Los retos de la movilidad humana internacional frente a la pandemia del COVID-19

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La actual pandemia provocada por el coronavirus, conocido como COVID-19, supone retos económicos, políticos y sociales mayúsculos en el corto y mediano plazo que trastocan los objetivos de alcanzar una movilidad humana ordenada y segura debido a la paranoia que genera el temor de la expansión de esta nueva enfermedad infecciosa, sin embargo, la crisis actual no debería de nublarnos la vista como sociedad internacional al momento de tomar decisiones que afectarán de manera negativa a millones de personas, de empresas y de países en el globo terráqueo en los años por venir.

En las siguientes semanas es factible que grupos ultraconservadores y ultranacionalistas aprovechen la coyuntura para intentar fijar en diferentes colectividades la idea de que las migraciones internacionales son negativas per se y que deberían mantenerse restringidas al máximo aún después de que haya terminado la crisis sanitaria. De nueva cuenta apelaran a discursos de odio y a la desinformación para acusar a los migrantes, en particular a los indocumentados de llevar a los países de destino violencia, cargas sociales para los Estados, desempleo y ahora enfermedades.

De manera histórica, es innegable que la movilidad humana ha sido un factor de transmisión de enfermedades -basta recordar que los conquistadores españoles trajeron al continente americano viruela, sarampión, gonorrea, tuberculosis, entre otras patologías que diezmaron a las poblaciones autóctonas, pero también es cierto que en la actualidad contamos con sistemas de detección que impiden tragedias como la peste bubónica o peste negra, que segó la vida de alrededor de 12 millones de personas entre 1885 y 1956, y la pandemia de la influenza de 1918, que dejó unos 50 millones de muertos.

Las enfermedades de transmisión forman parte intrínseca de la humanidad, por lo que deben de ser tomadas con toda seriedad y atendidas desde el prisma de cooperación internacional. La actual crisis del COVID-19 ha dejado hasta el sábado 28 de marzo un saldo de 29 mil personas fallecidas y se reportan unas 630 mil personas contagiadas en todo el mundo, y aunque aún estamos en medio de la tormenta, si se toman las medidas adecuadas, se evitará que la mortandad alcance cifras de seis dígitos, por lo que no se debe de permitir que los grupos ultranacionalistas utilicen la nueva pandemia para criminalizar la movilidad humana, que incluye el turismo internacional, los intercambios estudiantiles, los viajes de negocios y la migración de personas que deciden buscar oportunidades de desarrollo en países diferentes a los que nacieron.

Es entendible que en estos momentos exista incertidumbre y se promueva el cierre de puertos, de terminales aéreas y de los cruces fronterizos terrestres internacionales, pero al igual que ha ocurrido en otros casos en el pasado, la pandemia del COVID-19 se controlará y de nueva cuenta habrá que defender el derecho a la movilidad humana, al mismo tiempo que se debe de entender que las medias de detección de enfermedades tienen que ser permanentes, rutinarias, pues una vez pasadas la emergencias se presenta de manera habitual un estado de relajación que lleva a bajar la guardia y a dejar de invertir en equipos y personal dedicados a la detección de enfermedades infecciosas.

Mientras tanto, la expansión del nuevo coronavirus nos exige como sociedad internacional el dar respuestas inmediatas a una serie de problemas que van desde la negativa de algunos países para recibir a sus propios connacionales -como es el caso de Australia- hasta las restricciones impuestas por varios Estados a los vuelos internacionales que dificultan el regreso de sus propios conciudadanos (Argentina, Colombia y Perú) o el hacinamiento en que viven miles de migrantes indocumentados en estaciones y cárceles como lo que se aprecia en México y Estados Unidos, por citar dos ejemplos.

La obligación de cada nación es la de proteger a sus ciudadanos en el extranjero, y acciones como las de Australia ponen en estado de vulnerabilidad a sus connacionales que se ven imposibilitados de regresar a su país de origen. Otros Estados han decidido recibir a sus connacionales que regresan del exterior pero los someten a exámenes de salud y los ponen en cuarentena, como se observa en Croacia, Colombia, Estados Unidos y Grecia, y finamente hay países que cerraron sus fronteras a los turistas de otras naciones por periodos que van de dos semanas a un mes.

Mención especial merecen los centros de detención de migrantes, pues en el pasado diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas Human Right Watch y Médicos sin Fronteras, han denunciado que en Turquía -que mantiene un acuerdo con la Unión Europea-, Estados Unidos y México, por citar algunos, se presentan condiciones de hacinamiento y graves carencias que impiden salvaguardar las garantías mínimas de las personas que se encuentran retenidas y la llegada del COVID-19 representan un grave riesgo a sus vidas.

Para México, que se ha convertido en la práctica en “tercer país seguro” por las presiones de Estados Unidos, el reto es de envergadura, pues además de atender a las personas que se encuentran detenidas en estaciones migratorias, las autoridades deben de incluir en sus acciones de política pública a unos 60 mil individuos, la mayoría de ellos centroamericanos, que fueron regresados por el gobierno de Donald Trump a territorio mexicano para esperar el término de sus procesos de solicitud de asilo, presentados ante las autoridades estadounidenses.

El gobierno de Trump, además de enviar de forma alevosa a territorio mexicano a esos 60 mil solicitantes de asilo, no ha puesto un solo centavo para apoyar a las autoridades federales o locales mexicanas en la atención de las necesidades de este grupo de extranjeros varados en ciudades fronterizas de México como Mexicali, Tijuana y Hermosillo.

Por su parte, el “Tío Sam” continúa con operaciones para detener a indocumentados en su territorio y también con la deportación de mexicanos a pesar de la crisis generada por el COVID-19. Tan sólo en lo que va de marzo, las autoridades estadounidenses deportaron a unos 550 mexicanos por el puente internacional Reynosa-Hidalgo, en Tamaulipas, a quienes los estadounidenses “los protegen” con un simple cubrebocas.

Sin duda, la actual pandemia ha sacado de nueva cuenta lo mejor y lo peor de la humanidad, pero nada es para siempre y la crisis será contenida si se toman las medidas adecuadas y se trabaja en conjunto. Una vez superada la tempestad, habrá que trabajar para que la movilidad humana internacional continúe como un derecho, pues son más los beneficios que genera que los sinsabores.



* Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Profesor e investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales, director de la Revista de Relaciones de la UNAM y profesor de cátedra en el ITESM Puebla.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de El Popular, diario imparcial de Puebla.

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