¿No sería más progresista preguntar

dónde vamos a seguir,

en vez de dónde vamos a parar?

Mafalda.

Joaquín Salvador Lavado (Quino).

1932-2020

Con la controvertida resolución de la Corte (el pasado 1 de octubre de 2020) respecto de la consulta, ingeniada por la administración pública federal, para poner en manos de la opinión publica la viabilidad y procedencia de juzgar a los expresidentes por delitos o responsabilidades que pudieran haber cometido en sus gestiones, está demostrado que vivimos en tiempos de «la judicialización de la política». Dicho esto, se ponen de manifiesto dos preguntas al respecto: ¿los miembros de los órganos jurisdiccionales están preparados para esta judicialización? y ¿qué es primero, el derecho o la política?

Respecto de la primera pregunta, no lo parece, pues la formación que tuvieron en sus universidades, escuelas de derecho, instituciones que instruyen sobre el conocimiento jurídico, ya desde hace décadas se encuentra en crisis. En primer lugar, porque la formación, por ejemplo, de los ministros de la Corte, considerando sus edades, fue bajo el único sistema que existía en el país —e, incluso, sigue existiendo—, a saber, el eminentemente «letrista»; ese en donde derecho es la ley y la ley es derecho, en donde el que sabe más de derecho es el que conoce la ley, en el que no hay más teorías que lo que diga el legislador; ese en el que se llega a tal grado de asumir que la ley, por ser ley, es justa, deducción que trajo consigo muchos genocidios y politicidios en el mundo, como el que vivimos el 2 de octubre de 1968.

Precisamente, este tipo de educación jurídica es la que critica el profesor Paolo Freire (Recife, Pernambuco, 19 de septiembre de 1921 - Sau Paulo, 2 de mayo de 1997; fue un educador y experto en temas de educación, de origen brasileño; uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX), quien la denominó como «educación bancarizada», pues es una en la que los alumnos funcionan como un banco que recibe depósitos proporcionados por los profesores. Razón por la que (como depositarios de conocimiento) lo único que pueden ejercer es la memoria, y ¡ay de aquel a quien no le funcione la memoria!, porque, entonces, no es un buen estudiante.

Lo cierto es que así ha sido la educción jurídica en los últimos tiempos. Así, los cambios que se han presentado en el ámbito jurídico son más por presiones mundiales que por interés del propio Estado; también lo son, a veces, por presiones sociales; pero muchos, muchos de ellos son por presiones de las grandes corporaciones económicas mundiales. Así, se ha conformado un derecho más complejo, al grado de que hoy la ley es insuficiente, su interpretación es corta y que se requieren otros derroteros para comprender y entender lo que sucede con el derecho y sus problemas. Por ello, hoy nos topamos con respuestas y decisiones judiciales como la que ocurrió el 1 de octubre de 2020, en las que —como sostenía el profesor Arthur Kaufmann respecto de los profesores de derecho en tiempos del nazismo— se hace «constorcionismo jurídico» para justificar el poder.

Por su parte, en relación con la segunda pregunta (¿qué es primero, el derecho o la política?), en los libros de derecho, desde luego, la respuesta es contundente: el derecho debe estar sobre la política y no viceversa. Pero, al parecer, con lo que sucede en el día a día, la situación es inversa: la política es la que usa al derecho para justificarse, para legitimarse. En la historia de la humanidad, contamos con muchos, pero muchos casos de ello. Así, en las lecciones de derecho, se alude a la frase de un príncipe de Prusia en el siglo XIX: «aún hay jueces en Berlín», cuya historia cuenta que las decisiones del príncipe, sustentadas en su propio poder y caprichos, fueron contenidas por el derecho, es decir, por un juez que limitó sus acciones. Sin embargo, con la resolución del 1 de octubre de 2020 de la Corte —con la que permite la procedencia de la consulta propuesta por el ejecutivo—, pareciera que, contundentemente, es el poder político el que se encuentra sobre el derecho y no el derecho sobre el poder político. De esta forma, la judicialización de la política es simplemente para legitimarla.