“El verdadero costo de la corrupción en el gobierno, sea local, estatal o federal, es la pérdida de la confianza pública.” (Mike Quigley)

En las últimas semanas, el partido político del presidente de México ha tomado como bandera política de su discurso de combate a la corrupción la desaparición de más de cien fideicomisos públicos; por este motivo, en la Cámara de Diputados se ha generado una intensa polarización política entre los partidos políticos de oposición y Morena, así como en las propias filas del partido en el poder en torno a la iniciativa de su extinción.

Se trata de una decisión que aparentemente hace falta discutir más allá del argumento político, pues los fideicomisos públicos se constituyen como mecanismos de financiamiento que apoyan a millones de personas en actividades como la protección a los derechos humanos, la ciencia y la cultura. Y al desaparecer, se estaría condicionando el futuro de varios proyectos que hoy impulsan la investigación en distintas áreas del conocimiento; preocupación de científicos, artistas, analistas y expertos que se expresa cada día en medios de comunicación y redes sociales.

El mes pasado se hizo público el proyecto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para extinguir 55 fideicomisos públicos, hasta llegar a la cifra de 109, que amplió recientemente el Diputado Mario Delgado. Se llevaron a cabo foros de parlamento abierto con expertos y sociedad civil, pero legisladores de diferentes partidos denunciaron que en realidad se trataba de una simulación la apertura de esos espacios, debido a que no se tomó en cuenta la opinión de la ciudadanía para emitir un dictamen que tendría que ser votado para su aprobación. Por lo cual, en este tema ha escalado la tensión política y la presión social para analizar esta decisión y su votación en el Congreso.

Un fideicomiso es una figura de derecho civil, o una operación de crédito, de acuerdo con la ley; y puede entenderse como una bolsa de bienes o derechos que una o varias personas (fideicomitentes) transfieren a una institución financiera o bancaria (fiduciario) para la realización de un fin determinado en beneficio de alguien o alguna causa (fideicomisario). Se trata entonces de contratos entre la administración pública y una institución financiera, cuya finalidad es lograr un fin específico con bienes de diverso origen, ya que pueden ser recursos públicos de la federación, recursos propios y fondos provenientes de organizaciones internacionales o fundaciones privadas.

De acuerdo con Fundar, el Estado mexicano comenzó a utilizarlos para responder a necesidades y demandas sociales, así como impulsar el desarrollo económico del país. “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público” es un reporte de este think tank que documenta en 2018 las malas prácticas de dispendio y opacidad que caracterizan a los fideicomisos conformados por recursos públicos. Planteando un problema de diseño, que permite que el dinero sea utilizado para fines distintos a los establecidos o que simplemente se desconozca su destino. Estudio que requiere atención y seguimiento para la toma de decisiones públicas.

Aunque, los fideicomisos son importantes porque en caso de que el presupuesto anual se ejerza en su totalidad para un sector en específico, el fideicomiso permite asegurar que más allá de las necesidades en el corto plazo, haya dinero para este sector en el largo plazo. Lo que cobra más relevancia cuando estamos hablando de decisiones políticas en medio de una pandemia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador defiende la eliminación de los fideicomisos debido a la opacidad y la falta de transparencia en el manejo de los recursos; no obstante, no está claro si hay denuncias, investigaciones en curso o sanciones en contra de quienes hayan desviado recursos públicos de todos estos instrumentos. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, ha expresado que es necesario cruzar datos con la Secretaría de la Función Pública (SFP), para determinar en cuáles existe corrupción. Lo que sería lo más sensato para detectar algún ilícito y contar con un diagnóstico claro sobre la situación.

La iniciativa señala que los 68 mil millones de pesos que se buscan obtener se concentrarían en la Tesorería de la Federación para transferirlos a los campos de salud, ciencia y tecnología; y llama la atención la falta de congruencia con lo que motiva esta decisión, ya que no están claros estos movimientos, no están indicados los montos y el uso específico que se le darán a los recursos que sean transferidos.

El gobierno federal considera que los fideicomisos públicos facilitan la corrupción, la discrecionalidad y la falta de transparencia, pero no puede negarse que en la última década se ha avanzado en materia de transparencia presupuestaria, por lo que estamos hablando de fondos fiscalizables por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Función Pública que se rigen por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la Ley General de Transparencia y otras normas aplicables. Por ello, es preocupante que por un argumento político se haga a un lado un aspecto técnico que, si bien puede perfeccionarse, no puede obviarse su existencia.

Aquí se requiere una mayor atención en el fondo del asunto, superando la línea discursiva de combate a la corrupción. Se debería explicar el estudio que debió realizarse para analizar la normatividad, estructura, patrimonio, objeto, eficiencia y eficacia de cada fideicomiso. Derivado de lo cual, en caso de haberse detectado actos de corrupción, es facultad de los órganos correspondientes investigarla y sancionarla; nadie podría estar en contra de esto.

Si bien, generalizar la decisión de extinguir los fideicomisos bajo el argumento de captar más recursos para enfrentar una crisis sanitaria, también exige mecanismos de transparencia y rendición de cuenta para evitar incurrir en los mismos supuestos, bajo la cuales hoy se argumenta la desaparición de los fideicomisos.

La administración de los fideicomisos debe ser legal, transparente y fiscalizable, al igual que deben programarse y ejecutarse todas aquellas decisiones en el ejercicio del gasto público. Las y los ciudadanos tenemos derecho a saber en qué se gastan los recursos públicos, cómo se gastan, a quién benefician y cuándo se están reportando avances y resultados respecto a las prioridades del gobierno.

Este martes, 29 de septiembre, fue aprobada la iniciativa en comisiones y se subió al pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación en lo general; sin embargo, no se logró una mayoría simple para la extinción de fideicomisos porque la oposición lo impidió.

Esta semana continúa el proceso legislativo en la Cámara de Diputados y pasará al Senado de la República. Estamos a la espera todavía, no obstante, este es un ejemplo de por qué es tan importante pensar en manos de quién queremos que esté el Congreso; es de vital importancia la función de las y los legisladores y por eso deberían ser los más preparados para tomar decisiones de tal envergadura. Piénselo lector y lectora, porque el próximo año estos mismos congresistas buscarán reelegirse, así que pongamos a prueba la calidad de su representación política.

Profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno y de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey

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