“Donde no hay autoridad, los hombres

se comen unos a otros”.

Alejandro Alagia

A tres meses de iniciada esa pesadilla de la pandemia, de la cual no hemos podido despertar, dentro de las medidas que se impusieron a nivel global, una fue el confinamiento. Por ende, se cerraron muchas oficinas, fábricas, escuelas, universidades, y actividades en general; se paralizaron, desde un principio, las actividades del poder judicial, no solamente en México, sino en muchos de los países occidentales. Así, tribunales y juzgados se quedaron detenidos, como también las sentencias y las actuaciones correspondientes a la administración de justicia. Todo quedó inmóvil y para una mejor ocasión.

Es evidente que una sociedad no puede vivir, por muy confinados que estén los ciudadanos, sin los servicios de la administración de justicia. Por ello, cerrar a piedra y lodo los palacios de justicia, inminentemente, tendría bastantes consecuencias fatídicas, y lo peor es que ya están dándose a niveles inimaginables. Pareciera que nadie lo previo o cerrar la administración de justicia se trató de un experimento social y global, sin la consideración de que la función del poder judicial es vital para evitar la violencia, como lo sostiene el profesor Luigi Ferrajoli: “[…] el derecho minimiza la violencia” (FERRAJOLI, Luigi, Constitucionalismo más allá del Estado, Madrid, Trotta, 2018).

Y resulta que la función del poder judicial es tan importante en un Estado de derecho que basta con que funcionen simplemente las oficinas de recepción de documentos y promociones para que los ánimos y la violencia se aminore entre las personas que se encuentran en conflicto, pues uno de los éxitos del Estado de derecho fue que se monopolizó la administración de justicia, es decir, que quedó en manos del Estado el dictamen de sentencias para resolver las controversias dentro de la sociedad. Con eso se evitó, en su momento, la violencia y la aplicación de la ley del Talión. Pero principalmente, el poder judicial lo que evita o, por lo menos, contiene es la violencia de la administración pública, es decir, al poder ejecutivo; éste se minimiza ante la presencia del poder judicial activo y de la forma más independiente posible de dicha administración pública, pues limita las acciones de las autoridades, entre ellas a la propia policía.

La historia muestra cómo el poder ejecutivo siempre ha tenido la intención (y muchas de las ocasiones lo ha logrado) de minimizar al poder judicial, de controlarlo o, de plano, de extinguirlo. Solo hace falta recordar lo que sucedió en los tiempos del nazismo. Una de las primeras medidas que se implementaron en 1933 —año en que tomó el poder ese partido político— fue minimizar al poder judicial creando un tribunal del pueblo controlado por la administración pública. Y actualmente, con la pandemia, por lo menos en las primeras semanas de esta pesadilla, la administración pública de muchos de los países, incluso México, prácticamente, desapareció temporalmente al poder judicial.

La reacción, vista a través de los medios de comunicación, respecto de la fuerza indiscriminada y despiadada que ha usado la policía en los últimos días en algunas partes del mundo es la respuesta a la ausencia de los tribunales y juzgados. Con tal ausencia, esas autoridades, pero sobre todo la policía, están en condiciones de hacer acciones más allá de lo que la ley expresamente les faculta y la consecuencia es obvia: esa acción policial se desbordó y ha generado las consecuencias que se están viviendo en varias ciudades de México y de Estados Unidos de América. Esto evidencia que nunca se debió cerrar los palacios del poder judicial o, por lo menos, ha sido una muy mala experiencia.

La policía, subordinada a la administración pública, es de las autoridades más violentas que ha habido en la historia. No se requiere hacer un repaso para apreciar todos los hechos que se han suscitado entre la población y la policía, los enfrentamientos que terminan en violencia y muertes. Por eso, para limitarlo, existe una rama del derecho administrativo, denominada “derecho disciplinario”, que es la que regula y sanciona a los servidores públicos, entre ellos a los policías. Sin embargo, ¿cómo se aplicará ese derecho disciplinario si los tribunales y juzgados están guardados y sus palacios de justicia cerrados?

Así, el haber dejado inhabilitada la función del poder judicial con el confinamiento, como una prueba o experimento social, evidentemente dio malos resultados. Está demostrado que el poder judicial no puede dejar de funcionar, que debe seguir haciéndolo desde las oficinas de recepción de documentos. Hay que entender que un simple sello de recibido para el ciudadano de a pie ya es un bálsamo que, desde luego, minimiza la violencia. Con eso temporalmente es suficiente, pero pareciera que se ha dictado la orden de llevar a cabo todo lo contrario.

Uno de los múltiples acuerdos de la Corte en México en estos tiempos de pandemia establece que no se podrán presentar promociones impresas ni documentos en las oficinas de recepción durante todo el mes de junio, sino hasta el mes de julio (salvo nuevo aviso o comunicado). Sólo se permite presentar, excepcionalmente, esas promociones por medios electrónicos; lo cual es otro craso error en un país donde muchas de las localidades y poblaciones ni energía eléctrica tienen, donde aumenta la pobreza a pasos agigantados con lo despidos masivos de las últimas semanas, con un nivel de escolaridad aparentemente de primero de preparatoria, pero que, en realidad, es de sexto de primaria. En un ambiente así es insostenible ese tipo de medidas, pues siguen dejando a la población en manos de la policía y de sus criterios de acción. Un estado de derecho no puede subsistir con un poder policial sin poder judicial.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de El Popular, diario imparcial de Puebla.