Después de la desafortunada experiencia de las elecciones presidenciales estadounidenses pasadas, las redes sociales están ahora tratando de prepararse para evitar que se repita un escenario donde están siendo aprovechadas para burlar las reglas de juego democrático.

Recordemos que, hace cuatro años, las plataformas digitales fueron tomadas desprevenidas cuando varios actores, dentro y fuera de Estados Unidos, las utilizaron para difundir mensajes de desinformación y llevar a cabo tácticas encaminadas a antagonizar diferentes grupos sociales, todo ello de una manera que era al mismo tiempo masiva y altamente personalizada, aprovechando precisamente las funciones que proporcionan estos espacios en línea.

Durante los cuatro años de su mandato, el presidente saliente ha ido demostrando día con día que las redes sociales representaban su principal medio de comunicación y que no dudaría en utilizarlas para difundir los mensajes más descaradamente falsos y/o provocadores. Entre tantos ejemplos de esta lamentable realidad, invitó recientemente a sus seguidores a votar dos veces, en violación tajante con las reglas electorales más elementales.

Por este motivo, las plataformas digitales se encuentran en la obligación de pensar con anticipación en varios escenarios susceptibles de descarrilar el proceso electoral, no solamente para plantear de antemano reglas que podrían invocar en su momento para justificar sus acciones futuras, sino también para tener protocolos de acción listos que acortarían considerablemente su tiempo de respuesta – un factor de alta relevancia en el contexto actual, donde una información se vuelve viral en un abrir y cerrar de ojos.

Aunque no siempre haya sido así, ahora todas las grandes plataformas sí reconocen abiertamente que deben desarrollar políticas específicas para encarar los retos propios de una campaña electoral, cuyo componente digital se está volviendo cada vez más invasivo. Sin embargo, este consenso se limita al diagnóstico, porque las acciones anunciadas y emprendidas han sido extraordinariamente divergentes: por ejemplo, Twitter es la única en prohibir los anuncios (en inglés ads: contenidos cuya difusión implica un pago) de índole política. Por su lado, Google los sigue permitiendo, pero ha reducido la posibilidad de entregarlos de manera muy personalizada a los usuarios de sus servicios, incluyendo su motor de búsqueda y YouTube.

Facebook ha sido más renuente en tomar acciones decisivas respecto a la circulación de la información en su plataforma, en nombre de su apego a una circulación la más amplia posible de las opiniones en línea. Según su fundador, la mejor manera de contrarrestar los discursos engañosos o polarizadores es por medio de mensajes que restablezcan la verdad o apacigüen las relaciones, una creencia que pasa convenientemente por alto el hecho de que los contenidos del primer tipo tienen, por naturaleza, una capacidad de difusión incomparablemente mayor a los de la segunda categoría. Comparemos por ejemplo la facilidad con la que se comparte una mentira llamativa y sencilla de entender, en contraste con el bajísimo potencial de viralidad de la verdad, por definición más compleja y matizada, y por ende más aburrida.

Esta postura fue cada vez más difícil de sostener y, frente a presiones crecientes, Zuckerberg anunció al inicio de esta semana ciertas medidas que pretenden ser un punto medio entre su preciado principio de libre circulación de las ideas y su responsabilidad de no hacerse – nuevamente – cómplice de una manipulación electoral. En especial, señaló que ya no será posible difundir anuncios políticos pagados, pero esta restricción solamente aplicaría durante la semana previa a la jornada electoral.

Asimismo, destacó que cualquier publicación en la que algún candidato proclamaría su victoria de forma prematura vendría acompañada de un vínculo hacia una página oficial que diera a conocer el estatus actual de la elección. Claramente, esta decisión busca responder a los temores de que el presidente saliente, con su bien conocido historial de manipulación de la información, pudiera aprovechar posibles retrasos en el cómputo de los votos para darse por ganador y tachar como ilegítimo cualquier dato posterior que dijera otra cosa. Si bien no se puede acusar a Facebook de haber ignorado la existencia de tal riesgo, la medida correctiva que se aplicaría parece ser diminuta en comparación con lo que está juego: no solamente la equidad de un proceso electoral sino también, más allá, la permanencia de un sistema democrático.

Aquí radica el problema: hemos llegado al punto en el que el buen desarrollo de la contienda electoral depende en buena medida de lo que las plataformas digitales decidan hacer o no hacer. Esta responsabilidad no debería descansar en empresas privadas, pero es un hecho que así será en el próximo mes de noviembre.

Este vacío regulatorio debe ser colmado pero ¿estas elecciones permitirán que llegue al mando un equipo con la voluntad para corregir esta vulnerabilidad en lugar de seguir aprovechándose de la misma?

La opinión expresada en este artículo es responsabilidad del autor y no pretende reflejar el punto de vista del Tecnológico de Monterrey.

* Profesor de tiempo completo del Tecnológico de Monterrey en Puebla, en la carrera de Relaciones Internacionales – [email protected]