El INE, los contrapesos necesarios en el Estado mexicano y el papel de la ciudadanía

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La aprobación en la Cámara de Diputados y el nombramiento de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) la semana pasada son hechos de gran relevancia para un país que en los últimos dos años ha visto crecer la polarización social y política y en el que las crisis sanitaria, económica y de seguridad lo mantienen en vilo. El logro, refleja la relevancia de la negociación entre las diferentes fuerzas políticas, por sobre la imposición, en beneficio del Estado mexicano, de la propia ciudadanía y de la autonomía de las instituciones que sirven como contrapesos en un sistema tan presidencialista como el mexicano.

Muy a pesar de las descalificaciones e intentos por tirar el proceso por parte de la dirigencia del Partido del Trabajo (PT), organización que nació como satélite del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1990 y que se autodenomina de izquierda, del académico John Ackerman, ideólogo del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) e integrante del Comité Técnico que evaluó los perfiles de los candidatos a nuevos consejeros, y de 75 diputados de MORENA, la Cámara de Diputados alcanzó los acuerdos necesarios para nombrar a los ciudadanos Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordan, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-kib Espadas Ancona como nuevos integrantes del INE para el periodo que va del 27 de julio de 2020 al 26 de julio de 2029.

A diferencia de lo que ha pasado con otros organismos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se nombró a una amiga y aliada al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) -en un proceso de votación desaseado en el Senado de la República y en el que MORENA impuso su mayoría-, en la Cámara de Diputados fue decisivo el actuar del presidente de la Junta de Coordinación Política, el también morenista Mario Delgado, para tejer consensos entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el recinto legislativo y así cumplir con una de las grandes luchas de la izquierda mexicana, mantener la ciudadanización en el INE y su autonomía en el propósito de garantizar elecciones libres y secretas.

La postura de Mario Delgado le costó ser tachado de traidor y vende patrias por parte de seguidores que apoyan la autodenominada Cuarta Transformación, encabezada por AMLO, lo que refleja una vez más que dentro de MORENA y de los impulsores de la 4T están presentes grupos radicalizados que menosprecian la democracia, la autonomía de las instituciones y son más papistas que el líder de su congregación, pero al mismo tiempo queda confirmada la existencia de corrientes dentro del Movimiento de Regeneración Nacional que le apuestan a la negociación y entienden que los organismos autónomos son de vital importancia para el funcionamiento del Estado mexicano.

El INE ha sido pieza angular para salvaguardar los procesos electorales de este país desde su aparición como Instituto Federal Electoral (IFE) en la década de 1990, tras lograrse su plena ciudadanización, y si bien ha tenido tropiezos en su historia -como los titubeos e inexactitudes de su entonces consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, durante las elecciones de 2006-, su trabajo autónomo resulta esencial a nivel local y federal como garante en las elecciones.

Los últimos dos años han sido especialmente difíciles para el INE debido a los ataques sistemáticos del presidente de la República, quien no se guarda su menosprecio a una institución que considera partícipe de lo que según él y sus seguidores fue un fraude en las presidenciales de 2006, pero que omite el trabajo pulcro realizado por el organismo en 2018 durante el proceso electoral que le permitió, después de tres intentos, convertirse en el mandatario de México.

El INE tiene muchos defectos, pero recordemos que la normatividad por la que se rige ha sido creada por legisladores, y que si los procesos electorales en este país son caros, se debe a la desconfianza histórica que se tiene ante las actitudes y acciones fuera de la ley que llevan a cabo los partidos y candidatos que buscan alcanzar puestos de elección popular, por ello el mantener su autonomía con consejeros no afines a los partidos políticos es una obligación, que no siempre se ha logrado.

Garantizar la autonomía de instituciones como el INE beneficia al Estado mexicano y a la ciudadanía, pues se evita el riesgo de concentrar más el poder en los niveles Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Ningún país debe estar sujeto a la voluntad, designios u ocurrencias de un solo hombre o mujer, especialmente en México cuya historia de excesos presidenciales es notoria.

Lo ocurrido la semana pasada en la Cámara de Diputados debería de convertirse en norma, no en excepción, pues es el camino de la negociación y de los acuerdos el que permitirá darle certeza a nuestro país en momentos tan aciagos. La confrontación, el encono y la polarización generan votos para algunos, pero heridas profundas en un país que necesita unidad y eficacia de sus autoridades por medio de políticas públicas y acciones concretas desde el consenso, no a partir de sermones evangelizadores desde el púlpito presidencial.

Finalmente, como ciudadanos, debemos de entender que nuestro papel político no se limita a sufragar cada tres o seis años por nuestros representantes populares, también se requiere de dar seguimiento a las acciones de los funcionarios públicos y emprender acciones cuando sea necesario hacer valer nuestros derechos. Y no se nos debe de olvidar que a los políticos no se les aplaude o se les rinde pleitesía, se les cuestiona, se les exige.

 

* Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Profesor e investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales, director de la Revista de Relaciones de la UNAM y profesor de cátedra en el ITESM Puebla.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de El Popular, diario imparcial de Puebla

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