Tontamente traté de hacerle la plática. Tomó cierta distancia de mí −una sana distancia, más o menos– y caminaba con suma tranquilidad. Si yo me emparejaba, él aceleraba el paso. El uniformado se metió a unos sanitarios de la Central de Autobuses que yo nunca había visto y cuando al fin llegué al punto, una especie de cuarto que dividía la entrada, ya tenía la mano extendida. ¡Sale, Jefe!, le dije consumado el acto y entré a los deplorables baños.

En este caso, lastimosamente, fuimos nosotros los responsables. Nada nos exculparía. Aunque ahora entiendo por qué en las llegadas nacionales hay un perro de la Policía Federal. El can defensor de la ley nos siguió aproximadamente 100 metros y cuando regresamos la mirada, mi compañero ya estaba rodeado por 5 agentes. Vaciaron su maleta a la vista de todos y lo pegaron a la pared. Y, pues no, no éramos traficantes sino 5 estudiantes universitarios que, desde dos meses antes, le rogaron a sus directivos los recursos para viajar a Guanajuato. Competíamos a nivel internacional.

Algo similar me pasó cuando la Universidad nos mandó a concursar a Guadalajara. En el Aeropuerto Internacional de las Ciudad de México, un policía federal –nuevamente– se posa a mi lado sosteniendo un arma larga mientras los agentes de los sensores toman muestras de mi maleta. Una tira reactiva da vuelta a la misma mochila con la que voy a las clases y que ahora va llena de ropa y utensilios de higiene.

Me miran. Los miro. Regresan de un apartado en el fondo de un pasillo. Me siguen mirando. Regresan con la tira y se dicen algo al oído. “Procedo a abrir su maleta” y lo hace de par en par. No hay marihuana, o cocaína o estupefacientes. Una pasta de dientes es el problema y me mandan, de mal humor, a documentar mi equipaje.

La escena no puede ser más ridícula: parezco anuncio andante de mi alma máter, con la sudadera en tonos azules, con el escudo y las siglas a gran escala. Con el cabello recortado, la credencial escolar nueva y la cartilla del servicio militar como identificación oficial, porque días antes me cartearon en el camión.

Hago una segunda revisión y paso sin problemas. “¡Joven, de este lado!”. Me lleva. Otra vez las mismas letras plateadas, la misma gorra azul y las mismas botas negras, pero con una cara distinta. Me pide identificación y le entrego la cartilla del SMN. “Esta no es oficial”. “Claro que sí, jefe”. Trato de no intimidarme, pero empiezo a sentir cómo tiemblo. ¿Por qué?

“Claro que no, ¿quién le dijo que sí?” “Está en la lista de documentos oficiales.” “Yo digo que no.” Esta vez sólo lo miro. Se ríe. O yo veo que se ríe. “Soy estudiante. Tenga, mi credencial.” “Esa sí no sirve para nada. Mira, la cartilla ni siquiera está sellada.” Acerco mi mano al documento –que está en sus manos– y lo hojeo hasta llegar al sello de la Presidencia Municipal. “¿Y eso?” Y eso indicaba su legalidad. Fueron 10 minutos de alegar que era yo el de la foto y sólo me devolvió el cartón verde hasta que le mencioné que conocía todo el procedimiento porque mi papá es militar. Algo en mi cara probablemente le indicaba delito.

Las botas negras no siempre fueron conflictivas. Cuando tenía 6 años y Papá llegaba a casa, lo recibía colgándome de las telas verdes. Le quitaba la gorra y me montaba en el casquillo del calzado para alcanzar el corte militar de su cabeza. Es la única metáfora que me queda y me anima a ser más grande que él. Como el deseo de cualquier hijo. Hasta cierta edad adolescente yo todavía deseaba ser parte de la Universidad del Ejército. Esa decisión lo hubiera llenado de orgullo.

Pero en septiembre de 2014 me convencí completamente de lo contrario. Se cree que a manos de las fuerzas del orden, 43 estudiantes desaparecieron en Iguala, Guerrero. Y más antes escuché hablar del ’68 y del ’71. Y vi los videos del desalojo de vendedores de flores en Texcoco, las notas de Tlatlaya, los convoyes entrando a ciudades del Norte donde lo único que se implementó fueron los ríos de sangre. Y todos usaban las botas negras como Papá. Por esos días asistí a mi primera protesta.

Hace unas semanas, unos municipales en Jalisco matan un albañil a golpes. Hace unos meses, asesinan a una persona en Tijuana. Durante las manifestaciones recientes en Guadalajara, observamos en un video cómo uno de ellos noquea a un manifestante y en el suelo lo patean. ¿Estará vivo? Un excompañero de la secundaria que se dio de alta en la Policía durante el sexenio de Peña Nieto, me presume de la Iniciativa Mérida. “Si no dicen nada, les ponemos una bolsa en la cabeza y los sumergimos en cubetas con refresco”. No sé si es verdad, pero no lo cuestiono: los creo capaces. Este viernes no pude ir a la protesta por Giovanni, el albañil asesinado, debido a la contingencia sanitaria.

Estas historias se replican a cualquier escala y con cualquier persona. A una expareja y su hermana los agentes de tránsito les pedían “salir con ellos a una fiesta” para dejar a su papá irse sin mordida. “Andenlen, nomás una, chavas”.

Hay quienes los defienden. “No todos son así, y sólo diría que algunos.” Se les concede por razón pura, pero no por estructura social. Es como el machismo: no es válido que sólo una parte se deconstruya, en el saco vamos todos los hombres independientemente de nuestros actos.

Aplausos para el hombre que nunca ha golpeado una mujer o revisado su celular o ha dicho comentarios misóginos. Aplausos para el policía, militar o marino que pone su cuerpo entre las balas y el ciudadano en un enfrentamiento. Pero para la efectividad del cambio, vamos todos o no va nadie. Y a las instituciones del orden les faltan dos cosas: juzgarlas en el fuero común como cualquier ciudadano por abuso de autoridad y capacitarlas, sin pantallas ni de a mentis, en materia de Derechos Humanos. Como se le haría a cualquier estudiante universitario al que le ven cara de traficante.