«No hay que perder de vista que el populismo vive del desconcierto y la rabia que generan los problemas mal resueltos».

-Daniel Innerarity

Después de que la presidencia de la republica mencionara, a través de muchas conferencias y foros, la reforma a las pensiones en México, por fin se ha presentado la iniciativa en el Congreso de la Unión; la cual, como tiene alcances fiscales, se presentó en la Cámara de Diputados y no en la de Senadores. De acuerdo con la Constitución, toda reforma tributaria debe entrar al Congreso de la Unión por medio de la Cámara de Diputados, dado que ésta es la representación de la población; por lo menos, eso dice la propia Constitución y los textos de derecho constitucional. Pues bien, esa reforma determina que las aportaciones de los patrones aumentarán a partir de 2023 y, en forma gradual, hasta, incluso, 2030, año en que ya no estará este gobierno. Habría, pues, que ver si el partido que ahora es el oficial se mantiene en vigencia.

La propuesta (aunque es necesaria) es imprudente para la partida patronal, que no es la que siempre se imaginan en el Palacio Nacional, sino la simplemente callejera, la de aquel que se avienta en un país donde es un delito poner un negocio, donde es una leperada iniciar un proyecto, un insulto contratar personas, en ese país que, vergonzosamente, es México. Un país donde es más caro y problemático otorgar los servicios a los trabajadores que dejarlos a su suerte. En un país así, resulta que el titular de la administración pública (que nunca ha emprendido algún negocio propio, es decir, de patrimonio propio) ha presentado una propuesta para que se aumenten las pensiones, pero no a costa de los trabajadores o del Estado, sino de los patrones; lo cual se aplicará a partir de 2023, es decir, después del año de las elecciones y ya al final de su administración pública para que la población no se queje de más, en particular, los pocos patrones que habrán sobrevivido después de las administraciones de las derechas y de la que se dice de izquierda; respecto de lo cual aún hay dudas. Basta con indagar lo que dice Boaventura de Sousa Santos al respecto de esta administración pública en México, siendo uno de los principales voceros de la izquierda racional en el mundo, por lo menos en el mundo latinoamericano.

Verdaderamente, el día que se apruebe esta iniciativa de ley, los más felices no serán los trabajadores, empleados ni pensionados, sino todos aquellos que se dedican al giro de las empresas denominadas outsourcing, así como las empresas de subcontratación y aquellos que ofrecen esquemas de planeación fiscal que permitan aminorar la carga en que de cada 100 pesos pagados a un trabajador, son de 24 a 32 pesos que corresponden a impuestos y contribuciones a cargo de los patrones. Por ende, con que se pueda disminuir un punto porcentual será ganancia, a pesar de que haya que hacer gimnasia olímpica y todo acabe en torpezas tributarias.

En realidad, esta propuesta es una iniciativa para acabar con el sector patronal, no el de las grandes empresas, sino el de los pequeños y micro empresarios, que viven al día y que ahora están acarreando convenios de pago con las autoridades de seguridad social, cuya carga ya es de por sí costosa para los patrones y con esta reforma aún será más. Sin embargo, resulta muy raro que el propio sector patronal sostenga que acepta esta propuesta de reforma, pues, cuando se vea el tamaño de la carga económica, otra será la reacción. Por lo mismo, esta reforma, que ahora está en ocho columnas, debe ser analizada con la cautela y precisión necesarias para que no suceda que, lejos de proteger a los trabajadores, los deje en peligro de extinción; sin contar que los patrones, con estos gravámenes, estarán en peores condiciones.