POR: JULIANA VIVAR VERA* OMAR SÁNCHEZ GARCÍA** SAMANTHA JACQUELIN CERVANTES*** 

Después de analizar el caso concreto, el cual debe basarse en estricto derecho, es inadmisible que las personas encargadas de impartir justicia no lleven a cabo la valoración de los principios para que puedan ser resueltos apegados a la ley y a la justicia; más aún tratándose de violencia familiar. ¿Es cuestión del sexo de juzgador?, ¿es cuestión de las pruebas a valorar?, ¿es cuestión de la investigación con perspectiva de género?, ¿cuál es la razón para que las mujeres sigan siendo violentadas por el sexo masculino y que la justicia no impacte para revertir esta situación?

Abril Pérez Sagaón y Sonia Pérez Rodea son dos ejemplos recientes y muy cercanos entre sí, aquél el 25 de noviembre y éste el 9 de diciembre. Abril fue asesinada con dos disparos cuando viajaba rumbo al aeropuerto por las calles de Coyoacán. El probable responsable, su exesposo Juan Carlos García, ahora prófugo.

Sonia fue asesinada también por su esposo, Édgar Rafael N, en los camerinos de la universidad donde ambos trabajaban. Los motivos de ambos, correspondientes a las fracciones que describen la violencia de género en la tipificación de feminicidio; tipo penal que por cierto revela la fase fatal de un ciclo antiguo de violencia, de tormento psicológico y físico.

El Poder Judicial necesariamente tomó decisiones; los jueces, en uno y otro caso resolvieron distinto. En el caso Abril, se dejó pasar el riesgo mortal que poco después se verificó. Los varones jueces fueron suspendidos, pero esto no regresará la vida a Abril, ni la madre a sus dos menores hijos. En el caso de Sonia, la juez mujer declaró la vinculación a proceso de su exesposo por feminicidio; probablemente el sujeto acceda al procedimiento abreviado, para una posible reducción de pena.

Del caso Abril, se desprende que la impartición de justicia en México no se apega a las normas que deben garantizar la seguridad jurídica. La muerte de una mujer por quien se encuentra cercano, como es el esposo, conlleva a que se realicen las investigaciones especializadas, puesto que, desde el primer momento de la denuncia, la calificación errónea no protegió a la mujer y por ello no se realizaron los peritajes específicos, aunque ello no debió ser justificación para que el encargado de impartir justicia actuara con perspectiva de género.

Del caso Sonia, se desprende que los anteriores casos de violencia familiar que culminan en asesinatos de mujeres no han dispuesto, dentro de las medidas de reparación integral, aquella estructural que mejore, por parte del gobierno, las situaciones de violencia en las familias, pues la mujer es violentada al punto de perder su voluntad; los hijos también lo son, e impactará en el desempeño de su vida futura.

El cambio en el sistema de justicia penal será grande cuando se refleje en la sociedad una transformación de pensamiento: que las relaciones humanas son complejas y conciliables; que las relaciones sentimentales no implican sometimiento de la mujer al hombre. Que las mujeres sepan que la justicia las protege desde el primer momento de la noticia criminal; que incluso las instituciones protectoras de la familia, como el DIF, se hacen presentes en esta coadyuvancia para el monitoreo de situaciones de violencia para proteger a los niños y las mujeres, éstas que visiblemente son víctimas, por la eliminación de su voluntad y valor propio.

En el año 2007 se aprobó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual busca hacer frente a la grave situación de la violencia en contra de las mujeres en México, misma que conocemos como FEMINICIDIO. A pesar de esta ley, su implementación y mecanismos de protección no garantizan la protección a la vida e integridad de las mujeres en México.

No basta con que un hecho ocurra y a raíz de ello se modifiquen las leyes y se busque que se “haga justicia”, puesto que ésta debió haberse realizado desde mucho antes y así evitar injusticias que nunca debieron ocurrir. Ser mujer en México lamentablemente da pauta a ser discriminada, violentada e incluso asesinada.

Cabe destacar que al mismo tiempo la corrupción también juega un papel preocupante ante este tema, desde el personal que atiende una denuncia en la fiscalía, hasta los peritos que hacen su estudio para saber un cierto resultado, motivo por el cual muchas mujeres que intentan realizar una denuncia de violencia, abuso sexual o psicológico no son atendidas y en vez de establecer un hilo de confianza con las autoridades, es todo lo contrario.

Conforme va pasando el tiempo, la violencia contra las mujeres va en aumento, y a pesar de ello no se han regulado efectivamente las medidas necesarias tanto al nivel federal como al nivel local, y las que existen necesitan coordinación interinstitucional con una eficaz implementación de una política pública.

Las medidas integrales para la erradicación de la violencia de género necesitan una adecuación a cada entidad federativa que conforma México, ya que hablamos de 32 entidades federativas que tienen diferente número de habitantes, rasgos culturales, diferente porcentaje de mujeres y diferente superficie.

* Profesora de derecho. Tecnológico de Monterrey, Puebla

** Estudiante de la licenciatura en derecho en el Tecnológico de Monterrey

*** Estudiante de la licenciatura en derecho en el Tecnológico de Monterrey