Desafíos para el Estado mexicano

“El problema de nuestra época es que los hombresno quieren ser útiles, sino importantes”, Winston Churchill

El 2020 comienza para el gobierno de México de forma incómoda, porque los datos nos demuestran que nuestras instituciones políticas no marchan de forma adecuada, lo cual nos debe llevar a reflexiones importantes en torno a los retos que enfrenta el Estado mexicano en la transición democrática para consolidar instituciones sólidas, un pleno Estado de Derecho y una lucha efectiva para controlar la corrupción. La trascendencia de las instituciones radica en la capacidad de establecer reglas del juego en una comunidad política, con el propósito de regular las conductas de sus integrantes, implementar políticas públicas e impartir justicia. Por ende, las instituciones son el eje central en el ejercicio de gobierno, ya que permiten mantener el orden jurídico y político en la convivencia social.

En este año se han presentado dos grandes instrumentos de medición del estado de salud de nuestras instituciones; y lamentablemente, en ninguno de ellos salimos bien. El primero, es el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019, presentado por Transparencia Internacional (TI), mismo en el que en una escala de 0 a 100, donde 0 es mayor percepción y 100 es menor percepción, México ocupa la posición 130 de 180 países, con 29 de 100 puntos posibles, de acuerdo con la evaluación de expertos, empresarios y analistas de todo el mundo. Escenario poco alentador, pero de alguna manera optimista, si consideramos que este año se detuvo la caída en este índice, sin olvidar que estamos todavía lejos de la medición de 2014, en la cual estábamos mejor, con 35 puntos.

Desde la perspectiva del presidente de México, con la cual coincido plenamente, la corrupción es nuestro principal problema; sin embargo, es necesario fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción en todo el país y en los tres niveles de gobierno, así como una Fiscalía autónoma en esta materia. La detención de Emilio Lozoya pondrá a prueba la maquinaria institucional del Estado mexicano, aunque debe reconocerse que repara el escenario de complejidad que enfrenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un acontecimiento simbólico que oxigena un periodo de grandes presiones para el gobierno federal en materia de migración, salud, seguridad y violencia de género.

Al tiempo que podría ser una oportunidad para evitar el uso discrecional y político de las instituciones en el combate a la corrupción, y este caso de corrupción política tendría que ser, entonces, investigado y sancionado conforme a derecho.

En este sentido, TI propone a los tomadores de decisiones de los países una serie de medidas para conseguir un progreso real en el combate a la corrupción:

Fortalecer las instituciones; reducir la brecha entre la legislación existente y su aplicación real; apoyar a las organizaciones civiles, sobre todo en el ámbito local; y proteger la libertad de expresión e independencia de los medios de comunicación.

El otro instrumento al que hago referencia es el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, producido por World Justice Project (WJP), en el cual tuve oportunidad de colaborar para medir, junto con otros expertos del país, la realidad de las 32 entidades federativas en su adhesión al Estado de Derecho.

Este Índice utiliza una escala de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión; en el que, tal como ocurrió en la edición anterior, ninguna entidad del país obtuvo una calificación perfecta, lo que significa que el reto para México en esta materia es nacional.

El Índice se organiza a través de diversos datos e indicadores en 42 subfactores y ocho factores: 1) Límites al poder gubernamental, 2) Ausencia de la corrupción, 3) Gobierno abierto, 4) Derechos fundamentales, 5) Orden y seguridad, 6) Cumplimiento regulatorio, 7) Justicia civil, y 8) Justicia Penal.

Para WJP, el Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente. Para medirlo, se aplican cuatro principios universales: a) Rendición de cuentas, b) Leyes justas, c) Proceso justo y d) Mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas.

Entre los hallazgos de la última medición destacan: el descenso de la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en 19 entidades federativas, la corrupción de los Ejecutivos estatales, así como la falta de acceso a la justicia.

En general, los puntajes más bajos del Índice son para Guerrero (0.33), Puebla (0.35) y Quintana Roo (0.35). En estas circunstancias, WJP presenta esta herramienta para que los tomadores de decisiones identifiquen las fortalezas y debilidades de cada entidad federativa, a fin de implementar políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en México.

En suma, la importancia de las instituciones es indiscutible para la consolidación de la democracia mexicana; de éstas depende la calidad de la vida pública y el futuro del país. Una tarea fundamental para la función de gobernar y el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía en cada rincón del territorio.

*Profesora de Tiempo Completo del Tecnológico de Monterrey

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