La necesidad de fortalecer los organismos autónomos del Estado mexicano, ante el riesgo de autoritarismos

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Para los Estados que han escogido a la democracia como forma de organización —ya sea presidencialista, parlamentaria o semipresidencial—, la separación de poderes y la construcción de instituciones independientes que coadyuven en el desarrollo político, social y económico resultan elementos fundamentales para evitar o limitar la comisión de excesos por parte de alguno de los actores gubernamentales, y en el caso mexicano se corre el riesgo de que se rompan los contrapesos y equilibrios, ante la pérdida de autonomía de organismos que son vitales en la vida nacional.

Además de la labor que realizan en el Estado mexicano los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, existen instituciones autónomas que se han ido constituyendo, sobre todo desde mediados de la década de 1990, para supervisar, revisar, acotar y recomendar acciones que permitan el ejercicio democrático del país, y aunque tienen limitaciones, forman parte esencial de un modelo que pretende evitar abusos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el otrora Instituto Federal Electoral (IFE), fundados en 1990; el Banco de México (BM) y la Comisión Nacional Reguladora de Energía (CNRE), a los que se les dio la autonomía en 1993; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), surgidos en la primera década el siglo XXI; así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia (Cofece), el Consejo Nacional de la Evaluación para la Política y el Desarrollo (Coneval) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), que aparecieron en los últimos diez años, son ejemplos de organismos constitucionales autónomos que realizan funciones de control frente a los tres poderes de gobierno.

Otros ejemplos de instituciones con autonomía de acción y decisión frente al gobierno federal son las universidades públicas, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y de manera reciente se dotó de independencia a la Fiscalía General de la República (FGR), antes conocida como Procuraduría General de la República (PGR) y que obedecía directamente las órdenes de la Presidencia de la República.

Todos estos organismos comparten la misma naturaleza jurídica de ser constitucionalmente autónomos, pero no son idénticos entre sí, ya que algunos sirven para emitir recomendaciones sin la posibilidad de imponer sanciones, como la CNDH. Otros tienen facultades regulatorias y reglamentarias; tal es el caso de la Cofece; algunos más poseen facultades para sancionar (el INE y el INAI); y finalmente están las universidades, que con su autonomía pueden elegir formas de autogobernarse y de ejercer la libertad de cátedra sin influencia directa o pautas emanadas de los gobiernos federales o locales.

A pesar de las deficiencias que han mostrado en diferentes ocasiones los organismos antes mencionados, principalmente porque en su constitución han privado mayoritariamente las decisiones políticas, en lugar de las técnicas, al momento de la designación de sus integrantes, todos forman parte de un sistema de contrapesos que acota las tentaciones autoritarias, por lo que es necesario fortalecerlos en lugar de menospreciarlos, vilipendiarlos o debilitarlos al nombrar amigos al frente de ellos, para que cubran las espaldas de los gobernantes en turno.

Al actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le incomoda la existencia del sistema de contrapesos, pues prefiere gobernar sin cortapisas y libre de críticas, por lo que se ha dedicado a denostar a varios de los organismos autónomos; incluso ha mentido y acusó falsamente a la CNDH de ser comparsa del gobierno de Felipe Calderón, por supuestamente no emitir recomendaciones sobre la tragedia ocurrida en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que murieron 49 infantes por un incendio en 2009.

Después de mantener una intensa campaña de descalificaciones, el actual mandatario mexicano, como estaba imposibilitado de desaparecer a la CNDH de un plumazo, optó por imponer a una persona leal a sus intereses al frente de la comisión, a la exmilitante del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Rosario Piedra Ibarra. Desde que es ombudsperson, la citada institución no ha emitido una sola recomendación al gobierno de AMLO respecto a las violaciones a los derechos humanos que se cometen en contra de migrantes indocumentados por parte de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM), por los operativos implementados desde junio de 2019 por órdenes de Donald Trump; y tampoco ha emitido recomendaciones respecto a la crisis que afronta nuestro país por los feminicidios.

A la CNDH, el presidente le cortó su independencia y sus capacidades de revisión, y la institución sólo se ha pronunciado de forma tardía y muy tenue sobre la crisis en el Sector Salud por la falta de medicamentos para atender los diferentes tipos de cáncer, y respecto a los asesinatos de periodistas en el país.

Otra táctica utilizada por el gobierno federal para disminuir las capacidades de los organismos autónomos es la reducción presupuestaria, a través de la mayoría con la que cuenta en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, los reguladores energéticos (la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía) sufrieron recortes de hasta el 30 por ciento en 2019, lo que les impide trabajar con eficiencia.

En las siguientes semanas, es muy probable que el INE sea objeto de nuevos embates por parte del gobierno federal, y Morena tratará de sacar provecho de su mayoría para imponerse en el nombramiento de los cuatro nuevos consejeros que entrarán a la institución en abril próximo. Si bien es cierto que en el pasado la conformación del Consejo Electoral del INE ha estado sujeta a negociaciones y que en 2003 se dejó afuera al PRD de la designación de consejeros, es necesario cuidar que los nuevos integrantes del Consejo no respondan a los intereses de Morena, porque se corre el riesgo de hacer disfuncional a un órgano que ha recuperado credibilidad en la salvaguarda de la democracia electoral.

En cuanto a las universidades públicas —que por naturaleza son críticas ante las acciones gubernamentales, sin importar el partido en el poder—, también se observa interés por parte de sectores de Morena de restarles autonomía —como en el pasado lo hacía el PRI—, ya sea a través de la limitación de recursos para desempeñar sus labores; por medio del financiamiento a grupos de choque que “se montan” en movimientos legítimos con el fin de generar ingobernabilidad y tomas de escuelas; y con iniciativas de ley, como la recién presentada por el diputado federal Miguel Ángel Jáuregui para cambiar la forma de designar a las autoridades de la UNAM, sin consultar a la comunidad aludida y en un acto de plena interferencia a la independencia de la máxima casa de estudios del país.

Por lo antes mencionado, y a pesar de que al actual presidente y a Morena no les gustan los organismos autónomos, y de que éstos aún presentan fallas que deben de ser corregidas, es necesario subrayar que la independencia de dichas instituciones es una obligación que se debe defender en el Estado mexicano, pues son fundamentales para evitar la tentación de caer en autoritarismos que obran en menoscabo de las libertades individuales y colectivas. Basta recordar que los países cuyos órganos autónomos han desaparecido o han sido cooptados por el grupo que ejerce el poder, terminan como Estados fallidos y con dictaduras prolongadas.

 

* Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Profesor e investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales, director de la Revista de Relaciones de la UNAM y profesor de cátedra en el Itesm Puebla.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de El Popular, diario imparcial de Puebla

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