Por acciones urbanas normalmente se entiende cualquier acto programado susceptible de ejecución pertinente por parte de los gobiernos; al conjuntar sus tareas programadas el gobierno entra en acción moviéndose de manera estratégica para alcanzar sus fines entre un clima de adversidad.

Es un error suponer que sólo los gobiernos generan acciones urbanas, dado que en su mayoría éstas dependen de los ciudadanos. Sí, la estructura, función y forma de la ciudad, son acciones mayoritariamente privadas, aunque orientadas normativamente por el gobierno, cuya función magna es generar las condiciones adecuadas del desarrollo urbano.

La acción social conforma el corpus urbano, y el objetivo del gobierno es dirigir el proceso hacia objetivos firmes y alcanzables. ¿Porqué yerran tanto los gobiernos? Varías son las causas posibles: el voluntarismo protagónico que entra en evidente incongruencia con recursos disponibles y capacidades técnicas; por disfrazar de beneficio público acciones ambiguas de promoción de poder personal, los problemas de habitabilidad, movilidad y medio ambiente se derivan de estas circunstancias.

De hecho, muy pocos gobiernos orientan su acción por las demandas sociales, la participación social y la inclusión que implica. Más de 30 años tiene el discurso de la participación social y aún no se sabe cómo procesarla. Los planeadores empíricos ven ello como un mal necesario, o un bien innecesario.

Entre 1990 y 2010, los gobiernos superiores se daban cuenta de que las estructuras formales de la administración pública no eran ya lo suficientemente flexibles y eficientes. Surgió entonces lo que se llamaba “gabinete paralelo” que suplía o complementaba las funciones de las comisiones interdisciplinarias contempladas en la ley. El ejemplo federal lo puso Carlos Salinas. En Puebla lo replicó Manuel Bartlett. Y en el 2000, en el municipio de Puebla lo hizo Luis Paredes Moctezuma con su “Coordinación de Políticas Públicas y la Coordinación Ejecutiva”. La primera, sobrevivió y se transformó en el “Implan” desde el gobierno municipal de Eduardo Rivera y aún sobrevive; la segunda fue disuelta al año del gobierno municipal de la licenciada Blanca Alcalá, que no vio necesidad de contar con dos coordinaciones para definir, dimensionar y hacer convergir en lugares y tiempos específicos las acciones múltiples que emprendía. Pensaba la edil que con la voluntad bastaba. Sin embargo, la práctica histórica muestra que las decisiones delgobierno, no tienden a la convergencia intersectorial concertada, sino a la divergencia desconcertada.

Desde principios de los noventas del siglo anterior, el emergente paradigma de las políticas públicas trató de remediar las fallas del diseño, la implementación, la agenda de gobierno y la hechura de las políticas; cerrar la brecha entre planeación y gestión; la falta de estrategias de desarrollo; desprenderse del exceso de frases discursivas, estridentes en su sonoridad y vacías de contenido social profundo. Más las reminiscencias de un viejo discurso pugnaba por retornar en cada mandato.

Asimismo, la planeación estratégica que normalmente acompañaba a las políticas públicas, fue mal adaptada en el ámbito sectorial del gobierno. Era como pedirle peras al olmo.

Y así, de un tiempo a esta parte, ha sido que los gobiernos multipintos de nuestra geografía política retornan a la visión clásica del gobierno (decimonónica);se olvidan de las políticas públicas; borran la huella de los gabinetes paralelos y ven a las comisiones interdisciplinarias con desconfianza inaudita. ¿Consecuencias?:la hegemonía de una secretaría sobre otras resurge en la inercia del voluntarismo transformador; vale decir, que las expectativas moderadas de éxito social se neutralizan entre la sobre carga de acciones fallidas.

La cuestión es: habiendo normas, técnicas, capital humano y voluntad política… ¿por qué entonces fallan los gobiernos?

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