Por Brenda Elgue Zanella @Brendaelguea Directora de Información y Atención Ciudadana del @CCSJPuebla

Hace cinco meses, antes de que el Gobierno Federal decretara el inicio de la Jornada de Sana Distancia como medida de contención de la actual pandemia, era común el bombardeo en cualquier red social o medio de comunicación sobre algún presunto hecho delictivo. Sin embargo, durante el confinamiento esto cambió, pues todos los días la mayoría del tiempo estamos recibiendo información referente a este agente pandémico por cualquier canal o medio, haciendo que la inseguridad pase a un segundo plano. Esto no quiere decir que los delitos hayan dejado de suceder, pues tanto COVID-19 como la incidencia delictiva son y seguirán siendo dos temas que han marcado el 2020 y de los que se hablará por mucho más tiempo.

No se trata de ser pesimistas, pero dejar de hablar de la pandemia ni siquiera se vislumbra aún, pues además de saber que no volveremos a la normalidad en bastante tiempo, implicaría también una disminución representativa de contagios diarios y de fallecimientos que, hasta el momento, lastimosamente no ha sucedido. Por otra parte, dejar de hablar de incidencia delictiva es casi una utopía en México y en todo el mundo. Aunque, sin lugar a duda existen países como Islandia, Nueva Zelanda o Portugal que dan muestra de bajos niveles de criminalidad que los posiciona en los países más pacíficos según el Índice de Paz Global 2020.

En este sentido planteo la pregunta ¿qué relación hay entre la incidencia delictiva y la pandemia? La respuesta viene a continuación. El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla cuenta con un Observatorio Ciudadano de Seguridad y Paz, en el cual se estudian y analizan diversos fenómenos sociales, uno de ellos es precisamente la incidencia delictiva. Mes a mes generamos informes sobre esta temática con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quienes se encargan de recabar todos los datos de la presunta ocurrencia de delitos registrados en carpetas de investigación reportadas por las Fiscalías Generales de las entidades federativas.

El informe más reciente, correspondiente a junio cuenta con datos del primer semestre de 2020, lo cual nos permitió comprobar una disminución en al menos 21 de los 25 delitos, principalmente los de tipo patrimonial durante los meses del confinamiento y también en comparación al primer semestre del 2019. Para ejemplificar lo anterior, tenemos que, el total de delitos en Puebla durante este primer semestre descendió 25 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2019, pues mientras que en el primer semestre de 2019 se iniciaron 39 mil 972 carpetas de investigación por algún delito, en el mismo periodo de 2020 se iniciaron 30 mil 116 carpetas de investigación. Por otro lado, los delitos que presentaron un aumento fueron cuatro: delitos cometidos por servidores públicos, el narcomenudeo, el feminicidio y la violencia familiar.

La disminución de la incidencia delictiva puede atribuirse en cierta parte a la pandemia, por un lado, el evidente cambio de dinámicas sociales derivadas del confinamiento como la reducción en la movilidad de transeúntes y automovilistas en la vía pública, las cuales disminuyen las víctimas potenciales de delitos. Esto es conocido en criminología como la Teoría de las actividades rutinarias (TAR). Por otro lado, podría hablarse de un posible aumento en la cifra negra, entendida como el número de actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público y que no figuran en las estadísticas de las autoridades. Esto es preocupante ya que esta cifra es bastante elevada a nivel nacional y particularmente en Puebla, pues según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, sólo 8 de cada 100 delitos que suceden son denunciados. Es decir, que la prevención y el miedo al contagio podrían haber propiciado que muchas personas que fueron víctimas de algún delito hayan optado por no acudir a interponer la denuncia correspondiente, o bien, que al hacerlo por la posible reducción o modificación de la dinámica laboral no hayan podido hacerlo.

Aunque quizá es muy pronto aún para poder comprobar estas hipótesis, pues para ello deberíamos aguardar a obtener las estimaciones de cifra negra que realiza el INEGI correspondiente al 2020 cuya publicación será en el segundo semestre de 2021, habrá que esperar a ver si la tendencia continúa de la misma forma después de esta reciente reactivación económica y regreso paulatino a las diferentes actividades. El reto, sin duda es para las autoridades encargadas de procurar justicia, gestionar las acciones necesarias de prevención social para mantener esta tendencia a la baja en la nueva normalidad, en coordinación con la ciudadanía.

Existen dos programas con los que contamos en el Consejo que surgen como apoyo ante estas problemáticas, en primer lugar, el Centro de Atención Telefónica (CAT) a través de la línea 2223099099, mediante la cual cualquier persona y en específico las víctimas de algún delito pueden recibir orientación y asesoría jurídica telefónica por parte de las y los asesores abogados y en caso de tratarse de un delito aplicable al catálogo del programa Ministerio Público Orientador adscrito a este Consejo, podrán también ofrecer apoyo para iniciar la denuncia correspondiente, a través de un proceso mucho más ágil y sencillo, donde una vez brindada la asesoría y obtenido la descripción de los posibles hechos constitutivos de un delito, la víctima recibirá una notificación con el día y la hora específica para ratificar su denuncia en nuestras instalaciones, desde luego, cumpliendo con todas las medidas sanitarias necesarias para la prevención de COVID- 19.

Me gustaría a manera de conclusión, invitar a las y los ciudadanos a consultar los distintos programas que el Consejo Ciudadano pone a su disposición, esto con la intención de incentivar la cultura de la denuncia y disminuir la cifra negra de la que hemos hablado.