El triángulo de la violencia en tiempos del covid-19

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 “El príncipe tiene que elegir de entre todos los

animales a la astucia del zorro y la fuerza del león.”

Maquiavelo

 

En los últimos meses, la vida nos cambió para siempre como consecuencia de la pandemia, pero debemos reconocer que de forma paralela estamos viviendo no solo una crisis sanitaria que aún no se controla, estamos por entrar a una crisis económica que aún no se puede dimensionar y seguimos con la crisis de seguridad que ya azotaba buena parte del territorio mexicano. Es innegable que los impactos políticos, económicos y sociales de la combinación de estas crisis se han empezado a manifestar en nuestra vida cotidiana; sin embargo, lo que está ocurriendo en este momento también es una oportunidad para plantearnos los escenarios futuros que están por venir, particularmente en lo que se refiere al clima de violencia que impera en México.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros cinco meses del año, la violencia letal a nivel nacional registró 14, 631 homicidios dolosos; concentrada particularmente en estados como Guanajuato, Colima, Baja California, Chihuahua, Estado de México o Jalisco; entidades que presentaron las cifras más altas de homicidios dolosos y feminicidios. Y a esta cifra podríamos aumentar el número de defunciones por Covid-19 en México, que cada día aumentan y para los primeros días de julio registran 32,796 muertes; colocando al país en el quinto lugar mundial de decesos por esta enfermedad, después de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e Italia. En este sentido, el total de víctimas por Covid-19 y violencia asciende a casi 50 mil personas que ya perdieron la vida. Y a pesar de que se trata de dos fenómenos diferentes, el resultado final es el mismo, los decesos no cesan.

La violencia en México se incrementó de marzo a julio de este año, a pesar del confinamiento, a pesar de que hay una Guardia Nacional, un nuevo gobierno y una estrategia de coordinación y comunicación intergubernamental de la cual se esperaban resultados distintos. Ante las actuales circunstancias, se esperaría que el Ejército, la Guardia Nacional, las policías locales, la Secretaría de Marina replantearan su modelo de coordinación, a fin de optimar sus capacidades y recursos en materia de investigación, inteligencia y actuación. Lo que implica fortalecer también las capacidades institucionales, a través de una revisión del marco normativo para atender este fenómeno no solo desde una visión nacional, sino local, para mejorar los cuerpos de seguridad. La ejecución de policías en las autoridades locales, muestra la debilidad que impera en los estados, y lo vulnerable que puede ser la fuerza de seguridad frente a los criminales; de ahí la urgencia de fortalecer sus capacidades, ya que el 95% de los delitos son del fuero común y recaen en su ámbito de competencia.

Dimensionando el nivel de conflicto frente al que estamos, podemos pensar en un triángulo de violencia, que de forma concreta resume las condiciones contextuales prevalecientes:

· La violencia criminal, que siguen ejerciendo los carteles mexicanos, sin mayor control.

· La violencia social, que vendrá como consecuencia de la crisis económica del Covid-19.

· La violencia política, que ya iniciaron los partidos políticos (en gobierno y en la oposición) por el inicio del proceso electoral de 2021; afectando así la gobernabilidad y gobernanza.

 La violencia se ha extendido en diversas dimensiones y lo que sigue es definir cómo debería garantizarse en lo sucesivo el suministro de la seguridad en el país; ante lo cual, se pueden reconocer diferentes perspectivas ante un entorno en el cual habrá posturas a favor de una mano dura para aplicar la ley y establecer el orden. Por otra parte, habría mexicanas y mexicanos a favor de la democracia, esperando que fracase la línea dura; y por último, diversos analistas consideran que ante la desconfianza hacia las autoridades puede incrementarse el apoyo a grupos criminales, o bien, la justicia vigilante a costa de la ley y el orden (Zizumbo, 2010), que no sería deseable.

Como consideración final, en todo caso y en todos los frentes debe haber Estado para gestionar el conflicto de cada violencia, así como liderazgo político en los tres niveles de gobierno. Las expectativas son altas, pero no pueden ser menores.

 

Profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno y de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey

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Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de El Popular, diario imparcial de Puebla

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