El rezago que se viene

 «”Justicia para todos”,

que se concibe como un servicio

abierto y universal, ¿es esto realmente así?

Por lo ponto, son muy pocos los conflictos

que se pesan en la balanza de

 la justicia en dinero, tiempo y disgustos».

Alejandro Nieto

Desde el 18 de marzo de 2020, aproximadamente, han cerrado el poder judicial federal y los restantes tribunales de las entidades federativas y, a la fecha, ya han abierto paulatinamente sus puertas algunos de ellos y otros lo harán en el mes de agosto de 2020. Esto permitirá arrojar los resultados de este estudio de laboratorio que se llevó a cabo en la sociedad mundial, que consiste en verificar cuáles son los efectos de una convivencia social sin la existencia de los tribunales y, con ello, de la administración de justicia que tanto cuesta a los gobiernos mantener (tribunales, juzgados y demás instituciones).

Es evidente que este periodo tan largo de confinamiento de los tribunales, juzgados y, de paso, del propio derecho fue más un estudio de laboratorio que la preocupación por la pandemia y los contagios masivos, pues, finalmente, ya se han abierto algunos juzgados, tribunales y, respecto de algunos otros, será inminente su apertura; exactamente en el momento en que se comprenda que la enfermedad no cede y que los contagios seguirán a la orden del día (aun con un mayor número que el que hubo en el momento en que cerraron los tribunales). Todo es una muestra palpable de que, más que el cuidado al personal de estos órganos, se dio una prueba de laboratorio mundial impuesta a las diversas naciones con la finalidad de tomar las notas necesarias de los resultados, y que inminentemente provocarán en algunos años una serie de cambios a las instancias jurisdiccionales par aminorar los costos de contar con los tribunales, pues esto es algo de lo que más preocupa a este sistema capitalista global, a saber: el costo que contar con tantos órganos jurisdiccionales genera a las naciones cuando la propuesta neo-liberal es adelgazar en mayor medida las cargas y los gastos de los Estados para que, de esa forma, queden solamente las actividades y funciones del Estado que no reditúen ganancias, pues aquellas que producen frutos son concesionadas a las empresas transnacionales. La administración de justicia es una de estas actividades que suponen mayores gastos para los Estados que la posibilidad de obtener algún tipo de recuperación económica por las mismas.

En tanto que sucede esto, evidentemente, habrá, por lo menos, una gran cantidad de promociones, recursos, demandas, inconformidades, etc., que llegarán a los tribunales atosigándolos en los primeros días de labores. Lo cual representará la primera de las justificaciones para que, a nivel mundial, se inicien procesos que adelgacen los asuntos en los juzgados y tribunales. Será la justificación más oportuna para justificar que se requiere una reforma judicial que impida estos rezagos —que, desde luego, son provocados por estos cuatro meses de confinamiento—. Con lo que se estarán sentando las bases para una reforma judicial global.

El rezago de trabajo, de sus asuntos y de los juicios que tramitan los tribunales y juzgados será la primera respuesta a este estudio de laboratorio provocado y, desde luego, permitirá iniciar los discursos que demanden la necesidad de modificar los trámites y los procedimientos judiciales, reformas legales e, incluso (como en México nos gusta), también constitucionales. Es más, esto ya inició con el hecho de que algunos de los juicios y tribunales han sostenido la procedencia de tramitar las diversas instancias por medios electrónicos, al grado de que se puede sesionar, resolver y dictar las sentencias colegiadas de los asuntos remotamente por medio de estos mecanismos. Algo que, no obstante, la propia Constitución mexicana, por lo pronto, no prevé, ya que ella establece que la administración de justicia debe ser expedita, atendiendo a la prudencia con que hay que dictar las sentencias y las resoluciones de los jueces. Por lo cual, uno de los primeros puntos a debate será resolver judicialmente si dictar sentencias por medios electrónicos, en sesiones de los tribunales a distancia, estarán contraviniendo la efectividad en la administración de justicia y, con ello, la propia constitución.

Verdaderamente, el rezago de trabajo que se viene en los juicios dentro de los tribunales y juzgados es más provocado por los cuatro meses de confinamiento que por cuidar la salud de su personal. Todas esas medidas que se tomarán al iniciar las funciones bien pudieron ser tomadas desde el primer día del confinamiento. Por ende, no era necesario esperar tanto tiempo para ello, pues la enfermedad ni ha terminado ni tampoco cede. Todo ello, ha sido, más bien, una decisión global para provocar en las naciones diversas reformas judiciales que adelgacen el poder judicial y los tribunales autónomos; además, para provocar la necesidad de usar la tecnología de la información y, con ello, crear una dependencia económica más de las naciones con las empresas proveedoras de esos servicios. En esta globalización, lo que hacía falta dominar en las naciones eran las instancias jurisdiccionales y, desafortunadamente, se está logrando.

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