Miércoles 18 de Diciembre de 2019

“Vivimos en un tiempo maravilloso,

en el que el fuerte es débil debido a sus escrúpulos

 y el débil se fortalece por su audacia.”

Henry Kissinger

 

En esta tercera entrega sobre el balance de este primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, centraré mis comentarios en las siguientes reflexiones: 1) ¿cómo se protegerá la vida de los policías para que éstos protejan mejor la nuestra?, 2) ¿cuál será el impacto de la ratificación del T-MEC para nuestro país?

· Si usted leyó mi columna anterior podrá observar que mis comentarios se centraban en las cifras de muertos y en las víctimas de los delitos cometidos el año pasado en el país. Datos francamente preocupantes, pero visto en perspectiva, los del año que se acaba no han sido para nada mejores; todo lo contario, ya que cerraremos este periodo con un nivel de violencia histórico.

En esa entrega analicé cómo es que la estrategia de seguridad no ha logrado los resultados esperados y lo complejo que puede ser instrumentarla. En este sentido, cuando abordé la importancia del fortalecimiento de los cuerpos policiacos y la coordinación institucional no me detuve a pensar sobre un hecho que ha venido agravando la debilidad del Estado para mantener el orden y la paz social: la seguridad de los policías. Proteger su vida es vital para la efectiva implementación de la estrategia de seguridad pública; si los policías se sienten amenazados, puede vulnerarse la integridad institucional, aumentar la violación de derechos humanos por el uso de la fuerza desproporcionada e incrementar el clima de percepción de inseguridad, pues los ciudadanos difícilmente pensarán que al haber más policías muertos existe capacidad de respuesta del Estado para protegerlos. A esto súmele dos problemas que se pueden acentuar de no atender la seguridad de los policías: la corrupción y la impunidad en los cuerpos policiacos.

· En cuanto al impacto de la ratificación del T-MEC, me parece que es positivo para México que se haya confirmado antes de que cierre el año un acuerdo comercial que parecía imposible, considerando que se negocia con un liderazgo como el de Donald Trump, así como el contexto de la política estadounidense, estando en curso un impeachment, o juicio político, para destituir al presidente, y el proceso electoral del 2020.

En esas circunstancias considero que la decisión que tomó este gobierno fue positiva porque busca generar condiciones de estabilidad, evitar la volatilidad de los mercados, atraer la inversión e impulsar el crecimiento económico; sin embargo, falta ver la implementación de los acuerdos, en la que el gobierno mexicano deberá ser transparente y preciso respecto a la forma en que se ha comprometido nuestro país en materia laboral, asumiendo los costos que esto implicará para el gobierno y los empresarios mexicanos. El gobierno tuvo que dar más en las negociaciones entre las tres naciones, tomando en cuenta su condición en una negociación asimétrica, con una economía que está técnicamente en recesión, y con una presión política significativa en materia laboral. Bajo estos supuestos, según lo que se anunció, se logró el mejor trato posible. Aunque no debe perderse de vista que el sector más importante del tratado es el automotriz, y, por ende, el impulso principal para los otros dos países es dificultar que las empresas cierren fábricas en Estados Unidos y Canadá y se trasladen a México, donde los costos laborales son más baratos. Eso siempre se supo, pero no está claro ¿qué firmamos y a qué nos comprometimos?

Hasta aquí mi tercera aproximación sobre los asuntos públicos que requieren más explicaciones.