En el caso Chiapas: el gobierno federal se niega a rectificar

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Como es del conocimiento de gran parte de la opinión pública, el Gobierno Federal de la 4T, en un acto absolutamente dictatorial propio de gobiernos fascistas, ordenó al gobierno de Chiapas tomara las medidas conducentes para que el festejo del 45 Aniversario que realizaría el Movimiento Antorchista Nacional en esa entidad, el día 13 de octubre del presente año, fuera suspendido ipso facto. De esta forma se viola escandalosamente la Constitución General de la República, que consagra el derecho de los mexicanos a la libre organización y a la libre manifestación, en los artículos 8º y 9º.

Las autoridades del gobierno de Chiapas, con una diligencia digna de mejor causa, así se lo hicieron saber a la Dirigencia Regional de nuestra organización en dicho estado. Esta versión, que pudiera entenderse como una forma de echar culpas propias en espaldas ajenas, adquiere visos de certeza por las siguientes razones:

1) El gobierno del estado fue informado con mucha anticipación de la realización de dicho evento y nunca manifestó algún inconveniente, y mucho menos puso alguna objeción a su realización.

2) Los concesionarios del estadio Víctor Manuel Reyna nunca se negaron a rentarnos el inmueble, y nunca manejaron, ni por asomo, algún argumento que dejara entrever oposición, o alguna contradicción, entre los fines deportivos del inmueble y los fines políticos del acto. Prueba de que es cierto lo que aquí afirmamos es que varios spots que se transmitieron para difundir el evento fueron realizados en el interior del dicho estadio, cuestión que no podría haberse hecho sin el consentimiento de los concesionarios.

3) Las relaciones del Movimiento Antorchista con el gobierno chiapaneco eran, y han sido, relaciones de respeto y colaboración. Lo anterior hace inexplicables las palabras amenazantes de que fueron objeto nuestros dirigentes, pronunciadas en boca de las autoridades chiapanecas; sin embargo, sí explican la urgencia que tenían para obligar al antorchismo a suspender el acto referido, cumpliendo así con el cometido encargado por el Gobierno Federal.

Todas estas consideraciones, y algunas otras más, fueron las que nos llevaron a concluir que a quienes debíamos recurrir, para hacer valer nuestro derecho constitucional y reparar el atropello del que somos víctimas, era a la Secretaría de Gobernación: tanto porque los elementos manejados por el gobierno de Chiapas implicaban su segura culpabilidad, como por el hecho de ser la instancia política encargada de salvaguardar los derechos de los mexicanos, consagrados en nuestra Carta Magna.

Por esta razón, fuimos a parar a las oficinas del subsecretario de Gobernación, el licenciado Ricardo Peralta Saucedo. Enterado del problema (que por cierto se ve que conocía muy bien), prometió una cita para el lunes 28 de octubre, después de aceptar que teníamos la razón y el derecho, además de negar cualquier intervención del Gobierno Federal en la suspensión del acto. Ante el silencio para confirmar la cita, en cantidad de tres mil antorchistas, acudimos a la reunión. En ésta, el subsecretario, en principio, manejó algunas ideas distractoras, tales como ¿por qué en Chiapas?, ¿por qué no se hacía el acto en cualquier otra entidad del sureste?, que “el Gobierno era respetuoso de las decisiones de las entidades federativas”, para concluir que “esas reuniones para tratar la realización de un acto, no tenían razón de ser”.

La comisión negociadora, encabezada por el ingeniero Homero Aguirre Enríquez, le manifestó nuestro enérgico rechazo a esas respuestas disfrazadas de insinuaciones. Le aclaramos que si estábamos ahí era porque había por parte del Gobierno Federal un total encubrimiento a la suspensión del evento antorchista, disfrazado de respeto a las entidades federativas, en lugar de hacer un llamado a los estados a ceñir su actuación a un estricto apego al Derecho Constitucional. Le señalamos que el caso Bonilla en Baja California, la “Ley Garrote” en Tabasco y ahora Chiapas, son un claro ejemplo de nuestras afirmaciones, y del caos social que se avecina si no se respeta el marco legal en el que vivimos los mexicanos.

Estamos citados para el miércoles 30. ¿Qué nos espera? Más manejo político. Estoy seguro que no hay ni el más mínimo viso de rectificación en su decisión arbitraria. Las concentraciones multitudinarias realizadas en San Luis Potosí, Michoacán y Baja California se han convertido en verdaderas y efectivas cajas de resonancia de la política que plantea el Movimiento Antorchista Nacional, así como de la convocatoria nacional a la formación de un partido político que represente los verdaderos intereses del pueblo pobre, y han dejado ver también las inconsecuencias, errores y engaños del gobierno morenista. Todo esto tiene al gobierno fuera de sí y lo ha llevado a quitarse la máscara democrática para dejar ver su verdadero rostro dictatorial. Seguiremos luchando.

* Diputado federal del Movimiento Antorchista 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de El Popular, diario imparcial de Puebla

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