EL T-MEC y sus leyes que sacarán de la pobreza a México

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 ”Hasta el innombrable (AMLO) defiende el tlcan”.

Carlos Salinas de Gortari

Presidente de México 1988-1994

 

Después de la entrada en vigor del nuevo tratado de libre comercio de América del norte y de la aprobación repentina de diversas leyes en México, inmediatamente publicadas el 1 de enero de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, se comprende que, más que para que éstas entren en vigor y representen un crecimiento económico en el país —lo cual pareciera lo de menos—, se aprobaron a la brevedad para quedar bien con los socios de México desde 1994. Ahora corresponde analizar qué dicen esas leyes que los diputados y senadores que conforman este congreso de la unión prácticamente aprobaron sin leer, mucho menos sin razonar. Es, entonces, como nos damos cuenta de que eso de que “estas nuevas regulaciones sacarán de la pobreza al país”, desafortunadamente, está muy lejos de la realidad.

Ya con el tratado de libre comercio que entró en vigor en 1994 se decía lo mismo, que México iba a pasar al primer mundo, y resulta que nunca sucedió de esa forma. Por el contrario, hubo que hacer argumentos falaces para justificar lo que ha vivido México a partir de ese tratado. En palabras del presidente de la administración que autorizó dicho tratado: “Sí, la migración explotó a partir de 1996 y 1997, como lo documenta el fmi. En los siguientes 10 años salieron 5 millones de compatriotas hacia Estados Unidos. Es una de las mayores migraciones del mundo en tiempos de paz. ¿Producto del tratado? No, producto de la crisis de 1995-1996" (ver en ttps://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/8768801/11/17/Las-frases-de-Carlos-Salinas-de-Gortari-sobre-el-TLCAN.html).

Pareciera que lo que sucedió con el anterior tratado comercial será lo mismo que con este nuevo y sus leyes aprobadas al vapor, pues dentro de ese paquete de leyes no leídas y si aprobadas se sostienen diversas medidas que repercutirán en el incumplimiento de las mismas y, con ello, el Estado mexicano cada vez estará más alejado del Estado de derecho. Por ello, cuando se hace la pregunta: ¿quién es el primer incumplidor de las leyes en México? Desde luego que, sin lugar a dudas, la respuesta es que lo es el Estado antes que cualquier ciudadano. Claro está que, por incumplir, al ciudadano se lo castiga, al Estado se lo justifica.

Y para muestra de esa realidad, está esa diversidad de leyes aprobadas al vapor. En un ejemplo concreto, de acuerdo con la ley federal de propiedad intelectual (que es nueva y entrará en vigor en septiembre de este año 2020), se facultará al instituto mexicano de la propiedad industrial para que pueda realizar el cobro de las multas que él mismo impone, cuando ella siempre ha sido una función de una autoridad fiscal y no de una autoridad administrativa, incluso, una función exclusiva de las autoridades fiscales en términos de la propia Constitución.

Es de todos conocido que el denominado impi impone multas a los particulares que usan sin autorización marcas y patentes. Por tanto, una vez que este organismo realiza inspecciones en todo el territorio nacional, se imponen las multas pertinentes a los infractores con el afán de evitar estas prácticas indebidas. Ahora bien, lo que ha sucedido es que esas multas se envían a la autoridad fiscal para que el sat las cobre o, bien, de acuerdo con los convenios de colaboración, las autoridades fiscales locales son las que intervienen en ese procedimiento de ejecución contra los infractores. Entonces, son las autoridades fiscales las encargadas de ello, más que nada por la serie de medias, organización, infraestructura, personal, capacitación requeridas para ello, es decir, para realizar el procedimiento administrativo de ejecución, ya que gozan de la facultad constitucional denominada “económica-coactiva”.

Esto que realiza una autoridad constitucionalmente competente para esto y, más que eso, capacitada y con la infraestructura necesaria, ahora se le está delegando al propio impi, que no cuenta con delegaciones en todo el territorio nacional, es sumamente centralizado y apuradamente puede con las inspecciones a los particulares que usan indebidamente patentes y marcas. Ahora se cometió la imprudencia legal de permitir que cobre sus propias multas; lo cual, desde luego, no lo podrá hacer, por la falta de infraestructura para ello, adicionalmente a que es inconstitucional.

Esta misma medida imprudente (de ley) de la cuarta transformación se implementó con la profeco: también puede cobrar las propias multas que impone a los que violan los derechos de los consumidores. Medida que se estableció en los tiempos de la administración pública federal anterior y que trajo como consecuencia que la profeco ahora cobre sus multas, aunque no tiene capacidad para ello. Entonces, se ha dejado a un lado el respeto a los derechos de los consumidores y a éstos a su suerte. Pues bien, esta denominada cuarta transformación copió la legislatura anterior, y por ende, implementó esas leyes que supuestamente sacarán a México de la pobreza.


Dr. Silvino Vergara Nava



 

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