ha promovido la separación familiar y el enjaular a infantes, así como las carencias del Estado mexicano, han convertido a los niños migrantes en actores aún más vulnerables, pero pasan desapercibidos en una sociedad mexicana convulsa y polarizada por temas políticos y de inseguridad.

A pesar de lo anterior, el Estado mexicano, y en especial sus autoridades, tienen la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de los migrantes en general y de los infantes en particular, sin importar su estatus migratorio, por lo que se requiere de políticas de corto, mediano y largo aliento en cuya formulación y revisión tendrían que participar organismos internacionales, gobiernos de países expulsores, sociedad civil y academia, pues de lo contrario estaremos privando de oportunidades de desarrollo a generaciones completas, con graves consecuencias para los países expulsores y de tránsito. 

Nota: Los fracasos en materia de seguridad interna, como la fallida captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, no sólo afectan la imagen del actual mandatario, también constituyen laceraciones para los demás actores que conformamos el Estado mexicano, entre ellos la población.

Es momento de exigir resultados y responsabilidades ante las estrategias mal ejecutadas, no de hacer mofa y leña del árbol caído. Si le va mal a AMLO en su estrategia de seguridad, nos irá mal a todos los mexicanos, así que “actúe en consecuencia, señor presidente, y dé resultados. El tiempo para echar culpas al pasado y a los conservadores, concluyó”.

* Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Profesor e investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales, director de la Revista de Relaciones de la UNAM y profesor de cátedra en el Itesm Puebla. 

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